En Myanmar, la interrupción de la financiación ha destrozado aún más a una población civil ya sometida a un conflicto armado cada vez más intenso, desplazamientos generalizados y graves violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas armadas que tomaron el poder mediante un golpe de Estado hace más de cuatro años

La congelación brusca y radical de la ayuda exterior por parte del gobierno de Estados Unidos pone en grave peligro los derechos humanos de las personas refugiadas, la población civil de las zonas de conflicto armado y quienes huyen de la persecución en Myanmar; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

La organización ha advertido de que pueden perderse vidas si no se revoca o modifica la decisión con urgencia o si no se conceden exenciones inmediatamente a las personas que trabajan sobre el terreno para ofrecer asistencia vital y se aplican con urgencia.

“La cruel decisión de emitir órdenes de paralización inmediata del trabajo en ayuda exterior adoptada por el gobierno de Trump está teniendo efectos instantáneos y demoledores en todo el planeta, y en Myanmar está golpeando a la población en unos momentos especialmente sombríos”, ha dicho Joe Freeman, investigador de Amnistía Internacional sobre Myanmar.

“La decisión ha llevado al cierre repentino de los hospitales en los campos para personas refugiadas y a la huida de defensores y defensoras de los derechos humanos en riesgo de expulsión, y ha puesto en peligro programas que ayudan a la población a prevenir atrocidades, a sobrevivir en las zonas de conflicto y a rehacer su vida entre sucesivas olas de violencia.”

El 20 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la orden ejecutiva de paralizar toda la ayuda exterior mientras se llevaba a cabo una revisión de 90 días sobre su compatibilidad con la política exterior estadounidense. El 24 de enero, Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, emitió una orden de paralización del trabajo —en el marco de la revisión— dirigida a quienes prestaban asistencia en todo el mundo, aunque estableció exenciones de la orden para la ayuda alimentaria y también para la ayuda militar a Israel y Egipto.

Se introdujo una exención adicional de la orden con fecha de 28 de enero para la “asistencia humanitaria vital”, y en aclaraciones publicadas la primera semana de febrero se ampliaron las exenciones para actividades específicas. Sin embargo, según la investigación más reciente de Amnistía, la aplicación de estas exenciones todavía no ha alcanzado a muchas organizaciones que trabajan en la frontera entre Tailandia y Myanmar. 

“La escandalosa decisión de Estados Unidos ha tenido efectos inmediatos a escala mundial, y sus consecuencias en la vida real aún se están sintiendo y conociendo. Nuestras conclusiones sobre la situación en Myanmar y Tailandia son sólo un ejemplo del daño causado por esta despiadada decisión”, ha afirmado Joe Freeman.

En Myanmar, la interrupción de la financiación ha destrozado aún más a una población civil ya sometida a un conflicto armado cada vez más intenso, desplazamientos generalizados y graves violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas armadas que tomaron el poder mediante un golpe de Estado hace más de cuatro años. Además, ha sembrado el caos, la desesperación y la angustia entre las decenas de miles de personas de Myanmar que viven refugiadas en Tailandia.

En la práctica, Estados Unidos está haciendo un favor impagable a las abusivas fuerzas armadas de Myanmar en su represión del derecho a la libertad de expresión y de información.

Hasta la fecha, los fondos estadounidenses ayudaban a muchas a sobrellevar la difícil situación, ya que servían para crear refugios de emergencia o reubicar a activistas, repartir ayuda humanitaria, ayudar a instalar sistemas de alerta temprana frente a ataques aéreos, prestar asistencia médica en zonas de guerra y brindar oportunidades de educación a quienes habían perdido toda esperanza de futuro.

Del 3 al 10 de febrero, Amnistía Internacional habló con 12 personas refugiadas de Myanmar que vivían en campos tailandeses junto a la frontera, así como con representantes de 14 organizaciones con actividades centradas en Myanmar, que incluían personal sanitario, personal de investigación en derechos humanos, ONG que prestan ayuda transfronteriza, medios de comunicación y proveedores de educación. Todas estas personas advirtieron de graves consecuencias si la decisión no era revocada o modificada, y ninguna había recibido comunicación o confirmación de una exención por el gobierno estadounidense para continuar sus actividades.

“La misión es no morir”

A pesar de las exenciones prometidas para la asistencia humanitaria vital, la interrupción de la ayuda humanitaria entraña graves riesgos para la salud de las más de 100.000 personas que viven en los nueve campos para refugiados en el lado tailandés de la frontera con Myanmar. La mayoría lleva años ahí, tras haber huido de anteriores olas de violencia en Myanmar, pero los campos han aumentado de tamaño desde el golpe de Estado.

Amnistía Internacional habló con personas refugiadas que vivían en dos campos distintos junto a la frontera. Todas contaron que los hospitales de los campos, dirigidos por el Comité Internacional de Rescate con financiación de USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), habían cerrado bruscamente a raíz de la orden de paralización del trabajo. Aunque las autoridades y los hospitales tailandeses han podido intervenir y dar servicio a los residentes del campo, sus recursos están al límite. El 11 de febrero, el Comité Internacional de Rescate aún no había recibido una exención para continuar su labor.

Los efectos del cierre inicial se hicieron sentir de inmediato. Residentes del campo de Umpien, por ejemplo, dijeron que al menos cuatro personas habían muerto al no recibir oxígeno del hospital. Amnistía no pudo confirmarlo de manera independiente. Según informó Reuters el 7 de febrero, Pe Kha Lau, de 71 años, había muerto a los cuatro días de que la enviaran a casa desde un centro de salud financiado por Estados Unidos a través del Comité Internacional de Rescate.

