El cambio de gobierno en Sudán ofrece una oportunidad sin precedentes para afianzar los derechos humanos. Por ello, es preciso hacer mucho más para facilitar una transición pacífica, rendición de cuentas y un futuro Sudán que proteja, respete y haga efectivos los derechos humanos

La población de Sudán lleva protestando desde 2018, cuando se echó a la calle para expresar su ira por el aumento del coste de la vida y la reducción de la libertad política. Su presión dio resultado, y el 11 de abril el ejército sudanés derrocó al Partido del Congreso Nacional, el partido gobernante, deteniendo al presidente Omar al Bashir y a otros destacados dirigentes del partido.

Sin embargo, aunque los 30 años de régimen de Al Bashir han terminado, la situación de los derechos humanos en Sudán, que se ha deteriorado drásticamente desde el comienzo de las protestas, continúa empeorando. Muchas de las personas que se manifestaron pidiendo paz, justicia, un Estado de derecho y reformas económicas han pagado el precio del cambio con sus vidas y su libertad.

Las fuerzas de seguridad sudanesas reprimieron brutalmente las protestas matando ilegalmente a manifestantes, golpeándolos sin piedad en las calles y deteniéndolos ilegalmente y sometiéndolos a tortura y otros malos tratos. Las fuerzas de seguridad irrumpieron en hospitales, disparando fuego real y gas lacrimógeno contra los pacientes y el personal médico, intentando detener a manifestantes heridos, lo cual supone una indignante violación del derecho internacional.

El derrocamiento de Al Bashir ofrece una oportunidad sin precedentes para afianzar los derechos humanos en la transición de Sudán.

Hasta ahora, las autoridades de Sudán han puesto fin al estado de excepción anunciado el 22 de febrero, han puesto en libertad a manifestantes y han prometido que los agentes de seguridad que mataron a personas que participaban en las protestas serán juzgados. Pero es preciso hacer mucho más para facilitar una transición pacífica, rendición de cuentas y un futuro Sudán que proteja, respete y haga efectivos los derechos humanos.

Amnistía Internacional pide que se marquen estas prioridades en materia de derechos humanos en la transición de Sudán:

1. Respetar los derechos humanos

Los derechos de la población de Sudán a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación, que son críticos para la transición, deben ser protegidos, respetados y hechos efectivos.

2. Poner fin a la represión de la disidencia y las protestas pacíficas

Permitir las protestas, incluida la sentada que se desarrolla ante la jefatura del ejército en la capital, Jartum. Terminar con el uso de fuerza excesiva y letal contra quienes protestan. Incluso tras el derrocamiento de Al Bashir, las fuerzas de seguridad siguen empleando fuerza letal contra quienes protestan. El 21 de abril hirieron a unos manifestantes en la ciudad de Kutum (Darfur Septentrional), mientras que el 4 de mayo mataron a una persona durante un acto de protesta en Nyala (Darfur Meridional).

3. Poner en libertad a los presos y presas de conciencia

Poner en libertad inmediatamente y sin condiciones a todas las personas detenidas por ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación desde el inicio de las protestas, a mediados de diciembre de 2018, incluidos los estudiantes de Darfur detenidos en diciembre de 2018.

4. Entregar al ex presidente Al Bashir a la Corte Penal Internacional (CPI)

Informar con carácter de urgencia del paradero del ex presidente Omar al Bashir y entregarlo inmediatamente a la CPI para garantizar que se hace justicia por las atrocidades perpetradas durante sus 30 años en el poder. Al Bashir está acusado de cinco cargos de crímenes de lesa humanidad, dos de crímenes de guerra y tres de genocidio, presuntamente perpetrados en Darfur.

5. Terminar con la impunidad endémica

Suspender a mandos militares y agentes de la policía y de los servicios de inteligencia sospechosos de haber participado en crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de derechos humanos hasta que sean investigados, y asegurarse de que los sospechosos son procesados cuando haya suficientes pruebas admisibles.

Someter a juicios con las debidas garantías y sin imposición de la pena de muerte a todos los agentes de seguridad, políticos y otras personas sospechosas de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, incluido genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

6. Dar información sobre los miembros del Partido del Congreso Nacional detenidos

Desvelar el paradero de todos los miembros del Partido del Congreso Nacional detenidos y acusarlos de delitos comunes reconocibles con arreglo a las obligaciones de Sudán en virtud del derecho internacional, sin recurrir a la pena de muerte, o ponerlos en libertad. Respetar los derechos de estas personas detenidas, garantizando que tienen acceso a abogados de su elección, visitas de sus familiares y tratamiento médico. No deben ser sometidas a tortura y otros malos tratos bajo custodia.

7. Reformar el Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional

1. Emprender de inmediato una reforma integral del Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional para garantizar que se cumplen las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos.
2. Retirar las inmunidades recogidas en la Ley de Seguridad Nacional de 2010, que otorga a los agentes del Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional facultades de arresto y detención.

8. Garantizar investigaciones imparciales sobre homicidios y tortura

Las investigaciones sobre todas las denuncias efectuadas desde diciembre de 2018 sobre homicidios ilegítimos, tortura y otros malos tratos y muerte bajo custodia deben ser justas, eficaces, exhaustivas y transparentes. Se deben tomar medidas para que los presuntos perpetradores sean procesados en juicios justos sin recurrir a la pena de muerte.

9. Fijar un calendario para la reforma jurídica de la Ley de Seguridad Nacional y otras leyes

Amnistía Internacional considera que este proceso debe ser exhaustivo e incluir la revisión y enmienda de las leyes de Orden Público, Código Penal, Procedimiento Penal, Estado Civil y Prensa y Publicaciones.

10. Establecer una suspensión oficial de las ejecuciones

1. Abolir la pena de muerte.
2. Retirar los artículos que imponen castigos físicos.