Las fuerzas de seguridad de Amhara, las milicias y las nuevas autoridades pusieron en marcha una campaña coordinada de persecución étnica a finales de 2020.

En varias localidades de Tigré Occidental se colocaron letreros que ordenaban salir a la población tigriana, y el gobierno local comentó sus planes de expulsar a dicha población en reuniones abiertas. Una mujer tigriana de la localidad de Baeker describió las amenazas que había recibido de Fanos, una milicia irregular amhara: “Decían todas las noches: ‘Te vamos a matar […] Vete de aquí.” Aparecieron folletos que advertían a la población tigriana que moriría si no abandonaba la región en un plazo de 24 o 72 horas.

Las autoridades arrestaron a miles de residentes tigrianos y los sometieron a detención prolongada en condiciones de hacinamiento y abusos. Amnistía Internacional y Human Rights Watch creen que actualmente miles de personas tigrianas continúan recluidas en condiciones que hacen peligrar su vida.

Las fuerzas de seguridad utilizaron también la violación en grupo, acompañada de insultos y agresiones, secuestro y esclavitud sexual. Una mujer tigriana de 27 años contó que un miliciano le había dicho mientras otros hombres la violaban: “Los tigrianos tenéis que desaparecer de todo el territorio al oeste [del río Tekezé]. Eres mala y estamos purificando tu sangre.”

Además, las autoridades de Tigré Occidental impusieron restricciones sobre la libertad de circulación, la ayuda humanitaria, el uso de la lengua tigriana y el acceso a las tierras de cultivo para obligar a la población tigriana a marcharse. Las fuerzas de seguridad amharas y, en algunos lugares, las fuerzas eritreas presentes en Tigré saquearon cultivos, ganado y materiales, privando a la población tigriana de sus medios de vida. Un agricultor de 63 años vio cómo un grupo de hombres destruía su casa. Uno de ellos le dijo: “Éstas no son tus tierras. No tienes nada que reclamar aquí.”

Muchas comunidades tigrianas, ante el riesgo de intimidación y hambruna, no vieron otra salida que marcharse. En otros casos, las autoridades locales facilitaron camiones o autobuses para expulsar a decenas de miles de personas tigrianas y enviarlas al este, a Tigré Central.

Esta campaña coordinada duró meses. En marzo de 2021, decenas de miles de personas tigrianas habían sido expulsadas o habían huido. Los abusos y expulsiones volvieron a aumentar en noviembre de 2021, cuando decenas de miles de personas ancianas y enfermas, madres jóvenes, niños y niñas de etnia tigriana fueron expulsadas, mientras que miles de hombres adultos fueron detenidos y puestos bajo custodia por las fuerzas amharas, que dispararon a los que intentaban huir.

Decían todas las noches: ‘Te vamos a matar […] Vete de aquí’.

Mujer tigriana de la localidad de Baeker

El 17 de enero de 2021, la milicia amhara Fanos y residentes locales acorralaron y detuvieron a decenas de varones tigrianos residentes en la localidad de Adi Goshu.

Miembros de la Fuerza Especial de Amhara acorralaron y ejecutaron sumariamente a unos 60 hombres tigrianos junto al río Tezeké. En opinión de testigos y los pocos hombres que sobrevivieron, la masacre fue un acto de venganza por las graves pérdidas que habían sufrido las fuerzas ahmaras durante los combates librados la noche anterior con fuerzas tigrianas.

“Cuando nos dispararon, yo caí primero y luego vi que disparaban a otros que iban delante y caían al suelo”, contó un sobreviviente de 74 años. “Los que iban detrás de mí me taparon al caer […] Después oí que decían: ‘Los tigrianos no mueren fácilmente, disparad otra vez’.”

Esta matanza desencadenó el éxodo masivo de la población tigriana de Adi Goshu.

Los que iban detrás de mí me taparon al caer […] Después oí que decían: ‘Los tigrianos no mueren fácilmente, disparad otra vez’..

Sobreviviente de 74 años

Según el testimonio de personas que estuvieron recluidas en lugares de detención dirigidos por las fuerzas ahmaras y la milicia Fanos en todo Tigré, muchas personas murieron bajo custodia: unas como resultado de tortura, privación de asistencia médica y falta de comida y agua, y otras asesinadas por los guardias. Un agricultor de 72 años contó: “[Los guardias de la milicia amhara] nos decían continuamente que los tigrianos merecían morir de hambre”.

Tanto las fuerzas federales etíopes como las autoridades ahmaras niegan las acusaciones de limpieza étnica en Tigré Occidental. El 25 de febrero, Amnistía Internacional y Human Rights Watch escribieron a las autoridades federales etíopes y a las autoridades regionales de Amhara y Tigré para comunicarles sus conclusiones. En el momento de redactarse estas líneas sólo había respondido el gobierno regional de Amhara.

En un conflicto armado, todas las partes están obligadas a respetar el derecho internacional humanitario (las leyes de la guerra). Las fuerzas ahmaras y otras afines al gobierno etíope en la división de Tigré Occidental han cometido crímenes de guerra de asesinato, tortura, violación, deportación, traslado forzoso y desaparición forzada. Cuando forman parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil en apoyo de una política de una organización o Estado, tales violaciones de derechos humanos constituyen crímenes contra la humanidad.

El gobierno federal etíope y sus socios regionales e internacionales deben adoptar medidas concretas para proteger a todas las comunidades de Tigré Occidental, entre ellas liberar a la población tigriana detenida arbitrariamente allí y permitir el seguimiento de las medidas de protección. El 24 de marzo, el gobierno anunció una tregua humanitaria. Al margen de cualquier tregua o alto el fuego, las autoridades federales y regionales de Etiopía deben permitir una asistencia humanitaria sin trabas, independiente y sostenida.

Asimismo, el gobierno debe desmovilizar y desarmar a todas las milicias que hayan cometido abusos en Tigré Occidental y someter a escrutinio la Fuerza Especial de Amhara y las fuerzas federales etíopes para retirar a todos los miembros implicados en abusos graves; así lo afirman Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Los cargos civiles —incluidas las autoridades provisionales de Tigré Occidental— y miembros de las fuerzas de seguridad implicados en abusos graves deben ser apartados del servicio en espera de que se lleven a cabo investigaciones.

Todo acuerdo alcanzado por las partes enfrentadas debe incluir el envío urgente a Tigré Occidental de una fuerza internacional de mantenimiento de la paz dirigida por la UA con un sólido mandato de protección civil. Es una medida fundamental para promover los derechos humanos, permitir el reparto de ayuda humanitaria y ayudar a proteger a las comunidades en situación de riesgo en Tigré. Los socios regionales e internacionales de Etiopía deben apoyar estos llamamientos.