La Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia aprobaron una ley para la protección de los adultos mayores. Sin embargo, si esta no se materializa en políticas públicas eficientes podría tener consecuencias letales sobre las millones de personas adultas mayores que viven en el país

Por: Alexsayder Castellanos

El Estado venezolano ha vulnerado el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a una vivienda digna y el derecho a la recreación; de mujeres y hombres de edad avanzada, por ende se han ido menoscabando sus condiciones de vida, violentándose así un mandato consagrado en el artículo 80 de la Carta Manga.

Venezuela no se ha suscrito a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Aun cuando 12% de su población pertenece al envejecimiento demográfico (3,5 millones) y en 2050 podrían llegar a representar 21% del total (7,7 millones).

El panorama del adulto mayor en Venezuela es desolador:

• No hay plan nacional de envejecimiento que profundice normas y políticas
• Tres de cada cinco personas mayores se acuestan regularmente sin comer
• 23% de la población en Miranda, Lara y Bolívar vive en situación de soledad
• Este grupo poblacional enfrenta mayores riesgos frente al COVID-19

De acuerdo a una reciente investigación, las condiciones actuales de vida de las personas con edad avanzada son de absoluta fragilidad ya que se les imposibilita acceder tanto a alimentos básicos como a sus medicamentos; y se han registrado más de 300 muertes violentas producto de la delincuencia armada.

Actualmente 86,9% de las personas mayores viven en situación de pobreza, según señala Convite, que se dedica a la promoción de derechos sociales, en su informe anual sobre el acceso a la salud y el envejecimiento poblacional.

Todo esto demuestra que las personas de edad avanzada «sobreviven» en medio de una Emergencia Humanitaria Compleja que tiene un impacto desproporcionado sobre ellas y además se ha agudizado por los efectos de una pandemia, que acentúa la situación en la afectación de numerosos derechos humanos.

“Se debe reconocer a las personas mayores como sujeto pleno de derechos, garantizando que la edad no se convierta en un factor de discriminación para la prestación de asistencia”, declara Luis Francisco Cabezas, Director de Convite, ante la falta de una política de asistencia y protección hacia este grupo.

Población más ignorada

En relación a las condiciones de vida y salud de este grupo etario, la Asociación Civil ha constatado por medio de una investigación en 5 capitales de estado (Maracaibo, Mérida, Valera, San Fernando y San Juan de Los Morros), que la mayoría cuentan con los servicios públicos básicos, pero no lo reciben con la frecuencia y calidad adecuada, lo cual resulta desgastante. Además, identificaron que  92% de las personas mayores consultadas no poseen una póliza de salud.

Por ser el grupo poblacional que enfrenta mayores riesgos frente a la COVID-19, el 71% de las personas de 1.202 encuestados cumplen con las recomendaciones dadas por los especialistas para evitar un posible contagio. Igualmente, se recomienda diseñar un programa de apoyo y soporte domiciliario durante todo el tiempo que permanezca vigente las medidas de confinamiento social en el país. 

“Venezuela vive la peor crisis de garantía y violación de derechos. El Estado abandonó su mandato de proteger a la población y no conforme con eso, también criminaliza y persigue a las organizaciones que demandan la exigibilidad de los derechos humanos”, manifestó.

A juicio del defensor, lo que aseguraría la no repetición de la actual Emergencia Humanitaria Compleja es que las autoridades venezolanas investiguen los delitos, garanticen justicia y reparación a todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos y otorguen castigo a los autores responsables.

Adultos mayores en pobreza

Un 86,9% de las personas mayores viven en situación de pobreza y más de 80% de las personas mayores requieren tomar algún tipo de medicamentos, pero solo 5% puede conseguirlos con regularidad, según la investigación oficial de la ONG.

Para el director de Convite el panorama de salud en Venezuela se ve agravado debido a los bajos ingresos, el proceso inflacionario y a decisiones que han impedido que estas personas puedan costear sus propios gastos o que la industria farmacéutica pueda activarse.

La pensión que reciben equivale a menos de 2 dólares mensuales, lo cual no permite que puedan proveerse los bienes y servicios más básicos para subsistir. Se ha registrado un incremento en el número de protestas por el Comité de Jubilados y Pensionados en las que expresan la imposibilidad que tienen para vivir.

 “Se deben diseñar mecanismos, a través de los cuales pueda haber una regular provisión de medios de vida para las personas adultas mayores. Desde la asociación civil hemos propuesto al Ejecutivo Nacional que, mientras dure la pandemia, a todos los pensionados se les otorgue desde $50 a $100 mensuales para que puedan cubrir sus requerimientos en alimentación y medicina”, dijo.

Riesgo de morir

Las muertes violentas de personas mayores están vinculadas a la responsabilidad del Estado porque su obligación es proteger, cuidar y mantener las condiciones materiales de vida que eviten la exposición anticipada al riesgo de morir. Sus responsabilidades van desde la garantía del derecho a la vida y a la integridad, hasta el ejercicio pleno de todos los demás derechos humanos.

“En los últimos años, la victimización de las personas mayores ha aumentado, ya que más 300 han sido asesinadas de forma violenta, lo que demuestra como la situación de soledad los ha convertido en blancos de la delincuencia armada”, denuncia Luis Francisco Cabezas.

Su estudio realizado entre enero y diciembre del 2020 refleja que 372 personas mayores perdieron la vida de forma violenta, discriminadas de la siguiente manera: 178 por causas imputables a la delincuencia; 69 por descuido, negligencia o impericia; 46 muertes con responsabilidad del Estado y 79 muertes de otro tipo.

De acuerdo con el Informe de Victimización de Personas Mayores, realizado por la Asociación civil Convite, estas muertes podrían haberse prevenido y evidencian la negligencia y el incumplimiento de las obligaciones por parte del Estado frente a amenazas procedentes de particulares y de entes público o privados.

Vejez en condiciones frágiles

El proceso de envejecimiento demográfico tiene múltiples repercusiones en las distintas esferas de la sociedad; además, de las importantes exigencias que impone a nivel de las familias y de las comunidades. Este cambio poblacional demanda una atención inmediata para hacer frente a los desafíos que ello implica para garantizar los derechos de las personas mayores.

Según la asociación venezolana en el país estos desafíos son enormes. Se requiere abordar simultáneamente una serie de problemas sociales que afectan a otros grupos poblacionales, ahora posiblemente complejizados como consecuencia de la pandemia por la COVID-19.

“Gran cantidad de nuestra población demográfica trabaja en condiciones informales lo que hace que no puedan capitalizar activos tangibles para el momento de su vejez, es decir, van a envejecer en condiciones de fragilidad y ser totalmente dependiente del Estado”, indica.

Por otra parte, Convite ha llevado a cabo estrategias de incidencia ante organismos de derechos humanos en Latinoamérica, ya que ha logrado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concediera una audiencia temática para visibilizar la situación de las mujeres y hombres de edad avanzada. También, han enviado al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas su más reciente informe para el examen universal.

Recientemente, la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia aprobaron una ley para la protección de los adultos mayores. Sin embargo, si esta no se materializa en políticas públicas eficientes podría tener consecuencias letales sobre las millones de personas adultas mayores que viven en el país.