Lamentablemente, muchos —incluidos cargos gubernamentales de todo el mundo— piensan que no hay por qué consultar, indemnizar o proteger de quedarse sin hogar a las personas que no tienen el título de propiedad de la vivienda o el terreno que ocupan. Por otra parte, el derecho internacional de los derechos humanos es inequívoco: los desalojos forzosos son ilegales y nunca están justificados

La gélida madrugada del 23 de julio de 2018, unas 10.000 personas residentes en el barrio marginal de Kibera, en Nairobi, contemplaron aún soñolientas cómo sus casas y todas sus posesiones eran aplastadas por excavadoras para hacer sitio a la construcción de la vía “Missing Link” en la ciudad, destinada a enlazar las carreteras de Ngong y Langata. También se derribaron centros de salud, lugares de culto y escuelas, lo que obligó a más de 2.000 estudiantes a interrumpir su educación.

Las dimensiones y la brutalidad de este desalojo forzoso, resultado de los intentos del gobierno de abrir más vías circulatorias para descongestionar el tráfico de Nairobi, llamaron la atención de la opinión pública nacional e internacional, y merecieron su condena. Expertos de la ONU, como Leilani Farha, relatora especial sobre el derecho a una vivienda adecuada, pidieron a las autoridades kenianas que paralizaran todas las demoliciones en curso en Kibera y garantizaran el derecho a una vivienda adecuada y el derecho a la educación.

Sin inmutarse por estas críticas, las autoridades kenianas llevaron a cabo otro desalojo en gran escala con la misma brutalidad 10 días más tarde. El 3 de agosto, las compañías nacionales ferroviaria y eléctrica de Kenia demolieron las viviendas de otras 10.000 personas que residían junto a las vías del tren en Kaloleni yMakongeni, en Nairobi. Amnistía Internacional presenció cómo la gente luchaba por salvar sus pertenencias con frenética desesperación, incluso mientras las máquinas destrozaban sus casas. Una vez más, el desalojo se llevó a cabo sin aviso, consulta ni indemnización adecuados, y en presencia de personal de seguridad fuertemente armado.

La vivienda asequible es una de las “Cuatro Grandes" prioridades de desarrollo para Kenia en los cuatro años siguientes. Cabe preguntarse cómo pretende cumplir ese objetivo el gobierno cuando continúa dejando a miles de familias sin hogar. La semana pasada, el gobierno de Kenia firmó un acuerdo con la Oficina de Servicios para Proyectos, de la ONU, para la financiación conjunta de 100.000 unidades habitacionales asequibles. Sin embargo, en el contexto de los desalojos y un déficit de unos dos millones de unidades habitacionales, el reciente acuerdo marca la tendencia del gobierno a dar un paso adelante y dos atrás.

Los desalojos forzosos sumen a las personas aún más en la pobreza. Muchas personas que han sufrido un desalojo forzoso no tienen otra salida que vivir en un lugar aún más precario que el anterior. Las personas a las que el gobierno, con sus actuaciones ilegales, ha dejado en una situación mucho peor, ¿qué oportunidad tendrán de acceder a una vivienda adecuada y asequible?

En Nigeria, Amnistía Internacional descubrió que muchas de los miles de personas desalojadas a la fuerza del asentamiento informal de Otodo-Gbame en Lagos en 2017 continúan sin hogar y viven en la miseria. Se han roto familias y sus miembros han buscado refugio en asentamientos informales cercanos, donde muchos comparten espacio con otras 20 personas. Una mujer contó a Amnistía Internacional que había perdido su casa y su fuente de ingresos y que ahora duerme sobre cajas de cartón y sus cinco hijos ya no van a la escuela. La prioridad otorgada al proyecto de megaciudad por las autoridades del estado de Lagos niega la idea de inclusividad y pone en grave peligro vidas, medios de subsistencia y el acceso a la educación.

Los desalojos forzosos no se circunscriben al entorno urbano. En zonas rurales de todo el mundo también se ven ejemplos de esta violación de derechos humanos. En Eswatini (antes Suazilandia), cientos de agricultores de subsistencia se han quedado sin hogar y han sido privados de sus medios de subsistencia al ser expulsados de sus tierras para dar paso al desarrollo. Amnistía Internacional documentó los casos de familias que sufrieron un desalojo forzoso en 2014 y 2018, y su lucha continua para rehacer sus vidas. "No nos consideran personas. Nos dejaron a la intemperie como si fuéramos animales, o desechos”, dijo una mujer cuya casa había sido demolida.

Lamentablemente, muchos —incluidos cargos gubernamentales de todo el mundo— piensan que no hay por qué consultar, indemnizar o proteger de quedarse sin hogar a las personas que no tienen el título de propiedad de la vivienda o el terreno que ocupan. Por otra parte, el derecho internacional de los derechos humanos es inequívoco: los desalojos forzosos son ilegales y nunca están justificados, ni en el caso de que la persona no tenga derecho legalmente reconocido a la casa o tierra que ocupa. El desalojo forzoso constituye una grave violación del derecho a la vivienda y suele dar lugar a violaciones de otros derechos humanos, como el derecho a la vida, a la alimentación, al agua, a la salud, a la educación y al trabajo.

Sin duda, ante este nuevo Día Mundial del Hábitat, legisladores y líderes políticos *volverán a llenarse la boca con la aspiración de un vivienda adecuada para todas las personas. Ya es hora de que nos tomemos esta injusticia como una cuestión personal para reclamarles, plantearles preguntas y exigirles respuestas. Los residentes de asentamientos informales en muchas partes del mundo ya lo están haciendo a través de la protesta pacífica y otras formas de activismo. Debemos sumarnos a su causa y recordar a los gobiernos que la vivienda es un derecho humano inalienable. Si los líderes mundiales tienen la intención seria de lograr el acceso universal a una vivienda adecuada y asequible, un paso fundamental es poner fin a los desalojos forzosos.

Este artículo se publicó originalmente en el periódico Daily Nation de Kenia.