La reforma se aprobó por 69 votos a favor y 7 en contra, con 24 abstenciones. El próximo martes el Parlamento le dará su aprobación formal final

En respuesta a la aprobación en Lituania de una reforma de la Ley de la Frontera Nacional y su Protección que consagra en la legislación nacional la práctica corriente de las devoluciones en la frontera, el director de Amnistía Internacional para Europa, Nils Muižnieks, ha manifestado:

“Hoy es un día sombrío para la justicia, pues el Parlamento de Lituania ha votado consagrar en la legislación prácticas ilegales y abusivas. Al codificar la devolución ilegal y forzada de las personas refugiadas y migrantes a lugares donde corren el riesgo de ser sometidas a tortura y otros malos tratos, el gobierno pisotea los derechos de esta población y sus propias obligaciones internacionales.”

“En lugar de tomar las medidas urgentes necesarias para poner fin a la expulsión ilegítima de personas al contexto de violencia, intimidación y malos tratos generalizados prevalente en Bielorrusia, esta ley da luz verde a la práctica de devolverlas a la tortura.”

“Con la aprobación de esta ley, Lituania choca frontalmente con el derecho de la UE y su Tribunal de Justicia, que ya ha censurado el Estado miembro en relación con legislación anterior. Lituania no puede pretender ser un país que respeta los derechos cuando elude el Estado de derecho.”

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La reforma se aprobó por 69 votos a favor y 7 en contra, con 24 abstenciones. El próximo martes el Parlamento le dará su aprobación formal final.

La votación se celebró pocas semanas después de que el máximo órgano europeo de lucha contra la tortura, el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, publicara un informe en el que concluía que las las autoridades de toda Europa utilizan prácticas que constituyen tortura para atacar a las personas refugiadas y migrantes que tratan de cruzar las fronteras europeas.

En una investigación publicada en junio de 2022, Amnistía Internacional concluyó que los guardias de fronteras lituanos sometían a miles de personas refugiadas y migrantes de fuera de la UE procedentes de Bielorrusia a devoluciones sumarias violentas a ese país, pese al riesgo que corrían de sufrir tortura y otros malos, así como detención arbitraria y otras violaciones de derechos humanos, a manos de las autoridades bielorrusas.

El derecho internacional prohíbe las expulsiones colectivas y la devolución de cualquier persona a un país en el que pueda sufrir violaciones graves de derechos humanos.