En octubre de 2023, el Gobierno de Pakistán anunció el “Plan de Repatriación de Extranjeros Ilegales”. Desde entonces, Amnistía Internacional ha documentado una total falta de transparencia, de debido proceso y de rendición de cuentas en las detenciones y devoluciones ilegales de personas refugiadas afganas en Pakistán, que se han visto agravadas por el aumento del acoso y la hostilidad hacia ellas. El ACNUR ha informado de que, desde septiembre de 2023, más de 639.000 personas refugiadas afganas han abandonado Pakistán para regresar al Afganistán controlado por los talibanes

En respuesta al anuncio efectuado el miércoles de que el gobierno de Pakistán ha aceptado una prórroga de un año para más de 1,45 millones de personas refugiadas afganas a las que el ACNUR había expedido tarjetas de prueba de registro en el país, Thyagi Ruwanpathirana, investigadora regional para Asia Meridional de Amnistía Internacional, ha declarado:

“La decisión del gobierno de Pakistán de prorrogar por un año más la estancia de las personas titulares de tarjetas de prueba de registro es un avance positivo. Sin embargo, Amnistía Internacional insta al gobierno de Pakistán a extender esta medida a todas las personas refugiadas afganas en Pakistán y a suspender formalmente el “Plan de Repatriación de Extranjeros Ilegales”. Debe ponerse fin a la incertidumbre que pesa sobre el futuro de más de 2,1 millones de personas refugiadas afganas.

Debe ponerse fin a la incertidumbre que pesa sobre el futuro de más de 2,1 millones de personas refugiadas afganas.

Thyagi Ruwanpathirana, investigadora regional para Asia Meridional de Amnistía Internacional

“Las medidas vigentes actualmente siguen poniendo a las personas titulares de la tarjeta de ciudadano afgano y a aquéllas que permanecen indocumentadas en riesgo de devolución forzosa inminente y de acoso continuo. Las autoridades de Pakistán no necesitan que les recuerden las posibles amenazas a las que se enfrentan las personas refugiadas, en particular las mujeres y las niñas, si se ven obligadas a regresar a Afganistán.

“Una vez más, instamos al gobierno de Pakistán a que ponga fin a todas las devoluciones, de conformidad con el principio de no devolución (non-refoulement), ratifique la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, y elabore un marco jurídico nacional para el asilo y otras formas de protección internacional, de conformidad con el derecho internacional. Deben actuar de inmediato en este sentido para rectificar la precaria situación en la que se encuentran las personas refugiadas afganas.”

Información complementaria

En octubre de 2023, el Gobierno de Pakistán anunció el “Plan de Repatriación de Extranjeros Ilegales”. Desde entonces, Amnistía Internacional ha documentado una total falta de transparencia, de debido proceso y de rendición de cuentas en las detenciones y devoluciones ilegales de personas refugiadas afganas en Pakistán, que se han visto agravadas por el aumento del acoso y la hostilidad hacia ellas. El ACNUR ha informado de que, desde septiembre de 2023, más de 639.000 personas refugiadas afganas han abandonado Pakistán para regresar al Afganistán controlado por los talibanes.

El 10 de julio, el gobierno de Pakistán anunció una prórroga por un año de la validez de las tarjetas de prueba de registro de las personas refugiadas afganas. Esto permitirá que 1,45 millones de personas refugiadas afganas registradas permanezcan en Pakistán hasta el 30 de junio de 2025, pero todavía deja en el aire la suerte de 80.000 titulares de la tarjeta de ciudadano afgano y de miles de personas refugiadas indocumentadas.

Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente al gobierno de Pakistán que ponga fin a todas las devoluciones.