Las excarcelaciones han estado marcadas por la exclusión de las víctimas y sus familiares, y la ausencia de garantías de que no serán objeto de nuevas detenciones si vuelven a ser percibidas como voces disidentes u opositoras al gobierno

El 14 de enero las autoridades cubanas anunciaron que “en el espíritu del Jubileo Ordinario de 2025” y tras conversaciones con el Papa Francisco excarcelarían 553 personas. Paralelamente, el gobierno de EE. UU. anunciaba, junto a otras medidas, la salida de Cuba de la lista de países promotores del terrorismo. Aunque ambos países negaron un acuerdo, fuentes de la Casa Blanca confirmaron que tras su anuncio serían liberadas un número significativo de personas, especialmente relacionadas con las protestas del 11 de julio de 2021.Hasta la fecha, organizaciones de derechos humanos cubanas registran la excarcelación de más de 171 personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos. Al respecto, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, señaló:

“El proceso de excarcelaciones ha estado lleno de irregularidades y falta de transparencia estatal. Las autoridades cubanas no han hecho un reconocimiento de la existencia de personas detenidas por razones políticas, no se ha publicado un listado de nombres de quienes se incluirán en este proceso y no han tenido la voluntad de garantizar una libertad inmediata e incondicional de presos de conciencia como Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Castillo, Loreto Hernández, Roberto Pérez Fonseca o Saylí Navarro. Ellos y todas las personas detenidas solo por levantar su voz deben ser puestos en libertad”, añadió Ana Piquer. 

“El proceso de excarcelaciones ha estado lleno de irregularidades y falta de transparencia estatal. Las autoridades cubanas (…) no han tenido la voluntad de garantizar una libertad inmediata e incondicional de presos de conciencia como Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Castillo, Loreto Hernández, Roberto Pérez Fonseca o Saylí Navarro. Ellos y todas las personas detenidas solo por levantar su voz deben ser puestos en libertad”

-Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional

Las excarcelaciones han estado marcadas por la exclusión de las víctimas y sus familiares, y la ausencia de garantías de que no serán objeto de nuevas detenciones si vuelven a ser percibidas como voces disidentes u opositoras al gobierno. Las personas excarceladas y sus familias han sido notificadas de la excarcelación con pocas horas de antelación, generalmente en la noche. En muchos casos, las autoridades les notificaron el otorgamiento de un beneficio penal -en la mayoría de los casos, libertad condicional- sin explicaciones ni garantías sobre condiciones o su situación legal. 

“Cientos de familias han vivido entre la angustia y la esperanza, pendientes de una llamada telefónica o notificación, sin ningún criterio o elemento que les permita saber si sus familiares van a ser liberados. La permanencia de un contexto represivo, y la ausencia de reconocimiento de la arbitrariedad y la injusticia de los procesos legales contra estas personas las coloca en una situación de extrema vulneración de sus derechos”, dijo Ana Piquer. 

Cientos de familias han vivido entre la angustia y la esperanza, pendientes de una llamada telefónica o notificación, sin ningún criterio o elemento que les permita saber si sus familiares van a ser liberados. La permanencia de un contexto represivo, y la ausencia de reconocimiento de la arbitrariedad y la injusticia de los procesos legales contra estas personas las coloca en una situación de extrema vulneración de sus derechos 

-Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional

Las autoridades cubanas no han provisto un listado de posibles personas a excarcelar y han insistido que las excarcelaciones no implican un indulto, por lo que las personas recibirían beneficios penales disponibles en la legislación cubana. 

La organización Justicia 11J verificó la excarcelación de 172 personas, y documentó que adicionalmente a 9 personas que ya se encontraban excarceladas les fue notificado del cambio de los beneficios legales que habían recibido originalmente. La mayor parte de las personas excarceladas cumplía sentencias por su participación en las protestas del 11 de julio, y habían sido acusadas de “desórdenes públicos”, “desacato” y “atentado”, delitos tradicionalmente utilizados por las autoridades cubanas para castigar la protesta pacífica, así como el ejercicio de los derechos de libertad de asociación y de expresión. 

Si bien las personas presas de conciencia José Daniel Ferrer, Félix Navarro, Luis Robles y Donaida Pérez Paseiro están junto a sus familias, todas han denunciado restricciones al ejercicio de sus derechos humanos impuestas en las condiciones de su excarcelación. 

Por ejemplo, el preso de conciencia Pedro Albert, excarcelado bajo licencia extrapenal en el mes de noviembre de 2024, fue notificado de que su beneficio iba a ser modificado a libertad condicional, indicándosele que si no aceptaba el cambio corría el riesgo de regresar a prisión. El 21 de enero de 2025 Pedro Albert fue detenido arbitrariamente por unas horas, interrogado y multado por visitar la sede de las Damas de Blanco. 

También, la presa de conciencia Donaida Pérez Paseiro, denunció que su esposo, el preso de conciencia Loreto Hernández, ha sido notificado que su posible excarcelación solo sería otorgada si ella renuncia a su activismo y deja de dar declaraciones a medios de comunicación, ya que ha denunciado las condiciones de la prisión y su intención de continuar su labor de defensa de derechos humanos tras ser excarcelada. 

El líder opositor y preso de conciencia José Daniel Ferrer García fue excarcelado el pasado 16 de enero tras pasar más de 3 años en prisión. Desde entonces, personas allegadas han sido amenazadas por visitarlo o han sufrido cortes del servicio de internet en los teléfonos celulares que le han prestado para sus primeras comunicaciones. José Daniel Ferrer contó a Amnistía Internacional que no había aceptado firmar las condiciones de su excarcelación y que lo habían sacado de las instalaciones de la prisión sin que le dejaran siquiera recoger sus pertenencias personales. 

El 20 de enero de 2025, la administración de Donald Trump derogó las medidas tomadas por el gobierno del entonces presidente Biden, incluyendo la salida de Cuba de la lista de países promotores del terrorismo. Aunque el gobierno cubano ha insistido en que el proceso de excarcelación fueron una decisión soberana y unilateral, desde el 21 de enero las organizaciones que lo monitorean no han reportado nuevas excarcelaciones. 

“Alarma la posible cancelación o pausa de las excarcelaciones, que parecería mostrar que las personas presas por razones políticas han sido una vez más utilizadas de manera deshumanizante, como fichas de cambio en un juego político, sin que sus vidas, su integridad física y sus derechos sean tomados en cuenta”, indicó Ana Piquer.

Alarma la posible cancelación o pausa de las excarcelaciones, que parecería mostrar que las personas presas por razones políticas han sido una vez más utilizadas de manera deshumanizante, como fichas de cambio en un juego político, sin que sus vidas, su integridad física y sus derechos sean tomados en cuenta.

-Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional

En este contexto, Amnistía Internacional insiste en que las autoridades cubanas deben liberar de manera inmediata e incondicional a todas las personas injustamente encarceladas en Cuba por ejercer sus derechos humanos. “Mientras estas excarcelaciones ocurrían, activistas políticos y defensores de derechos humanos han sido arbitrariamente detenidos y han sufrido acoso y hostigamiento por su labor.  El gobierno cubano debe derogar las leyes represivas y cesar estas prácticas sistemáticas de represión contra la disidencia”, concluyó Ana Piquer.