En lugar de amenazar con reprimir las manifestaciones, las autoridades de Kazajistán deben resolver la situación de manera pacífica poniendo en libertad inmediata e incondicional a todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente

En respuesta a las protestas que están teniendo lugar en Kazajistán por el aumento de los precios de la energía, el deterioro de las condiciones de vida y la represión de las manifestaciones pacíficas, Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central, ha declarado:

“Las protestas que están recorriendo Kazajistán, que se han convertido en violentas, son consecuencia directa de la represión generalizada de los derechos humanos fundamentales por parte de las autoridades. Durante años, el gobierno ha perseguido implacablemente la disidencia pacífica, y ha dejado al pueblo kazajo en un estado de agitación y desesperanza”.

“En lugar de amenazar con reprimir las manifestaciones, las autoridades de Kazajistán deben resolver la situación de manera pacífica poniendo en libertad inmediata e incondicional a todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente y abordando los abusos cometidos en el pasado por el Estado. Los manifestantes a quienes se acuse de delitos reconocibles internacionalmente por haber cometido acciones violentas deben ser juzgados en juicios justos, conforme al derecho internacional de los derechos humanos.”

“Tanto los compromisos adquiridos por Kazajistán en virtud del derecho internacional como la propia Constitución del país consagran el derecho de reunión pacífica. Las autoridades deben cumplir estas obligaciones, proteger a quienes se manifiestan de forma pacífica y respetar la libertad de expresión. También deben garantizar que la policía no hace uso de fuerza ilegítima y excesiva. Cualquier policía u otros funcionarios responsables de cometer violaciones de derechos humanos deben rendir cuentas de sus actos.”

Información complementaria

El 2 de enero estallaron protestas en la región de Mangystau, sureste de Kazajistán, por el fuerte aumento del precio del gas, que luego se extendieron a otras grandes ciudades, incluida la más grande del país, Almaty.

Las protestas se volvieron gradualmente violentas, y se recibieron informes de que los manifestantes dañaban autos de la policía, entre otros delitos, y de que hoy habían irrumpido en las oficinas administrativas de Almaty. Como respuesta, la policía disparó gas lacrimógeno y granadas paralizantes contra los manifestantes. El presidente Kassym-Jomart Tokayev dijo en un discurso televisado que planea “actuar con la mayor firmeza posible”.

El martes y el miércoles las autoridades declararon un estado de excepción en la región de Mangystau, Almaty y otras ciudades. Además, según se ha informado, restringieron el acceso a Internet y las redes sociales y advirtieron a todos los medios de comunicación de que no debían “violar” la ley de medios de comunicación de Kazajistán, indebidamente restrictiva.

La policía ha declarado que arrestó al menos a 200 manifestantes, y que decenas de agentes habían resultado heridos. La policía detuvo arbitrariamente e interrogó al menos a dos destacados periodistas del servicio de radio local Azzattyk de RFE/RL.

Durante años, las autoridades han reprimido los derechos fundamentales del pueblo kazajo prohibiendo no sólo las manifestaciones pacíficas sino también los partidos políticos de oposición. Se ha detenido y encarcelado tras juicios injustos a numerosos líderes de protestas pacíficas, defensores y defensoras de los derechos humanos, personas que publican blogs y otras. En 2011, al menos 14 manifestantes murieron después de que la policía reprimiera una manifestación en Zhanaozen.