Estados Unidos debe respetar los derechos de las personas solicitantes de asilo y garantizar que sus políticas y prácticas reflejan los compromisos que ha adquirido en virtud del derecho internacional de los derechos humanos

Según ha manifestado hoy Amnistía Internacional, el uso obligatorio de la aplicación para móviles CBP One cómo único medio de entrada en Estados Unidos para solicitar protección internacional es una clara violación del derecho internacional de los derechos humanos.

En un nuevo documento de política, Amnistía Internacional ha planteado motivos de preocupación graves en relación con el uso obligatorio de CBP One. Tras el vencimiento programado del Título 42 el 11 de mayo, las personas solicitantes de asilo deberán utilizar la aplicación para obtener una cita en alguno de los puntos de entrada de la frontera sur de Estados Unidos para presentar sus solicitudes de asilo. Esta vía limita seriamente las posibilidades de quienes solicitan asilo para pedir protección internacional, pues supone una traba importante para aquellas que no tienen acceso a dispositivos móviles ni a Internet o que, por otras circunstancias, no pueden acceder a la aplicación o usarla.

“El uso obligatorio de CBP One condiciona la entrada en el territorio y el acceso al asilo al hecho de personarse en un punto de entrada con una cita previa, lo cual solo es factible para algunas personas”, explicó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. “Aunque las innovaciones tecnológicas podrían favorecer el tránsito seguro y unos procesos de tramitación en la frontera más ordenados, no se pueden utilizar programas como CBP One como única vía de entrada en Estados Unidos para solicitar protección internacional.”

Pese al hecho de que en un inicio el uso de CBP One no era obligatorio, en la práctica se ha convertido en la única forma de solicitar asilo para las personas procedentes de determinados países. Hay numerosos informes de personas que llevan mucho tiempo esperando conseguir una cita de CBP One, situación que está abocada a empeorar cuando el Título 42 deje de estar vigente y CBP One sea de uso obligatorio para todas las personas solicitante de asilo.

La lógica de funcionamiento de la aplicación CBP One es profundamente problemática. Se obliga a las personas solicitantes de asilo a instalar la aplicación en su móvil, lo que permite a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza recabar datos sobre su ubicación enviándoles una señal de rastreo

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional

El documento de política examina cómo el uso obligatorio de CBP One viola las obligaciones internacionales de Estados Unidos en materia de derechos humanos con respecto a las personas solicitantes de asilo. Tanto la legislación nacional como internacional reconocen el derecho a solicitar protección frente a la persecución, y Estados Unidos debe garantizar a quienes deseen solicitarla el acceso a su territorio y a una evaluación individualizada y justa de su solicitud sin discriminación.

“La lógica de funcionamiento de la aplicación CBP One es profundamente problemática. Se obliga a las personas solicitantes de asilo a instalar la aplicación en su móvil, lo que permite a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza recabar datos sobre su ubicación enviándoles una señal de rastreo. Estados Unidos debe garantizar que los procedimientos de determinación de la condición de refugiado respetan el derecho al debido proceso de las personas solicitantes de asilo y que no se las devuelve a lugares en los que puedan correr peligro”, afirmó Erika Guevara Rosas.

Aunque el gobierno de Biden ha previsto algunas exenciones al uso obligatorio de CBP One, no está claro cómo se van a determinar en la frontera ni si los agentes de fronteras tendrán discrecionalidad en las decisiones de concederlas. A Amnistía Internacional también le preocupa que no se concedan a poblaciones en situación de vulnerabilidad circunstancial, como las personas LGBTI, las familias con hijos e hijas pequeños, o las personas negras, indígenas y otras personas racializadas, que pueden correr especial riesgo durante la espera en México.

La aplicación CBP One también plantea serios motivos de preocupación en materia de privacidad, discriminación y vigilancia. A Amnistía Internacional le preocupa que las tecnologías de reconocimiento facial y GPS, junto con el almacenamiento en la nube, se usen para recabar datos sobre las personas solicitantes de asilo antes de su entrada en Estados Unidos, lo que conlleva importantes riesgos para sus derechos humanos y, que la tecnología de reconocimiento facial, en concreto, se utilice de forma indiscriminada y discriminatoria.

Si bien Amnistía Internacional acoge con satisfacción el interés del gobierno estadounidense en adoptar medidas que garanticen una mayor eficacia en la tramitación de las solicitudes de asilo, el uso obligatorio de CBP One como única forma de entrada en Estados Unidos para solicitar protección internacional viola el derecho internacional de los derechos humanos Amnistía Internacional insta al gobierno estadounidense a abandonar inmediatamente el uso obligatorio de CBP One tras el vencimiento del Título 42, así como a abstenerse de exigir el uso de tecnología de reconocimiento facial para las personas solicitantes de asilo. Estados Unidos también debe garantizar que no realiza vigilancia masiva ni vigilancia selectiva discriminatoria de solicitantes de asilo mediante el uso de CBP One.

Ante el vencimiento del Título 42, Estados Unidos debe tomar medidas inmediatas para garantizar un trato justo a todas las personas que solicitan asilo. Amnistía Internacional pide al gobierno de Biden que invierta en sistemas de atención a las personas solicitantes de asilo en la frontera sin retrasos ni detenciones, y que les proporcione el apoyo que necesitan para tramitar sus solicitudes de asilo en comunidades de Estados Unidos con acceso a vivienda, servicios sociales y asistencia jurídica.

Estados Unidos debe respetar los derechos de las personas solicitantes de asilo y garantizar que sus políticas y prácticas reflejan los compromisos que ha adquirido en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.