El gobierno colombiano debe iniciar una reforma policial integral con enfoque de derechos humanos

El día de hoy un grupo diverso y amplio de organizaciones de derechos humanos colombianas y de víctimas de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad colombianas, en colaboración con Amnistía Internacional, presentaron un pliego de propuestas con enfoque diferencial, interseccional y de derechos humanos para una reforma policial integral. Este pliego, fruto de un proceso coordinado de participación y discusión, fue entregado al gobierno del presidente Gustavo Petro con el fin de servir de insumo para la discusión de la reforma en el país.

Represión en la Mira: Pliego de Propuestas para una Reforma Policial Integral explica la necesidad de, como mínimo, desmilitarizar la Policía Nacional; modificar su estructura general y funciones; reformar el régimen de ingreso, carrera y ascenso; limitar el uso de la fuerza por parte de los integrantes de la Policía Nacional; instalar mecanismos de control a la actividad policial y veeduría ciudadana; y garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas de violencia policial.  

“En Colombia la Policía Nacional usa regularmente la fuerza de manera excesiva contra quienes protestan con el fin de infligir miedo, desincentivar la protesta pacífica y castigar a quienes exigen cambios en el país. El gobierno colombiano debe iniciar una reforma policial integral con enfoque de derechos humanos y la Policía Nacional se debe abstener de violar los derechos de quienes alzan la voz”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. “Los hechos registrados durante las grandes movilizaciones y protestas de los últimos años no deberían repetirse jamás. El Estado colombiano debe dar pasos decididos hacia la construcción de una Policía Nacional garante de los derechos de todas las personas.”

Asimismo, Amnistía Internacional ha lanzado las “25 reglas para el uso de proyectiles de impacto cinético”, documento que resume los estándares internacionales para el adecuado uso de dichos proyectiles. Dado que su uso acarrea riesgos considerables de causar daños serios, su uso debe estar mediado por un análisis cuidadoso de su necesidad operacional en cada escenario. El documento llama a los gobiernos reconocer sus obligaciones en materia de derechos humanos y usar proyectiles de impacto cinético sólo en situaciones excepcionales, cuando esté justificado debidamente y de manera cuidadosa que evite daños excesivos. Nunca deben emplearse como medio para dispersar a una protesta, ni en contra de personas que se comportan de forma pacífica o simplemente oponen resistencia pasiva o huyen. El uso de proyectiles múltiples debería ser prohibido.

El gobierno colombiano debe iniciar una reforma policial integral con enfoque de derechos humanos y la Policía Nacional se debe abstener de violar los derechos de quienes alzan la voz.

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional

Información de contexto

Amnistía Internacional documentó graves violaciones de derechos humanos contra manifestantes pacíficos durante el Paro Nacional de 2021, incluido el uso excesivo de la fuerza, el uso de armas menos letales de manera inadecuada, actos de tortura y tratos crueles e inhumanos y violencia sexual y violencia basada en genero contra mujeres y personas LGBTIQ+ y ataques contra personas indígenas. Además, verificó los impactos de largo plazo de estas violaciones, como en el caso de los y las jóvenes que sufrieron traumas oculares por el uso inadecuado de proyectiles de impacto cinético.

En el informe de julio de 2021, Cali: En el epicentro de la represión, Amnistía Internacional documentó cómo las violaciones del derecho a la libertad de reunión pacifica, el paramilitarismo urbano, las detenciones arbitrarias y la tortura y los malos tratos a manifestantes pacíficos en Cali infundieron miedo, desalentaron la protesta pacífica y, en última instancia, castigaron a quienes exigían un cambio en el país.

En noviembre de 2021, Amnistía Internacional presentó el informe Disparos a la vista, publicado en conjunto con las organizaciones colombianas Temblores y PAIIS. Este informe documenta 12 casos de lesiones oculares y analiza más de 300 piezas audiovisuales que documentan la actuación ilegal del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional entre el 28 de abril y el 20 de octubre de 2021, todas ellas verificadas por el Cuerpo de Verificación Digital de Amnistía Internacional. El informe concluye que en el contexto del Paro Nacional en Colombia los agentes del ESMAD violaron los derechos humanos de los manifestantes de forma generalizada al infligir lesiones oculares como resultado del uso desproporcionado de armas menos letales.

En diciembre 2022, Amnistía Internacional presentó el informe La policial no me cuida: Violencia sexual y otras violencias basadas en género en el Paro Nacional de 2021, donde devela prácticas reiteradas y generalizadas de violencia contra mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ por parte de las fuerzas de seguridad colombianas, a través de la documentación de 28 casos de violencia basada en género, incluyendo violencia sexual, entre cientos de denuncias recibidas durante el Paro Nacional de 2021.

Las organizaciones que acompañan el pliego de propuestas publicado hoy en colaboración con Amnistía Internacional son:

Asociación para la Investigación Social

NOMADESC

Caribe Afirmativo

Modep

Ilex acción Jurídica

DeJusticia

Colectivo Justica Racial

Justicia y Democracia

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado

Campaña Defender la Libertad

Fundación Trenza

Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos

Fundación Lazos de Dignidad

Coordinación Colombia Europa Estados Unidos

Colectivo de Abogados Jose Alvear Restrepo

Comisión Colombiana de Juristas

Humanidad Vigente

Raza & Igualdad

Red contra el abuso de autoridad

Mocao

Temblores ONG