Las autoridades de Qatar han dado un importante paso en la protección de los trabajadores y trabajadoras migrantes al aprobar dos leyes que podrían asestar un certero golpe al abusivo sistema de patrocinio (kafala). Sin embargo, si Qatar desea terminar realmente con la explotación laboral, es fundamental que estas medidas legislativas se apliquen en su totalidad, ha manifestado Amnistía Internacional.

El emir de Qatar ha abolido hoy las restricciones para que los trabajadores y trabajadoras migrantes cambien de trabajo sin el permiso de quienes los emplean y ha introducido un salario mínimo mensual de 1.000 riales qataríes, más complementos básicos en algunos casos.

“Durante demasiado tiempo, las leyes que prohíben a los trabajadores y las trabajadoras cambiar de trabajo sin el permiso de sus entidades empleadoras, así como los bajos salarios generalizados, han dejado a los trabajadores y trabajadoras migrantes en Qatar a merced de empleadores abusivos. Acogemos con satisfacción la entrada en vigor de estas nuevas leyes, y pedimos ahora a las autoridades qataríes que se aseguren de que se aplican rápida y adecuadamente”, ha declarado Steve Cockburn, director de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional.

“Si su aplicación se lleva a cabo según lo prometido, la eliminación de las restricciones para que los trabajadores y trabajadoras cambien de trabajo debería facilitar que huyeran de los abusos. Se trata de una esperanzadora señal de que tal vez el país esté yendo por fin en la dirección correcta. Pedimos a Qatar que avance en esta dirección, con reformas como eliminar el cargo de ‘fuga’, para garantizar la plena protección de los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras.”

El emir de Qatar anunció ambas leyes de reforma en octubre de 2019, y hoy han sido promulgadas.

La primera abolirá el “certificado de no objeción”, que impide que los trabajadores y trabajadoras migrantes cambien de trabajo sin el permiso de sus entidades empleadoras. En virtud de la nueva ley, podrán dejar su trabajo avisando por escrito con un mes de antelación si han trabajado para la entidad empleadora durante menos de dos años, o dos meses si su relación laboral ha sido más larga. El trabajador o trabajadora no tendrá que pagar estos gastos y la solicitud de traslado será tramitada por el Ministerio de Trabajo.

Sin embargo, a pesar de estas reformas, las entidades empleadoras pueden seguir denunciando por “fuga” a los trabajadores y trabajadoras que hayan dejado su trabajo sin permiso, y también siguen siendo responsables de renovar y cancelar sus permisos de residencia, lo cual les otorga aún un considerable poder sobre ellos.

La segunda ley de reforma introduce un salario mínimo mensual de 1.000 riales qataríes (275 dólares estadounidenses), más complementos de 300 riales para alimentos y 500 para alojamiento si no los proporciona la empresa. Este salario se aplica a todos los trabajadores y trabajadoras, incluso a los domésticos, que anteriormente habían sido excluidos de las medidas de reforma. En 2019, la OIT llevó a cabo un estudio para asesorar sobre el establecimiento de un salario mínimo. Aunque el estudio no se ha hecho público, noticias aparecidas el año pasado en los medios de comunicación sugerían que la organización había recomendado un salario mínimo de al menos 1.250 riales.

El nuevo salario mínimo sustituye otro provisional de 750 riales introducido en 2017, aunque algunos países ya habían negociado salarios mínimos más elevados para sus nacionales a través de acuerdos bilaterales. A los trabajadores y trabajadoras nepalíes ya se les pagaban 900 riales mensuales, y a los filipinos, 1.400 riales.

“Si bien el nuevo salario mínimo mejorará los ingresos de algunos de los trabajadores y trabajadoras peor pagados de Qatar, la cantidad establecida sigue siendo baja. Para que realmente suponga un cambio, tendría que ser revisado con regularidad e irse incrementando progresivamente a fin de garantizar condiciones justas y favorables para los trabajadores y trabajadoras”, ha dicho Steve Cockburn.

“Es preciso que vaya acompañado de actuaciones mucho más firmes contra entidades empleadoras que no pagan adecuadamente a sus empleados o incluso que no les pagan. A fin de garantizar el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado, Qatar también debe actuar frente a las tarifas de contratación ilegales que dejan a muchos trabajadores y trabajadoras migrantes en una situación de servidumbre por deudas.”

“Estas reformas son una novedad positiva, pero las autoridades qataríes deben hacer mucho más para acabar con el abuso sistemático de los trabajadores y trabajadoras migrantes. Con la entrada en vigor de estas nuevas leyes, pedimos a Qatar que aplique sólidos mecanismos de inspección y presentación de denuncias que permitan a los trabajadores y trabajadoras víctimas de abusos de derechos humanos acceder rápidamente a la justicia y obtener reparación.”