Las autoridades deben redoblar sus esfuerzos para garantizar la verdad, justicia y reparación para todas las víctimas de uno de los episodios más graves de violaciones generalizadas de derechos humanos en la historia reciente de Perú, afirmó Amnistía Internacional 12 meses después del inicio de la oleada de protestas que estalló en todo el país y dejó un saldo de 49 civiles fallecidos y centenares de heridos ante la represión militar y policial. 

El 27 de noviembre, la Fiscal de la Nación Patricia Benavides presentó una denuncia constitucional en contra de la presidenta Dina Boluarte y sus ministros, a tan solo unas horas de que fiscales acusaran a la misma fiscal Benavides de dirigir una red criminal de corrupción. El mecanismo de denuncia constitucional en contra de la jefa de Estado forma parte de la primera fase de un proceso ante el Congreso de Perú, que implicaría levantar la inmunidad de la presidenta y sus ministros para que enfrenten cargos penales. La denuncia constitucional presentada ante el Congreso incorporó solo una parte de la información de una carpeta fiscal mucho más amplia en contra de la presidenta, que permanece a cargo de funcionarios del Ministerio Público y que debe concretarse sin más demora. 

Antes de que se presentara la denuncia constitucional, la Fiscalía de la Nación abrió una serie de investigaciones en diciembre de 2022 y enero de 2023. La primera línea de investigación indaga la responsabilidad de mando de siete altos funcionarios, entre ellos la presidenta Dina Boluarte, ministros del gabinete y mandos policiales y militares. La segunda línea de investigación está a cargo del Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales (EFICAVIP), un equipo creado en marzo de 2023 para investigar las operaciones policiales y militares llevadas a cabo en las diferentes regiones del país. 

“Sin dejar de lado la denuncia constitucional de la Fiscal de la Nación, las otras investigaciones penales en curso tienen que fortalecerse. Aunque los fiscales han registrado algunos avances en sus investigaciones sobre muertes y personas lesionadas, como interrogar a altos funcionarios públicos, policías y militares, deben profundizar más. Han aparecido pruebas que apuntan a la posible responsabilidad penal de mandos u otros superiores. Los fiscales deben hacer todo lo que esté en su poder para llegar al fondo de este asunto y garantizar que las personas afectadas accedan a verdad, justicia y reparación”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional. 

Amnistía Internacional documentó 25 de las 49 muertes en protestas ocurridas entre diciembre 2022 y febrero 2023 y concluyó que al menos 20 de ellas podrían considerarse ejecuciones extrajudiciales, consideradas crímenes bajo el derecho internacional, y que todas ellas deben ser investigadas como tales. Antes de la presentación de la denuncia constitucional del 27 de noviembre, ningún funcionario público había sido formalmente acusado. Si bien la denuncia constitucional nombra a cuatro efectivos policiales y un miembro del ejército, aparentemente de mediano y bajo rango en la cadena de mando, ningún servidor público ha sido detenido. Esto a pesar de que los expedientes penales de las muertes incluyen los nombres de los comandantes a cargo de las operaciones, y los nombres de las unidades y los oficiales policiales y militares implicados en la represión. Asimismo, en declaraciones públicas a los fiscales, diferentes funcionarios señalaron que la presidenta de la República y los ministros del gabinete fueron informados de las operaciones.  

En cuanto a la primera línea de investigación del Ministerio Público sobre la responsabilidad de mando en contra de siete funcionarios públicos de alto nivel, Amnistía Internacional analizó documentos oficiales y entrevistó a abogadas y abogados que representan a las víctimas, así como a las y los fiscales que trabajan en el caso. Según la información recogida por Amnistía Internacional, a pesar de que los fiscales han interrogado a altos cargos, no habrían revisado todas las pruebas clave. Por un lado, según la información que obra en poder de la Fiscalía y que se ha hecho pública, la presidenta habría declarado a los fiscales que desconocía las acciones policiales y militares en respuesta a las protestas y que no le correspondía involucrarse en ellas. Pero la Constitución Peruana establece que la presidenta “es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional”. Además, según informes públicos, tanto el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas como el exministro del Interior han declarado ante el Ministerio Público que la presidenta fue constantemente informada en persona de la situación que se desarrollaba durante las protestas. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la responsabilidad de mando se refiere a la prueba de que las autoridades sabían o debían saber que estaban ocurriendo los hechos, así como a su omisión de tomar medidas para prevenir y/o castigar actos que pudieran dar lugar a violaciones de derechos humanos. 

