En los cinco años posteriores a la derrota territorial del grupo armado Estado Islámico (EI) en 2019 por las Fuerzas Democráticas Sirias y la coalición militar dirigida por Estados Unidos, las autoridades autónomas han procesado en sus Tribunales de Defensa Popular a más de 9.600 personas sirias y a un pequeño número de personas iraquíes presuntamente vinculadas al EI. También han detenido indefinida y arbitrariamente, sin cargos ni juicio, a decenas de miles de hombres, mujeres, niñas y niños por su presunta afiliación al EI en al menos 27 centros de detención y dos campos de detención

En respuesta a la reciente decisión del gobierno autónomo de la Región del Norte y Este de Siria (autoridades autónomas) de promulgar la Ley de Amnistía N.º 10 de 2024, que alivia la situación de algunas personas condenadas por delitos en virtud de las leyes antiterroristas de la región, excesivamente amplias, o de quienes se entreguen en un plazo de 90 días a partir de la fecha de entrada en vigor de dicha ley, Aya Majzoub, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha declarado:

“La ley de amnistía general podría reducir las sentencias de las personas sirias condenadas tras juicios injustos en los Tribunales de Defensa Popular o, en algunos casos, ofrecerles la oportunidad de quedar en libertad y reanudar sus vidas. A algunas de las personas detenidas se les negó el acceso a asistencia letrada y en muchos casos fueron sometidas a tortura y otros malos tratos para que confesaran. Amnistía Internacional pide a las autoridades autónomas que amplíen la ley para incluir al reducido número de personas iraquíes que también fueron procesadas en los Tribunales de Defensa Popular.”

“Si bien esta medida es alentadora, a Amnistía Internacional le siguen preocupando mucho las decenas de miles de hombres, mujeres, niños y niñas que se encuentran bajo la custodia de las autoridades autónomas, en muchos casos desde hace más de cinco años, sin cargos ni juicio.”

“La ONU debe coordinarse rápidamente con las autoridades autónomas y la coalición militar liderada por Estados Unidos, establecida para derrotar al grupo armado Estado Islámico, y realizar una investigación urgente para identificar a las personas que deben ser investigadas y procesadas por delitos de derecho internacional o delitos graves en virtud de la legislación nacional y poner en libertad al resto, dando prioridad a los grupos en riesgo, como los niños y niñas y las víctimas de trata.”

Información complementaria

En los cinco años posteriores a la derrota territorial del grupo armado Estado Islámico (EI) en 2019 por las Fuerzas Democráticas Sirias y la coalición militar dirigida por Estados Unidos, las autoridades autónomas han procesado en sus Tribunales de Defensa Popular a más de 9.600 personas sirias y a un pequeño número de personas iraquíes presuntamente vinculadas al EI. También han detenido indefinida y arbitrariamente, sin cargos ni juicio, a decenas de miles de hombres, mujeres, niñas y niños por su presunta afiliación al EI en al menos 27 centros de detención y dos campos de detención.

En abril de 2024, Amnistía Internacional publicó Aftermath: Injustice, Torture and Death in Detention in North-east Syria, que documenta la violación sistemática y a gran escala de los derechos de las personas atrapadas en este sistema de detención. Muchas personas han sido recluidas en condiciones inhumanas y sometidas a tortura y otros malos tratos. Hombres, mujeres niñas y niños que han sido juzgados en los Tribunales de Defensa Popular se han enfrentado a numerosas violaciones de los derechos a un juicio justo, incluida la tortura para inducir confesiones forzadas y la falta total de representación jurídica.

Dadas las numerosas violaciones de los derechos a un juicio justo en los Tribunales de Defensa Popular, Amnistía Internacional había pedido a las autoridades autónomas que consideraran la posibilidad de declarar una amnistía específica para las personas condenadas en virtud de las leyes antiterroristas aplicadas en el noreste de Siria, siempre que no hubiera indicios suficientes para sospechar razonablemente que habían cometido un delito de derecho internacional o un delito grave en virtud de la legislación nacional.