Amnistía Internacional Malasia acoge con satisfacción el anuncio realizado el 2 de julio por Datuk Seri Nadzri Siron, vicesecretario general del Ministerio del Interior, de que el gobierno de Malasia ha suspendido la ejecución de la condena a muerte de 17 personas, en espera de la revisión de las leyes sobre la pena de muerte del país

El anuncio se ha producido sólo días después de que el viceprimer ministro Wan Azizah Wan Ismail confirmase el compromiso del gobierno de estudiar la abolición la pena de muerte preceptiva para todos los delitos.

“Llevamos mucho tiempo esperando la suspensión de las ejecuciones en Malasia y el anuncio ayer de un aplazamiento para 17 personas nos llena de esperanza en un nuevo capítulo en la protección y la promoción de los derechos humanos en el país. Este primer paso debe ir seguido sin dilación de la abolición total de la pena de muerte para todos los delitos”, manifestó Gwen Lee, directora ejecutiva interina de Amnistía Internacional Malasia.

Según las cifras reveladas por la subdirección del Departamento de Prisiones, en Malasia hay 1.267 personas condenadas a muerte, de las que 442 han concluido sus recursos judiciales.

“Es fundamental que se establezca una moratoria oficial de las ejecuciones que incluya todos los casos y abarque todas las etapas del camino de Malasia hacia la abolición. Mientras otros países consideran medidas similares, las autoridades no deben seguir dudando, sino hacer que Malasia se una a la mayoría de los países del mundo que han relegado la pena de muerte a los libros de historia”, dijo Gwen Lee.

La pena de muerte es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, independientemente de quién sea la persona acusada, de la naturaleza o las circunstancias del delito, de su culpabilidad o inocencia y del método de ejecución.

Quienes apoyan la pena de muerte en países en los que tienen lugar ejecuciones habitualmente, como Malasia, suelen alegar que esta pena es una forma de disuadir a las personas de cometer delitos. Sin embargo, esta postura ha sido desacreditada en repetidas ocasiones; no hay pruebas que demuestren que sea más eficaz que la cadena perpetua a la hora de reducir la delincuencia.

“Ya es hora de que Malasia dé prioridad a los principios de los derechos humanos y se convierta en un catalizador del cambio positivo en la región de Asia y Oceanía. El gobierno de Malasia debe presentar un proyecto de ley para abolir la pena de muerte en el próximo periodo de sesiones del Parlamento y tener la voluntad política de abolir totalmente esta pena de una vez por todas en Malasia”, concluyó Gwen Lee.

Información complementaria

El viceprimer ministro Wan Azizah Wan Ismail anunció el 29 de junio que el gobierno malasio está estudiando la posibilidad de abolir la pena de muerte preceptiva en la legislación nacional.

El uso de la pena de muerte en Malasia es muy poco transparente, pues no se dispone de cifras e información públicas sobre las ejecuciones previstas. Amnistía Internacional recibió información de que en 2017 se llevaron a cabo al menos cuatro ejecuciones, aunque la organización cree que es probable que la cifra total fuera más alta. Los familiares de tres de los hombres ejecutados dijeron a Amnistía Internacional que las autoridades los habían invitado a visitarlos en la cárcel dos días antes de las ejecuciones y que no les habían informado de la fecha exacta de ejecución hasta su última visita, 24 horas antes. La ejecución de un ciudadano filipino prevista para el 18 de agosto en el estado de Sabah fue aplazada posteriormente.

El 30 de noviembre de 2017, la cámara baja del Parlamento aprobó el proyecto de Ley D. R.45/2017 —que modificaba la Ley de Drogas Peligrosas de 1952— sólo una semana después de que el gobierno anterior lo presentara en el Parlamento. La ley modificada, que entró en vigor en marzo de 2018, conservaba la pena de muerte preceptiva para todas las personas declaradas culpables de transportar, enviar o entregar una sustancia peligrosa salvo que hubieran cooperado en el cumplimiento de la ley alterando las actividades de narcotráfico, una gama extremadamente reducida de circunstancias. En tales casos, la única sentencia alternativa era la cadena perpetua y un mínimo de 15 latigazos, un castigo cruel prohibido por el derecho internacional. Vulnerando las normas y leyes internacionales, la ley modificada se aplicaría a personas que aún no hubieran sido declaradas culpables cuando la modificación entrara en vigor. Las que ya estuvieran condenadas a muerte por narcotráfico seguirían, por tanto, en el corredor de la muerte.

A día de hoy, 106 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos y 142 son abolicionistas en la ley o la práctica.