La Misión Internacional Independiente de Investigación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, de la ONU, puso de manifiesto los crímenes de lesa humanidad, pidió que se investigaran las políticas restrictivas del Estado y señaló el incumplimiento de las recomendaciones emitidas con anterioridad

La falta de acceso a derechos económicos y sociales continuaba siendo motivo de honda preocupación, pues la mayoría de la población sufría inseguridad alimentaria grave. El sistema público de salud estaba colapsado. El gobierno no aplicó las medidas humanitarias acordadas en 2022 para abordar estas cuestiones.

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Las fuerzas de seguridad respondieron con fuerza ilegítima y otras medidas represivas a las protestas que reivindicaban derechos económicos y sociales. Quienes criticaban al gobierno del presidente Nicolás Maduro eran objeto de detención arbitraria, desaparición forzada y tortura con la aquiescencia del sistema judicial. El gobierno reconoció 455 casos de desaparición forzada registrados desde 2015, que en su mayoría no se habían resuelto. Persistía la impunidad por las ejecuciones extrajudiciales que seguían cometiendo las fuerzas de seguridad. Aunque al concluir el año se excarceló a algunas personas, las detenciones arbitrarias de motivación política seguían siendo una práctica sistemática.

La Misión Internacional Independiente de Investigación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, de la ONU, puso de manifiesto los crímenes de lesa humanidad, pidió que se investigaran las políticas restrictivas del Estado y señaló el incumplimiento de las recomendaciones emitidas con anterioridad. La Corte PenalInternacional prosiguió con su investigaciónsobre los crímenes de lesa humanidad, pesea los intentos del gobierno de suspender elproceso. Siguieron empeorando lascondiciones penitenciarias, especialmentela falta de acceso al agua y a laalimentación. La minería ilegal y laviolencia amenazaban los derechos de lospueblos indígenas en la zona del ArcoMinero del Orinoco.

El número de personas venezolanas que huían del país seguíasiendo elevado, y las que eran devueltaseran objeto de detención arbitraria. El acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva se veía seriamente afectado, y el aborto seguía estando penalizado.Persistía la violencia sexual contra las mujeres y las niñas, y las personas LGBTI seguían sufriendo discriminación.

INFORMACIÓN GENERAL

La inflación y una alarmante falta de poder adquisitivo para comprar los bienes yservicios básicos seguían provocando una profunda crisis humanitaria que afectaba a lamayoría de la población, especialmente la que vivía fuera de la capital, Caracas.El gobierno y parte de la oposición iniciaron negociaciones políticas, y en octubre habían acordado ciertas condiciones en relación conlas elecciones de 2024. La Misión Internacional Independiente deInvestigación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (MIIV),de la ONU, presentó informes sobre la represión selectiva de miembros de la oposición política y la estructura de los organismos policiales responsables de ejecuciones extrajudiciales. La impugnación por parte del gobierno de los límites territoriales con Guyana dio lugar aun aumento de la presencia militar a lo largo de la frontera y elevó el riesgo de que secometieran violaciones de derechos humanos. Quienes criticaban esa política se enfrentaban a un mayor riesgo decriminalización

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

La falta de acceso adecuado a alimentos, agua y atención médica continuó siendo motivo de honda preocupación. Al concluir el año seguía sin implementarse el acuerdo humanitario conocido como “Mesa Social” que el gobierno y la oposición habían firmado en 2022. El acuerdo establecía la creación de un fondo humanitario gestionado por la ONU para atender las cuestiones urgentes relacionadas con la salud, la educación y los servicios de electricidad, con recursos procedentes de los activos venezolanos confiscados en el exterior.

DERECHO AL TRABAJO

Persistieron las denuncias de persecución, intimidación, hostigamiento y otros actos de violencia contra sindicalistas y trabajadores. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) informó de 12 casos de criminalización de líderes sindicales hasta septiembre.

DERECHO A LA EDUCACIÓN

Según la organización de la sociedad civil HumVenezuela, el 18% de la población infantil no asistió a la escuela en 2023 y al menos el 44,8% no lo hizo de forma regular a causa de la infradotación económica y de personal de los centros escolares públicos y de los bajos sueldos del personal docente. El profesorado del sistema escolar público seguía exigiendo mejores condiciones laborales.

DERECHO A LA SALUD

Casi tres cuartas partes —el 72,4%— de los centros públicos de salud sufrían escasez de medicamentos, equipos y personal, y el 88,9% de los servicios públicos de salud no funcionaban. El informe semestral de la Encuesta Nacional de Hospitales, publicado en octubre, reveló que aproximadamente el 55% de los establecimientos públicos de salud carecían de acceso habitual al agua y que los pacientes debían llevar su propio material quirúrgico en el 90% de los casos. Esa misma encuesta concluyó que 127 personas habían muerto entre enero y septiembre de 2023 debido a los cortes deelectricidad que afectaban a los hospitales.La OACNUDH informó sobre el deterioro delsistema de atención médica provocado por lainfradotación económica y de personal.

Este organismo estimaba que 560.660 niños yniñas de entre 12 y 23 meses aún no habían recibido la vacuna triple vírica contra el sarampión, las paperas y la rubéola (SPR).Según las organizaciones de la sociedadcivil, el personal sanitario que denunciaba lasdeficiencias existentes y el bajo nivel salarialera objeto de actos de intimidación por partede las autoridades. En agosto, 10 niños y niñas desarrollaron meningitis tras recibir tratamiento para la leucemia; el medicamento utilizado para combatir lainfección había sido importado y distribuidopor el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en el hospital pediátrico J.M. de losRíos de Caracas.