“Fue aterrador, obligaron a todo el mundo a salir del hospital […] y hubo gente que murió al quedarse sin el oxígeno. No sólo estábamos tristes, sino que teníamos miedo de lo que vendría después”, dijo U Htan Htun, de 62 años.

Ma Su Su, trabajadora médica comunitaria voluntaria en el campo de Umpien, dijo también que el día en que se anunció la orden de paralización se ordenó salir del hospital a personas que necesitaban tratamiento. Contó que había visto al personal retirar una vía intravenosa a un paciente, y también cómo alguien sin la debida formación había tenido que dar puntos a una persona herida.

“Dije a todo el mundo que sólo son 90 días. Que pasados los 90 días todo irá bien. Pero no tengo ninguna esperanza”, afirmó. “La misión es no morir.”

Según los residentes, el suministro de agua a los campos se ha interrumpido y la ayuda alimentaria también corre peligro de desaparecer.

Maximillian Morch, del Consorcio Tailandés de Fronteras, que proporciona alimentos y combustible para cocinar a los nueve campos establecidos a lo largo de la frontera de Tailandia con Myanmar, dijo que estaban intentando conseguir que el gobierno estadounidense aprobara una exención por prestación de ayuda vital, pero aún no tenían confirmación.

Algo más del 60% de la financiación del Consorcio proviene de Estados Unidos a través de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado estadounidense. La mayor parte se destina a alimentos y asistencia culinaria. Aunque no se les ha dado orden de paralizar el trabajo, se quedarán sin fondos para alimentos en el plazo de cuatro a seis semanas si su financiación queda interrumpida durante la revisión de la ayuda exterior.

“La comida es lo más inofensivo que puede haber. Y cuando dejas de financiar alimentos, ya no es sólo un problema del Consorcio, es un problema humanitario internacional”, dijo Morch.

“Días muy duros para nosotros”

Desde que las fuerzas armadas de Myanmar tomaron el poder mediante un golpe de Estado en 2021, el conflicto armado se ha intensificado en todo el país. Los ataques aéreos militares, cada vez más intensos, han matado a civiles y alcanzado escuelas, hospitales y monasterios, mientras que en otros lugares las fuerzas armadas han actuado contra manifestantes, activistas y periodistas. Organizaciones de la sociedad civil de todo Myanmar financiadas por USAID ayudan a buscar refugio, ayuda humanitaria y seguridad en el exilio a civiles, periodistas y personas defensoras de los derechos humanos que tienen que huir del país.

Grupos del sureste de Myanmar, zona especialmente afectada por los ataques aéreos de las fuerzas armadas, dirigen varios programas financiados por Estados Unidos que pueden considerarse vitales. Proporcionan unidades médicas móviles en el frente, contribuyen a costear ingresos hospitalarios para asistencia más avanzada y ayudan a la población civil a buscar comida y refugio tras un ataque aéreo.

Al mismo tiempo que todos los ataques aéreos, todos los bombardeos […] ataques de artillería, desplazamientos […] la financiación se ha interrumpido”, ha explicado Saw Diamond Khin, director del Departamento Karen de Salud y Bienestar, que presta asistencia en siete distritos del sureste de Myanmar. “Son días muy duros para nosotros.”

Sin exenciones para el trabajo que salva vidas

Saw Thar Win, del Grupo de Fortalecimiento de los Sistemas Étnicos de Salud, afirmó que su organización tenía previsto entregar lotes de ecógrafos y aparatos de rayos X portátiles con las baterías cargadas a las comunidades afectadas por el conflicto en Myanmar. Cada lote daría servicio a unas 50.000 personas. Pero los aparatos permanecían guardados en cajas en su oficina debido a que la orden de paralización del trabajo afectaba a la financiación de su transporte.

Otro proveedor de salud comunitario afirmó que la interrupción de la financiación estadounidense significaba que ya no podían apoyar tratamiento urgente y vital dentro de Myanmar. Con sus fondos habían costeado cirugía de urgencia para tratar heridas de ataques aéreos u otras lesiones debidas al conflicto armado, así como tratamiento de urgencia neonatal, cirugía por apendicitis y transfusiones de sangre.

A pesar de las exenciones anunciadas a finales de enero, la orden también ha afectado a los medicamentos para el VIH, la tuberculosis y la malaria, y a la ayuda a las personas traumatizadas por el conflicto armado para acceder a servicios de salud mental. Ni uno solo de los grupos con los que habló Amnistía dijo haber recibido una comunicación o confirmación de la exención para desempeñar trabajo vital, a pesar de que sus actividades, como ofrecer alimentos, refugio y asistencia a la población en las zonas de guerra, cumplían claramente las condiciones.

Todos dijeron no tener una comunicación clara de organismos estadounidenses como USAID y sus socios sobre el terreno. Overseas Irrawaddy Association, que ofrece reubicación de emergencia a cientos de activistas dentro de Myanmar, donde las fuerzas armadas encarcelan y torturan por sistema a manifestantes, dijo que la congelación de fondos ha afectado a su capacidad de ayudar a cientos de personas en situación de riesgo.

“Al anular la capacidad de estas organizaciones de proteger a algunas de las personas más vulnerables dentro de Myanmar, en la práctica Estados Unidos está haciendo un favor impagable a las abusivas fuerzas armadas de Myanmar en su represión del derecho a la libertad de expresión y de información”, ha dicho Freeman.

“Ahora la gente está más expuesta a la detención y la tortura, y quienes han huido a Tailandia y dependen de financiación para encontrar refugio corren mayor peligro de deportación a Myanmar. Estados Unidos debe comunicar de forma inmediata y directa que los grupos que prestan asistencia vital en Myanmar pueden continuar su labor.”