Según informes de los medios de comunicación, se han producido 2.500 detenciones, casi 200 muertes violentas  y varios miles de lesiones desde el 16 de julio de 2024, cuando las protestas acabaron en un baño de sangre. Otros informes afirman que se ha acusado a 61.000 personas de violencia relacionada con las protestas

Las autoridades de Bangladesh han seguido utilizando la fuerza de forma ilegítima contra manifestantes estudiantiles, en un contexto de seis días de cortes y restricciones a las comunicaciones durante las protestas por la reforma del sistema de cuotas en todo el país. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional al publicar la segunda parte de su serie de análisis de indicios.

El acceso a Internet en todo el país fue parcialmente restablecido el 23 de julio después de seis días de desconexión total en un contexto de volatilidad marcado por la represión de manifestantes, el despliegue de las fuerzas armadas, un toque de queda y la emisión de órdenes de disparar sin previo aviso. La escasa información que sale del país ha sido un impedimento para la vigilancia de la situación de los derechos humanos. Amnistía Internacional ha respondido a la evolución de la situación mediante la verificación y el análisis de indicios fotográficos y de vídeo. Amnistía Internacional y su Laboratorio de Pruebas del Programa de Respuesta a las Crisis han verificado vídeos de tres incidentes de uso ilegítimo de armas letales y de letalidad reducida por los organismos encargados de hacer cumplir la ley en operaciones de control policial de las protestas.

Amnistía Internacional insta al Gobierno de Bangladesh y a sus organismos a que respeten el derecho a la protesta, pongan fin a la represión violenta y levanten de inmediato todas las restricciones a las comunicaciones.

Deprose Muchena, director general de Impacto Regional en Derechos Humanos de Amnistía Internacional

“La verificación y el análisis continuos por parte de Amnistía Internacional de los indicios fotográficos y de vídeo que salen de Bangladesh a cuentagotas ofrecen un panorama sombrío. Los atroces antecedentes en materia de derechos humanos del gobierno de Bangladesh y del Batallón de Acción Rápida, que se ha desplegado para controlar las protestas, ofrecen pocas garantías de que se protegerán los derechos de las personas manifestantes, en ausencia de una vigilancia internacional activa a causa de las restricciones parciales a Internet y las comunicaciones”, ha manifestado Deprose Muchena.

“Amnistía Internacional insta al Gobierno de Bangladesh y a sus organismos a que respeten el derecho a la protesta, pongan fin a la represión violenta y levanten de inmediato todas las restricciones a las comunicaciones.”

* Queda a la discreción del lector/a la decisión de ver los vídeos de los actos violentos cuyos enlaces figuran a continuación.

Uso abusivo de armas de letalidad reducida; omisión de asistencia médica

El 18 de julio, aparecieron en las redes sociales vídeos de un manifestante, posteriormente identificado como Shykh Aashhabul Yamin —estudiante del Instituto Militar de Ciencia y Tecnología— que según informes resultó herido y murió en unos enfrentamientos con agentes de policía durante una protesta próxima a una estación de autobuses de Savar, cerca de la capital, Dacca.

El primer video muestra un vehículo blindado para transporte de personal bajando por la carretera que va de Dacca a Aricha sobre el que yace el cuerpo inconsciente de Yamin. En un segundo video se ve a un agente intentando levantar el cuerpo de Yamin por los brazos mientras otro agente lo agarra por las piernas y lo lanza violentamente fuera del vehículo, lo que provoca que la cabeza de Yamin se golpee con el pavimento al caer. En el último vídeo, dos agentes pertrechados con equipo antidisturbios salen del vehículo blindado y parecen mirar el cuerpo de Yamin, tendido en el suelo delante de ellos. Finalmente, los agentes levantan a Yamin del suelo y lo pasan a rastras sobre las medianeras de la carretera, soltándolo al otro lado, junto a un grupo de agentes. Por último, el vehículo blindado se aleja dejando el cuerpo de Yamin en la carretera. Los informes de prensa afirman que Yamin murió más tarde ese mismo día a causa de las lesiones.

