“El régimen del presidente Abdel Fatah al Sisi está decidido a eliminar cualquier recuerdo de la matanza del verano de 2013, pero el fantasma de lo sucedido siempre perseguirá a su gobierno”, ha dicho Najia Bounaim, directora de campañas de Amnistía Internacional para el Norte de África

La ausencia de medidas por parte de las autoridades de Egipto para exigir responsabilidades por la matanza de al menos 900 personas que participaban en manifestaciones en las plazas cairotas de Rabaa al Adawiya y Al Nahda, perpetrada por las fuerzas de seguridad en 2013, viene a resumir la crisis de derechos humanos sin precedentes que atraviesa el país; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

“El régimen del presidente Abdel Fatah al Sisi está decidido a eliminar cualquier recuerdo de la matanza del verano de 2013, pero el fantasma de lo sucedido siempre perseguirá a su gobierno”, ha dicho Najia Bounaim, directora de campañas de Amnistía Internacional para el Norte de África.

“Las reiteradas faltas de respeto a los derechos de los manifestantes por las autoridades egipcias, y su falta de medidas para exigir responsabilidades por las matanzas, han favorecido un entorno donde las fuerzas de seguridad sienten que pueden violar los derechos humanos con absoluta impunidad.”

“La matanza de Rabaa fue un punto de inflexión terrible para los derechos humanos en Egipto. En estos cinco años, las fuerzas de seguridad egipcias han cometido violaciones de derechos humanos en una escala sin precedentes, incluidas desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.”

Las autoridades egipcias, en lugar de buscar justicia para las víctimas de la masacre, han representado un juicio espectáculo multitudinario contra 739 personas —entre quienes figuran periodistas y fotógrafos, incluido Mahmoud Abu Zeid “Shawkan”— que asistieron a las manifestaciones aquel día. Todas están acusadas de participar en protestas no autorizadas y además se enfrentan a otros cargos, desde asesinato hasta “incitación a infringir la ley”, “pertenencia a un grupo ilegal”, “concentración ilegal” y participación en actos violentos.

No sólo los fiscales no han presentado pruebas de la responsabilidad individual de cada uno de los 739 acusados; el tribunal penal de El Cairo tampoco ha establecido esa responsabilidad, por lo que es un juicio manifiestamente injusto. Pese a ello, 75 acusados se enfrentan actualmente a la pena de muerte.

El 16 de julio, la Cámara de Representantes aprobó un anteproyecto de ley presentado por el gobierno que otorgaba inmunidad y privilegios a altos mandos de las fuerzas armadas elegidos por el presidente Al Sisi. La nueva ley otorgaría a los agentes de seguridad inmunidad frente al procesamiento por cualquier acto cometido en el desempeño de sus funciones en el periodo de suspensión de la Constitución, del 3 de julio de 2013 al 10 de enero de 2016.

Según el artículo 6 de esta ley, “los agentes disfrutarán asimismo de las inmunidades especiales para los jefes y miembros de misiones diplomáticas durante el periodo de servicio activo y  el periodo para el que hayan sido citados”.

“Esta nueva ley refleja las distorsionadas prioridades del gobierno de Al Sisi. Da la impresión de que el objetivo es fomentar un entorno de impunidad y de falta de respeto a las leyes internacionales, la Constitución egipcia y los principios elementales de la justicia”, ha dicho Najia Bounaim.

“Las autoridades han reforzado sin pudor los privilegios de las fuerzas de seguridad que participaron en la represión de Rabaa, y en cambio persiguen a manifestantes y periodistas que estaban ejerciendo su libertad de expresión y de reunión. Es terrible que algunos puedan pagarlo incluso con su vida.”