Viernes, 07 de junio, 2024
La FIFA debe garantizar con rigor y transparencia que los candidatos a organizar los torneos de la Copa Mundial masculina de 2030 y 2034 protegen plenamente los derechos humanos y rechazar las candidaturas con riesgo de abusos que empañen una vez más el mayor acontecimiento deportivo del mundo, ha manifestado Amnistía Internacional en un informe publicado hoy.
En el informe, ¿Se juega un partido peligroso? Riesgos de la Copa de la FIFA 2030 y 2034 en materia de derechos humanos, se evalúan los riegos que plantean en materia de derechos humanos las candidaturas a la Copa Mundial: una conjunta de España, Marruecos y Portugal, con partidos adicionales en Argentina, Paraguay y Uruguay, para la final de 2030 y otra de Arabia Saudí para organizar el torneo de 2034. Se espera que dentro de unas semanas se presenten a la FIFA candidaturas detalladas, incluidas estrategias de derechos humanos, que el órgano de gobierno del fútbol evaluará para confirmar a los anfitriones en diciembre.
Steve Cockburn, director de Derechos Laborales y Deporte de Amnistía Internacional, ha manifestado:
“Con sólo una candidatura para organizar cada torneo e importantes motivos de preocupación en torno a ambas, se plantean enormes interrogantes sobre la disposición de la FIFA a mantener las promesas y reformas que ha hecho los últimos años, incluida la de ejercer de su derecho a rechazar toda candidatura que no cumpla sus requisitos declarados en materia de derechos humanos.”
Se plantean enormes interrogantes sobre la disposición de la FIFA a mantener las promesas y reformas que ha hecho los últimos años.
Steve Cockburn, director de Derechos Laborales y Deporte de Amnistía Internacional
“Las cuestiones de derechos humanos que se plantean en relación con la candidatura conjunta para la Copa Mundial 2030 son importantes y deben abordarse, pero los riesgos asociados a la candidatura de Arabia Saudí para la Copa Mundial 2034 —entre ellos los que afrontan los trabajadores y trabajadoras, aficiones y periodistas— son de magnitud y gravedad totalmente distintas.
La historia muestra que la Copa Mundial puede ser una fuente de dignidad o de explotación, de inclusión o de discriminación, de libertad o de represión, por lo que la decisión de la FIFA a la hora de conceder el derecho a organizar los torneos de 2030 y 2034 es una de las más trascendentales que puede llegar a tomar una organización deportiva”.
Andrea Florence, directora de la Sports & Rights Alliance, coalición en la que participa Amnistía Internacional con campañas en favor de los derechos humanos en el deporte, ha señalado:
“Antes de conceder ningún torneo, la FIFA deba garantizar acuerdos vinculantes de derechos humanos, que protejan plenamente a los trabajadores y trabajadoras, comunidades locales, futbolistas y aficiones con medidas como establecer salvaguardias contra los abusos y la discriminación de las minorías religiosas, las mujeres y las personas LGBTI”.
Antes de conceder ningún torneo, la FIFA deba garantizar acuerdos vinculantes de derechos humanos, que protejan plenamente a los trabajadores y trabajadoras, comunidades locales, futbolistas y aficiones.
Andrea Florence, directora de la Sports & Rights Alliance
La FIFA ha insistido en que los candidatos consulten con las organizaciones de la sociedad civil, incluidos los grupos de derechos humanos, pero no ha sido así. La FIFA no ha respondido a las solicitudes de Amnistía Internacional de hablar con quienes participan en la evaluación de las candidaturas desde la perspectiva de los derechos humanos.
El hecho de que, en la mayoría de las ediciones anteriores, al conceder la Copa Mundial la FIFA no garantizara plenamente que los derechos humanos estaban protegidos facilitó los abusos. En la final de Qatar de 2022, los trabajadores y trabajadoras encargados del desarrollo del torneo sufrieron graves daños, incluidas lesiones y muerte.
Este nuevo informe está basado en investigaciones de Amnistía Internacional y otras organizaciones que forman parte de la Sports & Rights Alliance. Se envió un resumen de él a la FIFA, las federaciones nacionales de fútbol y las autoridades de los gobiernos de los países candidatos, y las respuestas recibidas se han incluido en el informe o se pondrán a disposición del público.
Riesgos de la candidatura a la Copa Mundial 2030
La candidatura conjunta de España, Marruecos y Portugal a la Copa Mundial 2030 —con tres partidos que se jugarán en Argentina, Paraguay y Uruguay— comporta riesgos para los derechos humanos, relacionados principalmente con los derechos laborales, la discriminación, la libertad de expresión y de reunión, la actuación policial, la privacidad y la vivienda.