En los tres vídeos verificados por Amnistía Internacional, ninguno de los 12 agentes visibles intentó prestar asistencia médica a Yamin.  El apartado 5.c de los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley requiere que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley procedan de modo que se preste lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas. Derrick Pounder, patólogo forense independiente que examinó los indicios fotográficos de las heridas en el pecho de Yamin, contó a Amnistía Internacional que podía presumirse razonablemente que la causa de su muerte se debía a las lesiones por perdigones de la parte izquierda del pecho que se apreciaban en el cadáver. Amnistía Internacional considera que los perdigones son absolutamente inapropiados para la aplicación de la ley y no deben usarse en las operaciones de control policial de protestas.

Uso peligroso del gas lacrimógeno

En otro video publicado el 18 de julio, un agente dispara gas lacrimógeno a través de una verja cerrada en la Universidad de BRAC, en Dacca, donde se produjeron enfrentamientos violentos entre la policía y manifestantes estudiantiles. Un video filmado desde el interior de la universidad sugiere que una multitud de estudiantes manifestantes se congregaron al fondo de un patio cerrado mientras el agente de la policía de Bangladesh disparaba contra ella a través de las verjas de la universidad.

En estos vídeos, verificados por Amnistía Internacional, las acciones del agente de policía constituyen claramente un uso ilícito e innecesario de la fuerza. Las fuerzas encargadas de la aplicación de la ley nunca deben disparar gas lacrimógeno al interior de un espacio cerrado que en el que no haya vías claras para escapar de los efectos de la sustancia química irritante. Según informes de la prensa local, al menos 30 personas sufrieron lesiones debido al uso de gas lacrimógeno en el campus de la Universidad de BRAC.

Uso de armas de fuego letales

En un video que circula en las redes sociales desde el 20 de julio se ve a un agente disparando un fusil de asalto tipo AK durante las protestas. El vídeo de siete segundos verificado por Amnistía Internacional se filmó frente a un banco de DIT Road, en el barrio de Rampura, en Dacca. En él se ve a varios agentes de la policía y de la guardia de fronteras de Bangladesh de pie junto a un vehículo blindado para transporte de personal. Uno de los agentes apunta un fusil de asalto chino tipo 56-1 hacia objetivos que quedan fuera de campo y dispara dos salvas.

Las armas de fuego no son una herramienta adecuada para el control policial de reuniones: sólo deben utilizarse cuando sea estrictamente necesario para hacer frente a una amenaza inminente de muerte o lesión grave.

En otro video, también filmado en el barrio de Rampura en algún momento antes del 19 de julio, se ve a unos agentes de policía pertrechados con equipo antidisturbios marchando por una carretera junto a un vehículo blindado para transporte de personal, equipados con escopetas de calibre 12 y lanzagranadas de 37/38 mm. Algunos de los agentes de policía disparan múltiples tiros desde escopetas a objetivos que quedan fuera de campo.

Debe llevarse a cabo urgentemente una investigación independiente e imparcial sobre todas las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, incluido el elevado número de muertes de manifestantes.

Deprose Muchena

“Las autoridades deben levantar de inmediato las órdenes de disparar sin previo aviso, restablecer el pleno acceso a Internet en todo el país y dejar de recurrir al ejército y las fuerzas paramilitares para el control policial de las protestas. También deben garantizar que en el futuro no se dan órdenes de disparar sin previo aviso ni se emplean el toque de queda y los cierres de Internet. Estas medidas represivas son un intento deliberado de aplastar tanto estas protestas como cualquier disidencia futura”, ha afirmado Deprose Muchena.

“Debe llevarse a cabo urgentemente una investigación independiente e imparcial sobre todas las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, incluido el elevado número de muertes de manifestantes, y se debe hacer rendir cuentas plenamente a todos los responsables. Las víctimas del uso ilegítimo de la fuerza por parte de la policía, incluidas las personas que han resultado heridas y los familiares de las que han muerto, también deben recibir una reparación completa del Estado”.

Información complementaria

Según informes de los medios de comunicación, se han producido 2.500 detenciones, casi 200 muertes violentas  y varios miles de lesiones desde el 16 de julio de 2024, cuando las protestas acabaron en un baño de sangre. Otros informes afirman que se ha acusado a 61.000 personas de violencia relacionada con las protestas.