Al celebrar el Día Mundial del Refugiado el 20 de junio, el hecho de que el trabajo de Amnistía sobre las personas refugiadas y migrantes ya no se limite a la defensa de los derechos de las personas en movimiento sino que ahora también incluya hacer campaña en favor de los y las activistas contra quienes se está actuando por ayudar a personas refugiadas y migrantes es una triste denuncia de los tiempos que vivimos

De Kumi Naidoo

Les ofreció comida, agua y un lugar donde quedarse. Pero, según la fiscalía estatal de Arizona, la acción compasiva del voluntario Scott Warren de proporcionar ayuda humanitaria básica a dos migrantes de Honduras, fue delictiva, hasta el extremo de que se abrió un controvertido proceso contra él que pudo acarrearle 20 años de cárcel.

Aunque el sonado proceso ha terminado en juicio nulo este mes, el gobierno no ha retirado los cargos y persiste la amenaza de un nuevo juicio.

Esta táctica cada vez más utilizada por los gobiernos de perseguir a quienes han mostrado compasión hacia personas refugiadas y migrantes no sólo es contraria a los valores humanos fundamentales de la bondad y la decencia, sino que además representa una preocupante escalada de la represión de los derechos de las personas en movimiento.

El caso particular de Scott Warren ha ocupado titulares en medios de comunicación de todo el mundo y es representativo de la hostilidad declarada del gobierno de Donald Trump hacia las personas migrantes y refugiadas. Sin embargo, hay muchas personas en Estados Unidos que sienten consternación por la tragedia humana que está sucediendo ante su misma puerta. En palabras del propio Scott Warren, "está muriendo gente a las afueras de nuestra ciudad, y eso es lo que me mueve a actuar".

La muerte de personas que habían emprendido arriesgadas travesías por el árido desierto de Sonora (Arizona) no es un trágico accidente, sino la culminación de una política del gobierno federal aplicada desde hace años para disuadir de cruzar la frontera con Estados Unidos que consiste en cerrar las rutas migratorias existentes para obligar a la gente a tomar otras mucho más difíciles y peligrosas. Las autoridades fronterizas de Estados Unidos han registrado 7.242 muertes en la frontera en los últimos 20 años, y Arizona es una de las zonas más letales, con casi 4 de cada 10 de estas muertes.

Llevadas de este revanchismo contra las personas migrantes y refugiadas, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley ahora intentan reprimir el impulso básico de ayudar a quienes sufren. Se ha actuado contra más personas voluntarias de No More Deaths/No Más Muertes, el grupo al que Warren pertenece, acusándolas de delitos menores federales como "abandono de propiedad" por dejar agua en el desierto. Amnistía Internacional ha documentado más casos de personal voluntario y de ayuda humanitaria que trabaja con personas necesitadas en la zona fronteriza al que han detenido, interrogado, impuesto restricciones de viaje, confiscado material electrónico y sometido a registros, entre otras cosas.

Lo que ha distinguido el de Scott Warren de los demás casos es la agresividad con que la fiscalía ha actuado contra él, solicitando múltiples cargos que podían haberle acarreado 20 años de prisión. Pero sería un error pensar que es un caso excepcional. De hecho, actuar abiertamente contra cualquiera que haya tenido un mínimo gesto de bondad con sus congéneres en situación de necesidad empieza a ser la vergonzosa norma entre los gobiernos con políticas contrarias a las personas refugiadas.

Al celebrar el Día Mundial del Refugiado el 20 de junio, el hecho de que el trabajo de Amnistía sobre las personas refugiadas y migrantes ya no se limite a la defensa de los derechos de las personas en movimiento sino que ahora también incluya hacer campaña en favor de los y las activistas contra quienes se está actuando por ayudar a personas refugiadas y migrantes es una triste denuncia de los tiempos que vivimos. En Grecia, Francia, Italia, Suiza, Croacia y Reino Unido, nuestra organización ha documentado casos que indican que hay gobiernos europeos que también intentan hacer de la compasión un delito.

Gobiernos que han llegado al extremo ruin de actuar contra personas  como Martine Landry, pensionista y voluntaria de Amnistía Internacional de 73 años que en 2018 fue procesada por ayudar a dos solicitantes de asilo de 15 años en Francia. Martine había llevado a ambos adolescentes a una comisaría de policía para que pudieran presentar su solicitud de asilo y ser atendidos como menores de edad. Fue acusada falsamente de facilitar la entrada al país de los dos menores extranjeros, delito que comporta una pena máxima de cinco años de cárcel y una multa de 30.000 euros.

Martine ha sido absuelta, pero la fiscalía general ha recurrido la decisión. La causa contra ella sigue abierta.

Y, a pesar de que el Consejo Constitucional de Francia resolvió que el principio de fraternité (fraternidad) proclamado en la Constitución protege la libertad de ayudar al prójimo con independencia de su condición migratoria, las autoridades francesas no han parado de actuar contra activistas que ayudan a personas migrantes y refugiadas.

Es el caso de Tom Ciotkowski, defensor de los derechos humanos británico que está siendo juzgado por haber intentado documentar la conducta de la policía antidisturbios francesa en Calais. Su caso es representativo de la intimidación y el acoso sufridos por los y las activistas que intentaban observar la actuación policial y el trato que recibían las personas migrantes y refugiadas durante los desalojos forzosos de los campamentos improvisados.

Resulta irónico que la sentencia de la causa contra Ciotkowski esté prevista para el 20 de junio, Día Mundial del Refugiado. Podría tener que cumplir hastacinco años de prisión si es declarado culpable de los cargos falsos de desacato y agresión.

Pero no sólo Francia persigue enérgicamente a quienes se atreven a mostrar compasión. En Reino Unido, 15 activistas fueron declarados culpables de cargos relacionados con terrorismo en 2018 por tratar de impedir en el aeropuerto de Stansted unas expulsiones que, aseguraban, eran ilegales.

Todos estos casos indican una tendencia preocupante a la criminalización de la solidaridad. Gobiernos cuyo programa político es agresivamente contrario a las personas refugiadas no sólo han procurado hacer la vida imposible a quienes ejercían su derecho fundamental a solicitar asilo, sino que ahora también castigan a cualquiera que se atreva a ayudarlas. Que las autoridades acusaran de delitos relacionados con terrorismo a "los 15 de Stansted" es un buen ejemplo, que ha sentado un precedente profundamente inquietante con peligrosas repercusiones para todas las personas.

Y dejemos una cosa clara: estas agresivas tácticas de los gobiernos no han tenido éxito en modo alguno, a menos que apartar la muerte y el sufrimiento de la vista del público se considere un éxito. La gente sigue viniendo a Europa y Estados Unidos en busca de refugio. En lugar de abrir rutas seguras y adecuadas para facilitar su viaje, los gobiernos participan en una macabra competición por hacer de su vida un infierno.

Nuestro mayor consuelo en esta situación desesperada es saber que la población se niega a aceptar esta criminalización de la compasión pretendida por los gobiernos. Los esfuerzos gubernamentales para convertir a la opinión pública en cómplice de su visión denigrante de las personas migrantes y refugiadas no están surtiendo efecto. Mientras el gobierno de Estados Unidos y gobiernos de toda Europa sigan incumpliendo su deber de proteger la vida de las personas migrantes y refugiadas, seguirá habiendo gente dispuesta a ayudar a sus congéneres en momentos de necesidad, cueste lo que cueste.

Y esa es una gran fuente de esperanza en este Día Mundial del Refugiado.