El 30 de junio de 2022, el presidente Saied presentó un proyecto de Constitución que consolidaría más sus poderes y pondría en peligro los derechos humanos

Las autoridades tunecinas deben ocuparse urgentemente del preocupante expediente de derechos humanos del país, que ha sufrido un significativo deterioro en el año transcurrido desde que el presidente asumiera plenos poderes el 25 de julio de 2021, y revocar todas las nuevas medidas y leyes que no se ajustan a las normas internacionales de derechos humanos, ha manifestado Amnistía Internacional.

En un nuevo informe, titulado Tunisia: A year of human rights regression since President’s power-grab (Túnez: Un año de regresión desde la asunción de plenos poderes del presidente) la organización describe con detalle cómo el presidente Saied ha desmantelado o debilitado salvaguardias fundamentales de los derechos humanos desde que asumiera plenos poderes el pasado julio, a pesar de comprometerse reiteradamente a garantizar que las autoridades respetarían los derechos humanos. En el informe se explica cómo las autoridades tunecinas, si bien no han llevado a cabo una represión masiva, han puesto en el punto de mira a destacadas figuras críticas y a personas consideradas enemigas del presidente.

“En el primer aniversario de la asunción de plenos poderes por el presidente Saied se aprecia el creciente desmantelamiento de las protecciones de los derechos humanos. Gobernando por decreto y sin supervisión ni control alguno, el presidente ha socavado varios logros clave en materia de derechos humanos que tuvieron lugar en el país tras la revolución de 2011, que terminó con el gobierno del presidente Ben Ali”, ha manifestado Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“La actuación de las autoridades tunecinas plantea graves preocupaciones respecto al futuro de los derechos humanos en Túnez. El presidente Saied y otros han asestado un golpe tras otro a estos derechos y socavado especialmente la independencia del poder judicial. Aunque no han recurrido a represiones masivas, las autoridades han puesto en el punto de mira a destacadas figuras críticas y de la oposición política, a las que han sometido a investigaciones de carácter penal, procesamientos y, en algunos casos, incluso a detenciones, dejando claro lo que piensa el presidente sobre la disidencia.”

El 30 de junio de 2022, el presidente Saied presentó un proyecto de Constitución que consolidaría más sus poderes y pondría en peligro los derechos humanos. El proyecto constitucional se publicó tras un proceso de redacción opaco y acelerado, sin ninguna consulta significativa a organizaciones de la sociedad civil ni a partidos políticos. En caso de aprobarse en referéndum el 25 de julio de 2022, debilitaría la independencia judicial, concedería al presidente el derecho a declarar un estado de excepción de duración indefinida y gobernar sin mecanismos de control, y podría permitir a las autoridades restringir los derechos humanos por imprecisos motivos religiosos.

En el primer aniversario de la asunción de plenos poderes por el presidente Saied se aprecia el creciente desmantelamiento de las protecciones de los derechos humanos.

Heba Morayef, Amnistía Internacional

Desmantelamiento de las salvaguardias de los derechos humanos

El 22 de septiembre de 2021, el presidente Saied publicó el Decreto Presidencial 2021-117, que le otorgaba plenos poderes para dictar nuevas leyes por decreto sin control ni supervisión de ninguna otra autoridad. El decreto le permitía utilizar decretos-leyes para regular prácticamente cualquier aspecto de la vida pública, incluidos partidos políticos, tribunales, sindicatos, sociedad civil, medios de comunicación y derechos humanos.

Durante la primera mitad de 2022, el presidente Saied publicó dos decretos leyes otorgándose la facultad no solo de designar a jueces y fiscales, sino también de destituirlos por motivos imprecisos y sin derecho a una apelación inmediata. El 1 de junio, destituyó a 57 jueces alegando acusaciones tales como obstrucción de investigaciones relacionadas con el terrorismo, corrupción económica, “corrupción moral”, adulterio y participación en “fiestas con consumo de alcohol”.

El derecho internacional de los derechos humanos señala la obligación de asegurar el derecho a un juicio justo garantizando la independencia de los tribunales y protegiendo a los jueces y juezas de cualquier influencia política.

En febrero de 2022, el presidente también acusó a grupos de la sociedad civil de servir a intereses extranjeros, y afirmó que pretendía prohibir “la financiación del extranjero”. Además, se filtró el borrador de una restrictiva ley sobre asociaciones que, de aprobarse, anularía muchas protecciones en materia de libertad de asociación que costó mucho conseguir, pues modificaría el Decreto Ley 2011-80, que regula la sociedad civil y garantiza el derecho de los grupos civiles a existir y desempeñar su actividad libremente.

Enjuiciamiento de quienes critican al presidente Saied

Si bien las autoridades tunecinas se han abstenido de llevar a cabo amplias campañas represivas contra quienes se oponen al presidente Saied, han atacado a personajes públicos, como parlamentarios/as y otras figuras políticas, periodistas y un expresidente, mediante actuaciones penales por cargos que criminalizan el discurso legítimo, o imponiendo prohibiciones de viaje arbitrarias, y en algunos casos, incluso efectuando detenciones.

En los dos meses siguientes a la asunción de plenos poderes por el presidente en 2021, Amnistía Internacional documentó 50 casos de prohibiciones de viaje arbitrarias, impuestas sin orden judicial ni otras actuaciones judiciales, que afectaban a jueces, altos cargos, funcionarios, hombres de negocios y miembros del Parlamento de Túnez. Tras arreciar las críticas por las prohibiciones de viaje, el presidente Saied efectuó una declaración el 17 de septiembre de 2021 en la que pedía a la policía fronteriza que sólo impidiera viajar al extranjero a personas sometidas a procedimientos judiciales. Sin embargo, desde junio de 2022, las autoridades han impuesto nuevas prohibiciones de viaje arbitrarias al menos a tres miembros del Parlamento disuelto, de partidos de la oposición al presidente Saied.

También han aumentado significativamente los procesamientos de civiles por tribunales militares: desde el 25 de julio de 2021 han sido juzgadas al menos 12 personas. En cambio, Amnistía Internacional y otros grupos de derechos humanos hallaron que el número de civiles procesados por tribunales militares durante los 10 años anteriores había sido de al menos 6.

Los tribunales también investigaron o procesaron al menos a 29 personas, la mayoría de ellas exmiembros del Parlamento disuelto, por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión.