Amnistía Internacional expresa su profunda preocupación por la situación de precariedad absoluta en la que se encuentran estas personas como resultado de políticas crueles y deshumanizadoras

Ante las medidas implementadas por los gobiernos de Chile y Perú de militarizar sus fronteras, y el estado de emergencia declarado ayer por el gobierno de la presidenta Boluarte en Perú en respuesta a la llegada de personas migrantes, principalmente provenientes de Venezuela y Haití, Amnistía Internacional recuerda a los gobiernos que se trata de una crisis de personas en necesidad de protección internacional, quienes requieren una atención integral que ponga los derechos humanos en el centro de la respuesta de ambos gobiernos. 

“Al militarizar las fronteras y cerrar la puerta a miles de personas, entre ellas niñas y niños, que huyen de masivas violaciones de derechos humanos en sus países de origen, los gobiernos de Boric y Boluarte están agravando inútilmente la situación, convirtiéndola en una crisis humanitaria que aumenta el riesgo para la vida y seguridad de estas personas,” dijo Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas. 

Desde principios de febrero de 2023, el gobierno chileno ha desplegado efectivos militares a sus fronteras con Bolivia y Perú, con el fin de detener la llegada de personas indocumentadas al país, en su mayoría venezolanas. El cierre de la frontera ha provocado fuertes tensiones en las últimas semanas. El miércoles 26 de abril, el gobierno peruano declaró un estado de emergencia en siete departamentos fronterizos y ordenó el despliegue de sus fuerzas armadas. Estas medidas fueron adoptadas en un contexto de creciente estigmatización y xenofobia, y discusiones legislativas que buscan criminalizar la migración irregular.  

Se estima que al menos 300 personas, entre ellas familias con niños, niñas y adolescentes, personas embarazadas y con enfermedades crónicas, se encuentran varadas en la frontera entre Perú y Chile en una situación humanitaria crítica, sin alimentos, agua, alojamiento o asistencia sanitaria en el desierto conocido por sus condiciones extremas. La mayoría de estas personas son procedentes de Venezuela, pero se ha reportado también la presencia de personas haitianas y de otras nacionalidades.  

Cuando los Estados acuden a medidas unilaterales contrarias al derecho internacional de los derechos humanos, generan un efecto domino.

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional

Amnistía Internacional expresa su profunda preocupación por la situación de precariedad absoluta en la que se encuentran estas personas como resultado de políticas crueles y deshumanizadoras, que violan las normas internacionales y leyes de Perú y Chile para la protección de personas en necesidad de protección internacional.  

La organización recuerda que las personas venezolanas salen de su país como consecuencia a masivas violaciones a los derechos humanos, documentadas recurrentemente por mecanismos internacionales, por lo que los gobiernos de Chile y Perú están obligados a proveer de protección y garantizar el derecho a solicitar asilo, , de acuerdo con los tratados internacionales ratificados por ambos países e incorporados en su legislación. 

De igual manera, Amnistía Internacional ha señalado que las personas haitianas no pueden ser regresadas a su país debido a la grave crisis humanitaria y de derechos humanos que enfrenta el país, que incluye la violencia generalizada, la inestabilidad política, la inseguridad alimentaria y un sistema sanitario al borde del colapso. El derecho internacional prohíbe prácticas consistentes en negar la entrada al país de personas en necesidad de protección internacional o devolverlas forzosamente a su país de origen. 

“Cuando los Estados acuden a medidas unilaterales contrarias al derecho internacional de los derechos humanos, generan un efecto domino. En lugar de acudir a este tipo de medidas que castigan a quienes buscan la protección internacional y una mejor condición de vida, Chile y Perú deberían de cooperar para brindar una respuesta humanitaria y centrada en los derechos humanos de las personas que llegan y las comunidades que les reciben. Militarizar las fronteras no solo pone en peligro a las personas refugiadas y migrantes, sino también a las personas que residen en esas localidades” dijo Erika Guevara Rosas. 

Para hacer frente a la crisis, es fundamental que las autoridades chilenas y peruanas reactiven y adecuen sus sistemas de recepción de solicitudes de asilo de manera inmediata. De acuerdo a la información recibida, la atención y recepción de solicitudes es inoperante en Perú desde 2020. Recientemente, Amnistía Internacional ha documentado también que las autoridades chilenas están implementando prácticas y políticas que impiden que las personas con necesidad de protección internacional puedan acceder al refugio en Chile, violando sus derechos humanos.  

De acuerdo a la plataforma R4V, más de 7.23 millones de personas venezolanas han tenido que salir de su país en los últimos años, huyendo de crímenes de lesa humanidad, violaciones masivas a sus derechos humanos y una crisis humanitaria compleja. Aproximadamente 1,5 millones de ellas se encuentran en Perú, y 444,000 en Chile.