En una carta oficial del Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas fechada el 20 de enero de 2023, analizada por Amnistía Internacional, las fuerzas armadas respondieron a una petición del Ministerio Público. La solicitud pide registros de cualquier correspondencia oficial recibida por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas desde la presidenta, el ministro de Defensa o el presidente del Consejo de Ministros durante las operaciones en Andahuaylas del 10 al 12 de diciembre de 2022, Ayacucho el 15 de diciembre de 2022 y Juliaca el 9 de enero de 2023. En su respuesta, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas sostuvo que su institución no tenía constancia de comunicación oficial alguna por parte de ninguno de estos altos funcionarios públicos. La ausencia de dicha comunicación, si no es refutada por otras pruebas contundentes, podría ser un indicador de que la presidenta y otros altos oficiales no tomaron las acciones requeridas para evitar violaciones a los derechos humanos. 

Además, en una declaración a la Fiscalía del 23 de enero, el exministro de Defensa y actual presidente del Consejo de Ministros, afirmó que había reenviado al Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas un mensaje de WhatsApp de la presidenta, en el que ella pedía que las operaciones en respuesta a las protestas no causaran pérdidas de vidas humanas. Sin embargo, el único registro de este mensaje de WhatsApp en la carpeta fiscal sería una captura de pantalla de un mensaje que habría sido enviado al Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas el 18 de diciembre, unos tres días después de los acontecimientos en Ayacucho, en los que el ejército utilizó munición real, lo que provocó la muerte de 10 civiles. Esto significa que no existirían pruebas reales de que la presidenta interviniera a tiempo para evitar las trágicas muertes de Ayacucho. 

Los fiscales deben hacer todo lo que esté en su poder para llegar al fondo de este asunto y garantizar que las personas afectadas accedan a verdad, justicia y reparación.

Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional

Esta información sugiere que el fiscal asignado a la investigación de los altos funcionarios puede haber omitido realizar tareas de investigación para analizar estas pruebas clave. Estos indicios podrían apuntar a una omisión por parte de cualquier superior que hubiera tenido la responsabilidad de tomar todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir la comisión de violaciones de los derechos humanos o de someter el asunto a las autoridades competentes para su investigación y enjuiciamiento.  

Además, según la información a la que ha podido acceder Amnistía Internacional, es posible que los fiscales no hayan tomado la iniciativa de solicitar un permiso judicial para acceder a los registros telefónicos de altos cargos durante las protestas.  

Por otra parte, a pesar de que, según información reportada en medios con copia de su interrogatorio ante un fiscal, un agente de policía habría declarado a la Fiscalía, en junio de 2023, que recibió órdenes verbales de utilizar munición real en el operativo llevado a cabo en Juliaca el 9 de enero, y que le habían dicho que estas órdenes procedían de la presidenta, los fiscales no parecen haber seguido esta línea de investigación ni haber vuelto a llamar al agente para interrogarlo. El operativo en Juliaca tuvo un saldo de 18 personas civiles muertas, y según las pruebas recogidas por Amnistía Internacional, la policía y el ejército hicieron uso de munición real para responder a las protestas, medida considerada ilegítima en virtud de los estándares internacionales sobre control de manifestaciones. 

En la segunda línea de investigación, el EFICAVIP, establecido al interior de la Fiscalía especializada en Derechos Humanos e interculturalidad con sede en la capital Lima, ha avanzado a lo largo del año con un equipo que ha crecido y que cuenta actualmente con 41 fiscales de distintos niveles en relación con las diferentes regiones donde ocurrieron las protestas. Si bien este equipo ha logrado importantes avances, persisten serias deficiencias. En los seis meses transcurridos desde que los expedientes de los casos fueron trasladados a este equipo especial en Lima, los fiscales solo realizaron un puñado de visitas a las escenas del crimen en cada ciudad. En el caso de la ciudad de Andahuaylas, donde las operaciones policiales culminaron con cinco civiles muertos los días 11 y 12 de diciembre, los fiscales solo habrían visitado la ciudad dos veces en seis meses. Los abogados de las familias afectadas informaron a Amnistía Internacional que la Fiscalía realizó su primera visita al aeropuerto de Andahuaylas, lugar de la represión policial, ocho meses después de que se produjeran las muertes. Lo mismo ocurrió en la ciudad de Juliaca, en la región de Puno, donde 18 personas perdieron la vida durante la represión policial de las protestas el 9 de enero de 2023. Las familias y sus abogados denunciaron que los fiscales no realizaron una inspección adecuada del lugar de los hechos en el aeropuerto de Juliaca hasta octubre. Cuando se creó el EFICAVIP, el objetivo era que su personal llevara a cabo un trabajo de campo regular, según la información proporcionada por la Fiscalía a Amnistía Internacional. Sin embargo, un representante del EFICAVIP dijo a Amnistía Internacional que solo habían realizado tres o cuatro visitas sobre el terreno a la región de Puno en seis meses.  

Además de los retrasos en las investigaciones, la organización interna del EFICAVIP ha socavado el progreso de la investigación y ha afectado al acceso de las víctimas y sus familias a la justicia. Los fiscales y el personal del equipo especial han rotado en varias ocasiones, lo que ha afectado negativamente al seguimiento de los casos y al contacto con quienes representan legalmente a las víctimas. Víctimas y familiares también han denunciado obstáculos para prestar declaraciones a través de videollamadas, debido al limitado acceso a internet en las zonas rurales, así como problemas para garantizar la interpretación a los lenguas originarias. Estos problemas no se limitan a la labor del EFICAVIP. Las personas abogadas y abogados de las víctimas en el caso contra la presidenta y otros altos funcionarios dijeron a Amnistía Internacional que la programación de las audiencias en Lima ha sido caótica, y que en ocasiones ha obligado a los familiares a desplazarse a la capital con enormes gastos en largos viajes por vía terrestre, solo para que el procedimiento se cancelara el mismo día de la audiencia. 

El ejército y la policía han seguido sin cooperar con la Fiscalía, lo que ha dado lugar a obstáculos que los fiscales aún tienen que superar. Los registros sobre armas y munición siguen incompletos, en parte debido a que la Fiscalía no incautó las armas y las pruebas balísticas con prontitud después de que ocurrieran los hechos; esto también debido a la falta de cooperación del ejército y la policía. El Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dijo a Amnistía Internacional en una entrevista que los rifles que el ejército utilizó en Ayacucho el 15 de diciembre fueron recogidos, empaquetados y entregados a la Fiscalía en enero. Sin embargo, el equipo especial encargado de investigar los sucesos de Ayacucho señaló a Amnistía Internacional que la Fiscalía no recibió ningún arma ni solicitó siquiera su entrega.  

La Policía Nacional del Perú (PNP) también proporcionó a la Fiscalía registros incompletos y desiguales sobre las armas y municiones utilizadas durante las operaciones. Amnistía Internacional presentó tres solicitudes de información pública a la PNP pidiendo información más precisa sobre las armas y municiones utilizadas durante las protestas, pero la policía no cumplió plenamente estas solicitudes. En septiembre, Amnistía Internacional entrevistó a representantes de la PNP que, una vez más, no proporcionaron detalles precisos.  

Finalmente, la coordinación entre los equipos de fiscales que manejan los casos parece deficiente, lo que significa que importantes piezas de evidencia pueden haber sido analizadas por una sección de la investigación sin que esto haya sido compartido con otras áreas de la misma institución para avanzar hacia el objetivo común de descubrir la verdad. Según el Código Procesal Penal peruano, los fiscales del equipo especial deben concluir la fase preliminar de sus investigaciones durante abril y mayo de 2024, mientras que los fiscales que investigan a la presidenta deben hacerlo para junio. Estas fechas representan los plazos para que los fiscales puedan formalizar denuncias, y avanzar a una segunda fase de investigación que da lugar a un eventual proceso penal ante un juez.   

“El estado de las investigaciones sobre las muertes en las protestas es extremadamente preocupante, ya que algunas de las diligencias más básicas aún no se han completado. Por ejemplo, varios familiares y testigos aún no han sido entrevistados, y en algunos casos, incluso pruebas fundamentales como las necropsias se completaron se han completado hasta hace muy poco”, dijo Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú. “En el contexto actual es imprescindible que se garanticen investigaciones prontas, exhaustivas e imparciales. Las investigaciones no deben archivarse por haber ignorado u omitido evidencias fundamentales. Cada día que pasa aumenta la indignación de quienes viven con graves lesiones o con el dolor de haber perdido a sus seres queridos. Perú y el mundo deben saber la verdad, antes de que sea demasiado tarde.”

Cada día que pasa aumenta la indignación de quienes viven con graves lesiones o con el dolor de haber perdido a sus seres queridos. Perú y el mundo deben saber la verdad, antes de que sea demasiado tarde.

Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú