Kirguistán debe cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y garantizar unas condiciones de trabajo justas y favorables para todos los trabajadores y trabajadoras, incluidos los profesionales de la salud

El personal sanitario de Kirguistán ha pagado un precio personal increíblemente alto durante la pandemia de COVID-19. Se les ha obligado a trabajar durante largas jornadas, a menudo sin la remuneración adicional prometida —y, en algunos casos con reducciones del salario— y se les ha sometido a un régimen de cuarentena “carcelario”, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe que se publica hoy.

Según datos oficiales del Ministerio de Salud, durante el periodo de máxima incidencia de la epidemia, desde mediados de marzo hasta el 22 de julio, murieron 20 profesionales sanitarios. Sin embargo, fuentes no oficiales sitúan esa cifra en 40.

“Los profesionales médicos de Kirguistán han trabajado de forma altruista, arriesgando su vida todos los días para atender a sus pacientes, a menudo sin disponer de suministros médicos esenciales. Ante la falta de apoyo adecuado de las autoridades, han recurrido a la ayuda de personas voluntarias. Es terrible que a cambio se les hayan negado sus derechos humanos, estén mal pagados y se vean obligados a guardar silencio sobre sus problemas por temor a represalias”, ha afirmado Heather McGill, investigadora de Amnistía Internacional sobre Asia Central.

Desde mayo, en virtud del llamado “régimen cuartelario” del Ministerio de Salud, se pide al personal médico que trabaje en turnos de 12 horas diarias durante dos semanas consecutivas seguidas de dos semanas de cuarentena. Un profesional médico dijo que las condiciones de la cuarentena suponían “estar como en la cárcel”, y se ha denunciado que a menudo 10 profesionales sanitarios viven en una misma habitación y no pueden ver a sus familias.

“Ahora trabajo 24 horas al día. No puedo salir porque hay muchos pacientes. Trabajo en un departamento de COVID-19, soy el único médico. Tengo un ayudante que es cirujano. Soy el director y no puedo salir cuando termina mi turno. Tengo que estar ahí constantemente. Logramos dormir entre tres y cuatro horas. Hace 30 días que trabajo así”, dijo un doctor a Amnistía Internacional

Equipos de protección individual (EPI) inadecuados

Profesionales sanitarios entrevistados por Amnistía Internacional informaron de que en los primeros momentos de la pandemia se vieron obligados a trabajar sin suministros de EPI adecuados, que sólo estaban disponibles para quienes trabajaban en las “zonas rojas” designadas con pacientes de COVID-19 confirmados.

Profesionales médicos también se quejaron a Amnistía Internacional de la deficiente calidad de los EPI que recibieron y de la falta de capacitación adecuada sobre su uso.

Reducción salarial y demora en el pago

A pesar de sus sacrificios, profesionales médicos entrevistados por Amnistía Internacional revelaron que no han recibido su remuneración en los plazos establecidos, y en algunos casos incluso han experimentado recortes arbitrarios en sus salarios. “Lo principal es que nos paguen el salario que prometieron. Tengo que alimentar a mi familia”, dijo un médico, que se quejó de que esta promesa no se había cumplido.

El personal médico de Kirguistán se cuenta entre los profesionales peor pagados del país, y esto ha contribuido a una fuga de talento médico a otros países y al sector privado, lo cual contribuye a su vez a la escasez crónica de estos profesionales en el sector público.

Represalias por alzar la voz

Lo más preocupante es que, en muchos casos, profesionales médicos contactados durante la investigación no estuvieron dispuestos a manifestar su opinión, e incluso aquellos que accedieron a ser entrevistados pidieron no ser identificados por temor a represalias de sus superiores. En los pocos casos en que el personal médico se ha quejado públicamente, ha sufrido amenazas, despidos o humillaciones de sus empleadores.

“El gobierno de Kirguistán debe tomar medidas para desarrollar mayor resiliencia en el sistema de salud para mejorar la respuesta a la pandemia, y centrarse en proteger los derechos de los profesionales de la salud. Debe garantizar asimismo que todas las personas pueden ejercer el derecho a la libertad de expresión en el país, y adoptar medidas para proteger a quienes denuncian irregularidades”, ha afirmado Heather McGill.

Kirguistán debe cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y garantizar unas condiciones de trabajo justas y favorables para todos los trabajadores y trabajadoras, incluidos los profesionales de la salud. El Ministerio de Salud debe garantizar que se suministra a todo el personal médico equipos de protección individual (EPI) que cumplan las normas internacionales y que reciben formación adecuada sobre la manera de usarlos para evitar la infección.