Amnistía Internacional, la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF, por sus siglas en inglés), Ipas, MSI Reproductive Choices, la Organización por el Diálogo para el Aborto sin Riesgos (Organisation pour le Dialogue pour l’Avortement Sécurisé, Centro ODAS) y la Confederación Internacional de Matronas (ICM) han publicado Medidas y principios básicos para proteger a los proveedores de servicios de aborto como defensores de los derechos humanos

En el Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, una coalición de organizaciones de derechos humanos lanzan un nuevo conjunto de directrices para que los gobiernos protejan a las personas que defienden en primera línea el derecho al aborto, incluidas las que prestan servicios de atención de la salud.

Amnistía Internacional, la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF, por sus siglas en inglés), Ipas, MSI Reproductive Choices, la Organización por el Diálogo para el Aborto sin Riesgos (Organisation pour le Dialogue pour l’Avortement Sécurisé, Centro ODAS) y la Confederación Internacional de Matronas (ICM) han publicado Medidas y principios básicos para proteger a los proveedores de servicios de aborto como defensores de los derechos humanos.

El documento ofrece un conjunto de recomendaciones concretas para que los gobiernos garanticen que las y los profesionales de la salud y otros defensores y defensoras del derecho humano de las mujeres, las niñas y las personas embarazadas al aborto puedan hacerlo sin miedo a sufrir ataques e intimidación.

“A pesar de los avances que hemos observado en los últimos años en el mundo en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos, incluidas medidas para despenalizar el aborto en muchos países, defender el derecho al aborto, lo que incluye la prestación de servicios de aborto por proveedores de atención de la salud, sigue siendo un trabajo peligroso”, ha declarado Fernanda Doz Costa, directora del Programa sobre Género, Justicia Racial y Personas Migrantes y Refugiadas de Amnistía Internacional.

“Muchos Estados desatienden a quienes defienden el derecho al aborto. Por un lado, los Estados incurren en negligencia respecto a su obligación de proteger a esas personas y, por otro, el aborto sigue estando restringido o penalizado. Por tanto, a esos defensores y defensoras se les considera menos ‘merecedores’ de apoyo y protección y se les ataca activamente. Los Principios Básicos indican a los gobiernos cómo romper este ciclo”, ha afirmado Melissa Cockroft, directora global sobre el aborto de la IPPF.

“La democracia, los derechos humanos y el derecho al aborto están amenazados, al igual que quienes defienden en primera línea estos derechos. Corren el riesgo de sufrir ataques verbales y físicos, amenazas, difamación e intimidación por garantizar que las personas tienen acceso al aborto, un servicio de atención de la salud crítico y esencial. Estamos a su lado hoy y todos los días en la lucha por los derechos humanos, y pedimos a la comunidad global que haga lo mismo”, ha manifestado la doctora Anu Kumar, presidenta y directora ejecutiva de Ipas.

A pesar de los avances que hemos observado en los últimos años en el mundo en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos, incluidas medidas para despenalizar el aborto en muchos países, defender el derecho al aborto, lo que incluye la prestación de servicios de aborto por proveedores de atención de la salud, sigue siendo un trabajo peligroso.

Fernanda Doz Costa, directora del Programa sobre Género, Justicia Racial y Personas Migrantes y Refugiadas de Amnistía Internacional.

Los Principios Básicos incluyen recomendaciones prácticas para:

• Prevenir las violaciones de derechos humanos mediante la aplicación de protocolos de protección específicos y el establecimiento de canales para denunciar el acoso y recibir apoyo;
• Permitir que defensores y defensoras ejerzan sus derechos sin miedo, garantizando el acceso universal a salud sexual y reproductiva integral y despenalizando el aborto, tal como reafirman las directrices sobre el aborto de la OMS;
• Salvaguardar los derechos de quienes defienden los derechos, protegiendo el espacio cívico y abordando el estigma relacionado con el aborto;
• Proporcionar reparación, dejando de criminalizar a quienes defienden el aborto y poniendo a disposición de la justicia a quienes los ataquen;

“Mientras continúa el retroceso organizado de los derechos reproductivos, están agravándose los ataques contra las personas que prestan servicios de salud. Es hora de que los Estados cumplan su deber y defiendan a quienes lo arriesgan todo para prestar una atención que puede salvar vidas. Esperamos poder trabajar conjuntamente con gobiernos, asociaciones profesionales, donantes, directivos de centros de salud y organizaciones de la sociedad civil para garantizar que quienes prestan atención de la salud en primera línea reciben el apoyo que merecen”, ha afirmado Simon Cooke, director ejecutivo de MSI Reproductive Choices.

“La atención integral para el aborto es un servicio de salud esencial. Las matronas que prestan estos servicios sufren con frecuencia discriminación, intimidación y, en algunos casos, incluso violencia. Para defender el derecho de las mujeres a servicios de aborto sin riesgos, debemos proteger y habilitar a las matronas y los y las profesionales de la salud que prestan estos servicios. Con este fin, las asociaciones profesionales, la sociedad civil, los responsables de la formulación de políticas y los gobiernos deben aplicar las Medidas y principios básicos para proteger a los proveedores de servicios de aborto como defensores de los derechos humanos”, ha manifestado Sandra Oyarzo Torres, presidenta de ICM.

“Nos negamos a guardar silencio ante los constantes intentos de restringir y penalizar el aborto y a quienes lo defienden, y nos comprometemos a apoyar con firmeza este derecho humano fundamental”, ha afirmado Kadidiatou Sow, directora del Centro ODAS.

Un informe de Amnistía Internacional publicado en 2023 exponía el peligro y las dificultades a las que se enfrentan quienes defienden el derecho al aborto y proporcionan acceso a los servicios, con frecuencia en circunstancias difíciles, como matronas, profesionales médicos, personal de enfermería, doulas, activistas y todas las personas que ayudan a las personas embarazadas a gestionar sus propios abortos con medicamentos.

El informe ponía de relieve cómo muchas personas que trabajan en entornos sanitarios están expuestas a la hostilidad y los abusos de colegas, empleadores, pacientes y otras personas contrarias al aborto. Las personas que trabajan fuera de los centros de salud también están expuestas a sufrir ataques verbales y físicos, amenazas, difamación e intimidación. Algunas son criminalizadas a través de investigaciones, detenciones y procesamientos. El informe documenta también casos de estigmatización, aislamiento y ostracismo, así como restricciones del derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión. Los ataques son más habituales en los países donde el aborto es objeto de estigmatización, restricciones o criminalización.

“El aborto es atención médica esencial. Aun así, como personal sanitario afrontamos normalmente discriminación y violencia sólo por hacer nuestro trabajo. Las leyes y actitudes restrictivas sobre el aborto hacen daño. Crean entornos hostiles que alimentan el estigma relacionado con el aborto y que tratan como delincuentes tanto a quienes prestan servicios de aborto como a quienes intentan recibirlos. Todas y todos tenemos colegas que, desgraciadamente, han tenido que luchar contra el estigma, el bloqueo de su carrera, la intimidación, agresiones físicas, encarcelamiento y que, en los casos más extremos, han sido objeto de asesinato”, ha afirmado la doctora Anne-Beatrice Kihara, presidenta de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO).