Según revelan numerosos informes publicados en los últimos tres años, de Amnistía Internacional entre otros, la policía croata agredió por sistema a hombres, mujeres y adolescentes que intentaban entrar en el país y destruyó sus bienes; en algunos casos, despojaron de su ropa y calzado a la gente y la obligaron a caminar durante horas por la nieve y atravesar ríos helados

UE: Investigación “significativa” sobre la complicidad europea en la violencia contra personas refugiadas y migrantes en las fronteras de Croacia

La Oficina del Defensor del Pueblo Europeo ha anunciado hoy que abrirá una investigación sobre el posible fallo de la Comisión Europea a la hora de garantizar que las autoridades croatas respetan los derechos fundamentales en sus operaciones fronterizas financiadas por la UE contra personas refugiadas y migrantes. Ante esta decisión, Eve Geddie, directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas, ha manifestado: 

“Amnistía Internacional y otras organizaciones llevan años documentando numerosas violaciones de derechos humanos —incluidas palizas y tortura— contra personas migrantes y solicitantes de asilo por parte de la policía croata, cuyo salario se paga con fondos de la UE. El anuncio, hoy, de una investigación de la Oficina del Defensor del Pueblo Europeo sobre si la Comisión Europea ha permitido que sus fondos sigan utilizándose sin garantizar el respeto de los derechos humanos es un primer paso importante para abordar estos abusos flagrantes y garantizar rendición de cuentas.

Al continuar financiando operaciones fronterizas y dar luz verde a la adhesión de Croacia al Espacio Schengen, la Comisión ha renunciado a su obligación de vigilar cómo se utilizan los fondos de ayuda de la UE y transmitido el peligroso mensaje de que las violaciones flagrantes de derechos humanos pueden continuar sin que nadie haga preguntas.”

La queja presentada por Amnistía Internacional en septiembre de 2020, que puso en marcha la investigación, argumentaba que la Comisión miraba hacia otro lado ante los informes de abusos persistentes. Asimismo revelaba que la Comisión no había establecido un mecanismo de vigilancia independiente para garantizar que las medidas adoptadas por Croacia en sus fronteras —muchas de ellas financiadas a través del instrumento de ayuda de emergencia de la UE— son compatibles con los derechos fundamentales.

Esperamos que la investigación de la Oficina del Defensor del Pueblo Europeo lleve a la Comisión a tomar medidas para garantizar que la ayuda de la UE para operaciones fronterizas no favorece que mujeres, hombres, niñas y niños sufran más violencia y malos tratos en las fronteras de Europa”

Información complementaria

La Oficina del Defensor del Pueblo Europeo decidió abrir una investigación sobre la queja en la que Amnistía Internacional sostiene que la Comisión Europea no ha garantizado el respeto de derechos fundamentales en el contexto de las operaciones de gestión fronteriza financiadas con fondos de la UE.

Croacia es beneficiaria de más de 108 millones de euros del Fondo de Asilo, Migración e Integración de la UE, y ha recibido 23,3 millones adicionales en concepto de ayuda de emergencia para la gestión migratoria y de fronteras desde 2017. La ayuda de emergencia a Croacia cubre en gran medida los costes operativos, incluidos los salarios de las fuerzas policiales que han sido repetidamente acusadas de llevar a cabo devoluciones ilegales y cometer abusos contra migrantes y solicitantes de asilo.

Según revelan numerosos informes publicados en los últimos tres años, de Amnistía Internacional entre otros, la policía croata agredió por sistema a hombres, mujeres y adolescentes que intentaban entrar en el país y destruyó sus bienes; en algunos casos, despojaron de su ropa y calzado a la gente y la obligaron a caminar durante horas por la nieve y atravesar ríos helados.

En octubre, Consejo Danés para las Personas Refugiadas documentó sucesivos casos de palizas brutales, tortura y humillación, así como un caso de agresión sexual contra hombres y niños capturados en territorio croata, que impulsaron a la Comisión Europea a pedir que se investigaran los hechos.