En Marruecos será necesario acometer considerables obras de construcción, como la de un nuevo estadio con capacidad para 115.000 personas, pero aún no se ha aprobado la legislación prevista para mejorar la salud y la seguridad en el trabajo, y los desalojos forzosos siguen siendo motivo de preocupación. En los tres países anfitriones propuestos, la población trabajadora migrante corre riesgo de explotación y de otros abusos, incluida trata. En España y Portugal, los accidentes de trabajo superan la media de la Unión Europea. En 2023 se sometió a abusos como robo del salario a migrantes que trabajaban en la ampliación del estadio Camp Nou del FC Barcelona.
La gran afluencia de visitantes durante la Copa Mundial amenaza con exacerbar la grave falta de vivienda asequible en Portugal y en España, especialmente si el aumento de los alquileres para estancias cortas comporta un incremento del precio de la vivienda o desahucios de residentes permanentes
El uso policial de fuerza excesiva, incluida la utilización de balas de goma, es un riesgo demostrado en los tres países, tanto en el fútbol como en otros contextos. En España y Portugal, la policía ha sido objeto de numerosas denuncias de aficiones nacionales y extranjeras. Asimismo, el derecho a la privacidad podría verse amenazado por el uso de programas espía invasivos y vigilancia biométrica, especialmente en Marruecos y España.
En una evaluación independiente de la candidatura anterior de Marruecos —la presentada para la Copa Mundial 2026—, la FIFA señaló que la penalización en el país de las relaciones homosexuales era “particularmente problemática”. Otros aspectos de la legislación de Marruecos continúan perpetuando el riesgo de discriminación por motivos de género contra las trabajadoras y las asistentes al torneo, entre ellos la penalización de las relaciones sexuales extramaritales, que a menudo impide a las mujeres denunciar los incidentes de violencia sexual.
Marruecos restringe la libertad de expresión por medio de la penalización de las críticas al islam, la monarquía, las instituciones del Estado, las fuerzas armadas y la integridad territorial del Estado. Se ha hostigado, detenido arbitrariamente, golpeado y enjuiciado a periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos por criticar al gobierno, en especial en relación con el territorio en disputa del Sáhara Occidental.
La discriminación racial es un problema en los tres Estados y ha comportado actos racistas contra futbolistas negros, como Vinícius Júnior, en España; Moussa Marega, en Portugal, y Chancel Mbemba, en Marruecos. En Portugal, el 60 por ciento de las personas creen que existe racismo en el fútbol, según una encuesta realizada en 2020 a amantes del deporte.
Es probable que las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por viajes relacionados con un torneo que afecta a 48 equipos y tres continentes sean considerables, a pesar del compromiso declarado de la FIFA sobre el cambio climático de contribuir a reducir a la mitad las emisiones de carbono para 2030 y alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para 2040.
Riesgos de la candidatura de Arabia Saudí a la Copa Mundial 2034
Arabia Saudí tiene un historial terrible en materia de derechos humanos, y su candidatura plantea diversos riesgos de enorme gravedad. El país ha gastado miles de millones en los últimos años en una campaña de rehabilitación de su imagen, dependiente en gran medida de inversiones en deportes como el fútbol para desviar la atención de su pésimo historial de abusos. Se ha preparado un proyecto de Código Penal que incorporará aún más muchas violaciones de derechos humanos a la legislación.
Organizar el torneo supondría acometer un inmenso programa inmobiliario que agravaría los riesgos asociados a los desalojos forzosos, que se han llevado a cabo ya en proyectos de construcción existentes, en relación con los cuales se ha denunciado, por ejemplo, el uso de fuerza letal para desalojar asentamientos relacionados con The Line, parte del proyecto de construcción de la ciudad de NEOM.
Posiblemente se necesiten centenares miles de trabajadores y trabajadoras para la construcción y desarrollo del torneo, y es probable que sean en su mayoría nacionales de otros países, que constituyen ya la mayor parte del personal del sector privado y están muy expuestos a sufrir abusos laborales. El sistema de kafala, en virtud del cual el estatus migratorio de una persona trabajadora migrante está sujeto legalmente a una entidad empleadora o patrocinadora, deja a los trabajadores y trabajadoras con recursos limitados cuando sufren robo del salario, violencia u otros abusos.
capital de Arabia Saudí, en mayo de 2022 durante una ola de calor
© Fayez Nureldine/AFP via Getty Images
La discriminación está profundamente arraigada en la legislación y en la práctica, y podría afectar a las aficiones, futbolistas y periodistas. Las aficionadas corren riesgo de juicio injusto y procesamiento desproporcionado en virtud de leyes que penalizan las relaciones sexuales fuera del matrimonio y que se utilizan a menudo para silenciar a las víctimas de violencia sexual, incluida violación, con consecuencias como detención indefinida. El sistema de tutela masculina discrimina a las mujeres y las niñas.
