Amal Nakleh, palestino de 18 años que se unió al boicot, lleva en detención administrativa desde el 21 de enero de 2021. Sufre un raro trastorno neuromuscular que le provoca debilidad en los músculos esqueléticos; tenía 17 años en el momento de su detención inicial

El boicot, que dura ya 100 días, contra los tribunales israelíes emprendido por cientos de personas palestinas en detención administrativa —es decir, sin cargos ni juicio— subraya la necesidad de poner fin a esta práctica cruel e injusta que contribuye a mantener el sistema israelí de apartheid contra la población palestina. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.

Casi la totalidad de las 490 personas palestinas recluidas actualmente en Israel en detención administrativa iniciaron un boicot colectivo el 1 de enero de 2022, negándose a participar en procedimientos judiciales militares que carecen del debido proceso y se usan simplemente para dar el visto bueno a la detención arbitraria. Su acto de desobediencia pone de manifiesto la larga complicidad de los tribunales militares que utilizan la detención administrativa contra la población palestina, en una práctica en la que se recluye a personas durante meses sin cargos ni juicio, a menudo según el capricho de miembros del ejército o el ministro de Defensa y basándose exclusivamente en información secreta proporcionada por la Agencia de Seguridad Israelí.

“Defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas, figuras académicas y otras personas de Palestina han sufrido esta práctica cruel e inhumana y llevan décadas denunciándola, incluso mediante huelgas de hambre. Este boicot es un nuevo llamamiento colectivo que dice que ya basta”, ha declarado Saleh Higazi, director adjunto de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“Este valiente boicot pone de manifiesto el trato inhumano y el castigo infligidos por Israel a la población palestina. La comunidad internacional, especialmente los Estados que tienen una relación estrecha con Israel, debe emprender ahora acciones concretas y presionar a Israel para que ponga fin a su uso sistemático de la detención arbitraria, como paso para desmantelar el apartheid.”

Según el grupo palestino de derechos humanos Addameer, las autoridades israelíes dictaron 5.728 órdenes de detención administrativa contra personas palestinas en los Territorios Palestinos Ocupados entre 2017 y 2021. En 2021 hubo un aumento de 1.695 órdenes, vinculadas a una campaña de detenciones arbitrarias por parte de las autoridades israelíes durante las semanas de violencia en mayo y junio.

Durante décadas, Israel ha utilizado intencionadamente la detención administrativa para recluir a personas, entre ellas presos y presas de conciencia detenidos exclusivamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación, con el fin de castigarlas por sus opiniones y su activismo.

Salah Hammouri, abogado franco-palestino, lleva en detención administrativa desde el 7 de marzo de 2022. Durante años, las autoridades israelíes lo han acosado reiteradamente, lo han sometido a múltiples periodos de detención administrativa y han emprendido acciones para revocar su permiso de residencia en Jerusalén Oriental.

En los últimos años, las autoridades israelíes han intensificado el uso de la detención administrativa, y han recluido sistemáticamente a unas 500 personas palestinas, entre ellas menores de edad. El 28 de marzo de 2022, un día después de que dos policías israelíes murieran por los disparos de dos palestinos armados ciudadanos de Israel, el primer ministro israelí, Naftali Bennett. ordenó a los servicios de seguridad que recluyeran bajo detención administrativa a todas las personas sospechosas de estar implicadas en el ataque.

Amal Nakleh, palestino de 18 años que se unió al boicot, lleva en detención administrativa desde el 21 de enero de 2021. Sufre un raro trastorno neuromuscular que le provoca debilidad en los músculos esqueléticos; tenía 17 años en el momento de su detención inicial. Desde entonces, su detención se ha prorrogado tres veces, la última de ellas el 18 de enero de 2022, cuando un tribunal militar amplió su detención otros cuatro meses.

“Amal Nakleh cumplió 18 años tras pasar casi un año detenido sin cargos. Ya es suficiente tortura para una familia preocuparse por el deterioro de la salud de su hijo sin tener que sufrir la crueldad del limbo de la detención administrativa. Amal Nakleh debe ser puesto en libertad de inmediato”, ha declarado Saleh Higazi.

Islam al Taweel, candidato a la alcaldía de Al Bireh, ciudad de Cisjordania, fue detenido por fuerzas israelíes el 21 de marzo, tras una redada llevada a cabo en su casa a la una y media de la madrugada. El 27 de marzo recibió una orden de detención administrativa de cuatro meses. Su detención tuvo lugar cinco días antes de que se celebraran las elecciones municipales, en las que su lista electoral obtuvo una mayoría de escaños en el municipio de Al Bireh.

El uso generalizado y sistemático de la detención arbitraria, la detención administrativa y la tortura contra la población palestina forma parte de la política estatal de dominio y control sobre dicha población. Estas acciones constituyen los crímenes de lesa humanidad de apartheid, encarcelamiento y tortura.

Información complementaria

Las autoridades israelíes llevan utilizando las órdenes de detención administrativa desde la ocupación de Cisjordania y la Franja de Gaza en 1967.

Las autoridades militares israelíes pueden dictar órdenes de detención administrativa por periodos de hasta seis meses para detener a palestinos o palestinas si existen “motivos razonables” para creer que una persona representa una amenaza para la “seguridad de la zona” o la “seguridad pública”.

Los mandos militares pueden prorrogar las órdenes de detención indefinidamente, pero las personas detenidas deben comparecer ante un juez militar en un plazo de ocho días desde la emisión o la prórroga de una orden de detención, o de lo contrario deben ser puestas en libertad.

Aunque las personas bajo detención administrativa tienen derecho a apelar cada orden de detención y a contar con asistencia letrada de su elección, ni los abogados ni las personas detenidas son informados de los detalles de las pruebas en su contra. Un juez militar tiene poder para confirmar, abreviar o cancelar la orden. Si la orden se confirma, las personas palestinas detenidas pueden recurrir la resolución de los jueces militares ante el Tribunal Supremo de Israel.

El Tribunal Supremo ha señalado la importancia de las apelaciones y ha declarado que la detención administrativa sólo debe utilizarse como medida de prevención contra una persona que constituya un peligro para la seguridad que no pueda prevenirse por ningún otro medio.

El Tribunal, no obstante, aún no ha introducido una normas claras para revisar la detención administrativa, rara vez cuestiona la información en la que se basan las órdenes de detención, y por lo general no examina las decisiones tomadas por los jueces de los tribunales militares.