Los mercados de carbono y los sistemas comercio de carbono permiten a quienes contaminan comprar bonos de carbono, emitidos para tierras protegidas frente al desarrollo o la explotación, pero preocupa que muchos proyectos no conduzcan a una reducción de emisiones real. Las directrices de la ONU sobre la regulación de los mercados de carbono actualmente están en fase de debate y, de ser aprobadas en la COP29, que se celebrará este año, ya en enero de 2025 podrían iniciarse proyectos piloto con arreglo a ellas

En respuesta al llamamiento del relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Francisco Calí Tzay, para que se considere la posibilidad de establecer una moratoria sobre los mercados de carbono, el asesor de Amnistía Internacional sobre derechos de los pueblos indígenas, Chris Chapman, ha declarado:

“El relator especial de la ONU tiene razón en plantear motivos de preocupación en materia de derechos humanos sobre el funcionamiento de los mercados de carbono. Quienes contaminan pueden utilizarlos para compensar, —en lugar de reducir realmente— sus emisiones de gases de efecto invernadero, comprando créditos de carbono para operaciones que afectan a tierras de pueblos indígenas. Estas operaciones benefician poco o nada a los pueblos indígenas, y en algunos casos perjudican activamente sus derechos.

“El sistema de mercados de carbono carece de suficientes salvaguardias, tanto ambientales como de derechos humanos, y por tanto se presta a abusos y proporciona al sector de los combustibles fósiles y otros Grandes Contaminadores un mecanismo para continuar con sus actividades nocivas.

El sistema de mercados de carbono carece de suficientes salvaguardias, tanto ambientales como de derechos humanos, y por tanto se presta a abusos.

Chris Chapman, asesor de Amnistía Internacional sobre derechos de los pueblos indígenas

“Es preciso que haya unas salvaguardias sólidas, incluido un mecanismo de presentación de reclamaciones eficaz, para garantizar que los mercados de carbono no se conviertan en un obstáculo para la acción en materia climática que necesitamos llevar a cabo a fin de asegurar la protección del planeta y de los derechos humanos

“Los gobiernos están legalmente obligados a garantizar que sus acciones —o las de las empresas que operan en sus territorios— no violan los derechos a sus tierras de los pueblos indígenas, cuyo consentimiento debe obtenerse para los proyectos que se vayan a desarrollar en ellas.

“Amnistía cree que la única respuesta real para reducir realmente las emisiones de gases de efecto invernadero es un acuerdo para elabandono gradual de los combustibles fósiles de forma completa, equitativa, rápida y financiada, y una transición justa a energías renovables compatibles con los derechos humanos y accesibles a todo el mundo.”

Información complementaria

Los mercados de carbono y los sistemas comercio de carbono permiten a quienes contaminan comprar bonos de carbono, emitidos para tierras protegidas frente al desarrollo o la explotación, pero preocupa que muchos proyectos no conduzcan a una reducción de emisiones real. Las directrices de la ONU sobre la regulación de los mercados de carbono actualmente están en fase de debate y, de ser aprobadas en la COP29, que se celebrará este año, ya en enero de 2025 podrían iniciarse proyectos piloto con arreglo a ellas.

Francisco Calí Tzay, relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, afirmó esta semana que una moratoria sobre los mercados de carbono podría ser la solución para evitar abusos contra los derechos de los pueblos indígenas.