Pese a haber garantizado la Junta de Turismo saudí que “todo el mundo es bienvenido”, no hay protección jurídica para las personas LGBTI. A menudo se entablan procesamientos en virtud de los imprecisos y excesivamente amplios reglamentos del país sobre orden público y moralidad, así como de la Ley de Delitos Informáticos.
La práctica en público de religiones que no sean el islam está prohibida, y la minoría musulmana chií sufre considerable discriminación. Recientemente se ha condenado a entre seis meses y un año de prisión a 12 simpatizantes chiíes del club de fútbol Al Safa por entonar un cántico folclórico de índole religiosa durante un partido.
Existe muy poca o ninguna libertad de expresión, asociación o reunión. No están permitidos ninguna organización de derechos humanos independiente, partido político ni sindicato, y se han llevado a cabo detenciones generalizas y encarcelamientos de periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, personas señaladas por sus escritos, activistas de la esfera política, clérigos y activistas de los derechos de las mujeres. Casi todos los defensores y defensoras de los derechos humanos están ya siendo juzgados, cumpliendo penas de prisión, sometidos a prohibiciones de viaje o en el exilio. La legislación antiterrorista, definida de manera muy general, se ha utilizado para procesar a activistas e imponerles penas de hasta 45 años de prisión, e incluso de muerte, por injurias “directas o indirectas” al rey o al príncipe heredero.
unos tuits sobre los derechos de las mujeres © Imagen privada
No existen medios de comunicación independientes, y quienes, en el ejercicio del periodismo, critican al gobierno se enfrentan a censura, encarcelamiento y represión. El periodista Jamal Khashoggi fue asesinado en Turquía en 2018 con la aprobación del Estado saudí. Las autoridades bloquean diversos sitios web y han tomado medidas represivas contra personas por sus actividades en Internet. Salma al-Shehab, estudiante saudí de doctorado en la Universidad de Leeds, Reino Unido, fue detenida y condenada a 27 años de prisión por su actividad en Twitter, y a Manahel al-Otaibi, instructora de fitness, le impusieron una pena de 11 años por unos tuits en favor de los derechos de las mujeres. Se han hackeado cuentas de Internet de personas que habían expresado críticas y se ha utilizado el programa espía Pegasus para atacar los teléfonos de activistas de los derechos de las mujeres, disidentes del ámbito político y periodistas, así como de miembros de sus familias.
Es posible que las aficiones que vayan a viajar al torneo y los trabajadores y trabajadoras migrantes crean que están exentos de la pena de muerte, pero han de saber que el 39 por ciento de las ejecuciones llevadas a cabo en Arabia Saudí entre 2010 y 2021 fueron de nacionales de otros países, a quienes se condenó incluso por delitos no violentos, como cargos relacionados con drogas. En 2023, Amnistía Internacional registró la ejecución en Arabia Saudí de 172 personas de al menos 13 Estados distintos, entre ellas seis mujeres.
Amnistía Internacional hace campaña y presenta peticiones en favor de la liberación de cualesquiera activistas y demás personas que hayan sido detenidas por alzar la voz para pedir cambios.
Reparaciones y recomendaciones
A fin de prevenir las violaciones de derechos humanos relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2030 será necesario adoptar medidas para garantizar los derechos labores, combatir la discriminación, proteger el derecho a la vivienda y posibilitar la libertad de expresión.
En el caso de las violaciones de derechos humanos relacionadas con la candidatura de Arabia Saudí a la Copa Mundial de la FIFA 2034, para prevenirlas serían necesarias reformas más fundamentales, como cambios profundos de la legislación laboral para proteger a los trabajadores y trabajadoras, así como la liberación de los defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas a quienes se ha encarcelado injustamente.
Entre las recomendaciones principales del informe figuran que la FIFA lleve a cabo una evaluación de riesgos de cada candidatura, en materia de derechos humanos, que sea verdaderamente independiente, y que garantice que los países candidatos contraen compromisos vinculantes para prevenir las violaciones de derechos humanos, con sistemas rigurosos con que hacer efectivo y vigilar su cumplimiento, incluidos mecanismos de presentación de quejas y acceso a reparación efectiva.
La FIFA debe también garantizar la participación significativa de las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, las representaciones de las aficiones, los sindicatos de futbolistas y los grupos que sufren discriminación, durante todo el proceso de presentación de candidaturas y la preparación del torneo.
En el informe se señala además que la FIFA no debe conceder la Copa Mundial a ninguna candidatura que no garantice los derechos humanos y tiene que rescindir todo acuerdo alcanzado para organizar el torneo si se ponen en peligro o se violan los derechos humanos.