Jueves, 11 de julio, 2024
En respuesta a un nuevo informe de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) sobre las violaciones graves y generalizadas de derechos humanos cometidas por el denominado Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, un ministerio talibán de facto, Zaman Sultani, investigador regional de Amnistía Internacional para Asia Meridional, ha declarado:
“Este informe revela el papel que el Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, de los talibanes, desempeña en las violaciones de una diversidad de derechos humanos y libertades fundamentales en Afganistán. El historial arbitrario, incoherente y ambiguo de este Ministerio en el control policial de la moral de la población de Afganistán, con un sistema institucionalizado de discriminación que afecta desproporcionadamente a mujeres y niñas, ha provocado una erosión de los derechos humanos en el país.”
El historial arbitrario, incoherente y ambiguo del control policial de la moral de la población de Afganistán, con un sistema institucionalizado de discriminación que afecta desproporcionadamente a mujeres y niñas, ha provocado una erosión de los derechos humanos en el país.
Zaman Sultani, investigador regional de Amnistía Internacional sobre Asia Meridional
“Amnistía Internacional comparte el llamamiento de la ONU a las autoridades de facto de Afganistán para que garanticen el derecho a la libertad de expresión, a la salud y al trabajo, entre una multitud de otros derechos y libertades fundamentales garantizados por los tratados internacionales de derechos humanos en los que Afganistán es Estado Parte. La impunidad imperante para las graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos por los talibanes debe cesar.”
“Además, las Naciones Unidas deben establecer un mecanismo internacional independiente específico que investigue los crímenes de derecho internacional y otras graves violaciones de derechos cometidos en Afganistán, además de ampliar el mandato del relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán y dotarle de todos los recursos necesarios. Asimismo, deben garantizar que se da prioridad a la justicia y que la implicación de las defensoras de los derechos humanos y las partes interesadas de la sociedad civil sigue siendo fundamental en todas las conversaciones con los talibanes sobre el futuro de Afganistán. Si esto no se hace, estaremos dando la espalda a las víctimas y a su derecho a la verdad, la justicia y la reparación.”
Información complementaria
El informe publicado por la UNAMA en julio de 2024, titulado “De Facto Authorities’ Moral Oversight in Afghanistan: Impacts on Human Rights”, expone las consecuencias negativas que las actividades y las funciones cada vez más amplias del Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio han tenido en el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales en diversos aspectos de la vida pública y privada para las personas que viven en Afganistán, con un impacto discriminatorio y desproporcionado en las mujeres. Esto, junto con la impredictibilidad de las medidas de cumplimiento de la ley, contribuye a un clima de temor e intimidación entre segmentos de la población.
Amnistía Internacional ha documentado que las draconianas restricciones impuestas por los talibanes a los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas, unidas al uso generalizado de la detención arbitraria, la desaparición forzada, la tortura y otros malos tratos, pueden constituir el crimen de lesa humanidad de persecución por razón de género.
Amnistía Internacional también ha documentado que los talibanes han mostrado de forma constante que no están dispuestos a hacer que sus miembros sospechosos de ser responsables de crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de derechos humanos rindan cuentas de sus actos.