El trato inhumano que reciben las personas refugiadas y migrantes amenaza con detener los avances que se están realizando para responder a la COVID-19, ha manifestado Amnistía Internacional hoy, a la vez que ha advertido de que los campos de acogida y centros de detención superpoblados se convertirán en nuevos focos si no se toman medidas con urgencia. La organización ha afirmado que las medidas de confinamiento y restricción de la movilidad han agravado las ya terribles condiciones existentes, dejando expuestas a millones de personas a pasar hambre y contraer enfermedades.

La organización pide una acción mundial concertada para proporcionar a centenares de miles de personas en movimiento acceso adecuado a alimentos, agua, saneamiento y atención de la salud a fin de garantizar su supervivencia mientras los países se preparan para salir del confinamiento.

“Es imposible contener eficazmente el virus cuando en todo el mundo hay tantas personas que viven"

En campos de acogida y centros de detención donde las condiciones de hacinamiento y falta de higiene son desesperadas. En un momento en que la necesidad de compasión y cooperación es mayor que nunca, lo que han hecho algunos gobiernos ha sido intensificar la discriminación y los abusos, con medidas como impedir los envíos de alimentos y agua y encerrar a personas o devolverlas a situaciones de guerra y persecución”, ha afirmado Iain Byrne, director del Equipo sobre Derechos de Personas Refugiadas y Migrantes de Amnistía Internacional.

“En muchos campos se observa ya que la muerte por hambre es una amenaza mayor que el propio virus. Este hecho indica que se está eludiendo de manera horrible la responsabilidad colectiva de proteger a las personas refugiadas y migrantes, por lo que instamos a los Estados a tomar de inmediato medidas para prevenir que la situación degenere en una catástrofe para los derechos humanos.”

Muchos gobiernos han aplicado medidas basadas en la discriminación y la xenofobia, que dejan a las personas refugiadas expuestas a sufrir hambre y enfermedades.

Por ejemplo, en el campo de Vucjuk de Bosnia, las autoridades locales han cortado deliberadamente el suministro de agua para forzar la reubicación de quienes viven en él. La situación económica de muchas personas refugiadas es muy precaria, y las medidas de confinamiento y toque de queda hacen que les cueste más que nunca ganarse la vida. En el campo de Zaatari de Jordania, el confinamiento impide por completo a la gente trabajar, lo que supone que no hay comida ni ingresos para satisfacer siquiera las necesidades básicas. En abril, las personas residentes en campos improvisados en los asentamientos de Calais, en Francia, no recibían los envíos necesarios de alimentos y agua debido al confinamiento, y las restricciones de la movilidad les impedían comprar ellas mismas lo que necesitaban, incluso si tenían dinero para pagarlo.

Muchos gobiernos han continuado deteniendo innecesariamente a solicitantes de asilo, con el consiguiente riesgo de que contraigan el virus. No hay tests ni equipos de protección suficientes para el personal de los centros de detención y las personas recluidas en ellos, con lo que se corre el riesgo de que estallen las enfermedades y las muertes. Las personas recluidas en centros de detención de Australia piden que se las deje en libertad, porque temen que el personal al que no se han proporcionados equipos de protección personal lleve el virus a ellos sin darse cuenta.

Otros gobiernos han violado el derecho internacional obligando a personas a regresar a situaciones de peligro con el pretexto de contener la propagación de la COVID-19.

Aplicando el programa oportunista y antimigración existente, entre el 20 de marzo y el 8 de abril Estados Unidos rechazó a 10.000 personas menos de horas después de que llegaran a territorio estadounidense. Asimismo, Malasia rechazó un barco de personas rohinyás que buscaban seguridad, y aunque Bangladesh le permitió al final atracar, al menos 30 personas murieron, según informes, en los dos meses en que el barco estuvo a la deriva. Se sabe que en este momento hay varios centenares de personas que necesitan con urgencia la asistencia de operaciones de búsqueda y salvamento.

Obligar a las personas a regresar a países donde hay razones para creer que pueden sufrir persecución y tortura y otros tratos crueles o degradantes constituye devolución (refoulement), que es ilegal según el derecho internacional. No hay circunstancia alguna en que el principio de no devolución no sea aplicable.

Amnistía Internacional insta a los gobiernos a:

• Garantizar suministros de alimentos y agua suficientes y servicios adecuados de salud a los campos y poner a la gente en cuarentena.

• Considerar la posibilidad de regularizar temporalmente a todas las personas migrantes, cualquiera que sea la documentación de que dispongan; garantizar que los paquetes de estímulo económico y protección se aplican a las personas solicitantes de asilo y refugiadas, y continuar permitiendo el reasentamiento cuando sea posible.

• Descongestionar los campos de acogida, centros de detención de migrantes y asentamientos informales y realojar a sus residentes en condiciones dignas e higiénicas y con acceso adecuado a servicios de salud, alimentos y agua. Dejar en libertad a las personas detenidas por motivos de inmigración si no puede garantizarse su derecho a la salud durante la detención.

• Hacer valer el derecho a solicitar asilo y el principio de no devolución (non-refoulement).

“Los gobiernos no dejan de decir que esta pandemia afecta a todas las personas por igual. Si es así, deben redoblar sus esfuerzos por proteger a los millones de personas de todo el mundo que están sufriendo la pandemia lejos de sus hogares y sus seres queridos”, ha afirmado Iain Byrne.

“Cualquier gobierno que permita que las personas refugiadas mueran de hambre o sed durante el confinamiento habrá actuado terriblemente mal frente a esta crisis.”