En septiembre, las autoridades sanitarias se negaron a realizarun análisis del medicamento. En noviembrese tuvo noticia de que una niña de ese grupohabía fallecido, y no había información oficialsobre las investigaciones para determinar laresponsabilidad de su muerte. Los medios decomunicación informaron de que variasasociaciones habían solicitado unainvestigación oficial del caso.

DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y AL AGUA

Según el Centro de Documentación y AnálisisSocial, el costo de la canasta alimentaria parauna familia venezolana de 5 miembrosequivalía en octubre a unos 494 dólaresestadounidenses al mes, y el salario mínimo mensual era de 3,67 dólares, con lo que lamayoría de la población sufría una grave inseguridad alimentaria. El salario mínimo nose había reajustado desde marzo de 2022.

Al concluir 2023, la situación había empeoradoaún más debido a un incremento brusco dela inflación y a la devaluación de la monedanacional. Según el Banco Mundial, Venezuela presentaba en agosto la terceramayor tasa de inflación alimentaria del mundo. HumVenezuela señaló que el 25,7% de lasfamilias hacían menos de 3 comidas al día yel 22,8% pasaban días enteros sin comer. La situación de los derechos humanos en el mundo 475Además, el 74,5% de las familias carecían de acceso regular a agua potable.

REPRESIÓN DE LA DISIDENCIA

Continuó la política de represión aplicada por el gobierno. Quienes pertenecían —o se consideraba que pertenecían— a la oposición política sufrían ataques continuamente y corrían peligro de ser objeto de detención arbitraria, tortura y otras violaciones de derechos humanos. Según la organización de derechos humanos Foro Penal, aproximadamente 9.000 personas estaban sometidas a medidas restrictivas de la libertad debido a procedimientos judiciales de motivación política, pasados o en curso.

Las autoridades continuaron restringiendo la participación política. La lideresa de la oposición María Corina Machado, que ganó las elecciones primarias en octubre, fue al parecer inhabilitada para presentarse a la presidencia en las elecciones que iban a celebrarse posteriormente. El espacio de la sociedad civil estaba constantemente bajo ataque. En enero, la cámara legislativa entabló un debate sobre un proyecto de ley para auditar y regular el funcionamiento de las ONG y supervisar su actuación y financiación.

El texto propuesto, que restringía aún más las actividades de las organizaciones y permitía al gobierno disolver las asociaciones de forma unilateral, seguía pendiente al concluir el año. En agosto, una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia destituyó al completo a la junta directiva de la Sociedad Venezolana de la Cruz Roja y designó un nuevo director al que ordenó reestructurar la organización. En octubre, la Fiscalía anunció una investigación penal sobre los miembros de la Comisión Nacional de Primaria (iniciativa no gubernamental para elegir una candidatura de la oposición), en un intento de impedir la participación política.

En diciembre, Roberto Abdul, miembro de la Comisión y presidente de la ONG Súmate, fue detenido arbitrariamente y puesto en libertad al cabo de dos semanas. La situación legal de los miembros de esa entidad seguía siendo confusa al concluir el año.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE REUNIÓN

Persistían las tácticas represivas de lasautoridades, como la utilización del sistemajudicial para silenciar la disidencia ycriminalizar a quienes defendían los derechos humanos. Según el Observatorio Venezolano deConflictividad Social, en 2023 tuvieron lugar6.956 protestas, lo que equivalía a 19protestas diarias, de las cuales el 80%reivindicaba derechos económicos y sociales.Muchas de ellas estaban encabezadas porcolectivos de sindicalistas que reclamabansus derechos laborales.

Las autoridadesrespondieron con frecuencia empleandofuerza excesiva y llevando a cabodetenciones arbitrarias. En julio, el alto comisionado de la ONU paralos derechos humanos denunció demorasprolongadas e impunidad en la investigaciónsobre las muertes que habían tenido lugardurante las protestas de 2014, 2017 y 2019.La organización local Espacio Públicodocumentó entre enero y noviembre 349 ataques a la libertad de expresión en formade censura, agresiones verbales y actos deintimidación contra periodistas y otropersonal de medios de comunicación.

En septiembre, el periodista Luis Alejandro Acosta fue detenido de forma arbitraria yenjuiciado por promover e incitar la mineríailegal, ocupar una área protegida e instigaractos delictivos, presuntamente, mientrasinformaba sobre la extracción ilegal de oro enel estado Amazonas, en el sur del país;quedó en libertad al cabo de 14 días.

DETENCIONES ARBITRARIAS Y JUICIOS INJUSTOS

Se determinó que el uso por parte del gobierno de la detención arbitraria contraciviles podía constituir crimen de lesahumanidad. Según las organizaciones de lasociedad civil, entre 2014 y 2023 se habíanllevado a cabo aproximadamente 15.700 detenciones arbitrarias. En octubre, la Plataforma Unitaria yrepresentantes del presidente NicolásMaduro llegaron a un acuerdo negociado.  La situación de los derechos humanos en el mundocon el apoyo de Estados Unidos y otros países, que dio lugar a la excarcelación de 26 personas al concluir el año. Las condiciones de la puesta en libertad no quedaron claras.

Según las organizaciones locales, aproximadamente 280 personas seguían detenidas de forma arbitraria por motivos políticos. La desaparición forzada y la tortura, entre otras violaciones de derechos humanos, seguían formando parte de la política de represión ejercida por el gobierno. Amnistía Internacional denunció que, tras ser arrestadas, las víctimas comparecían sistemáticamente ante un tribunal —a menudo con competencia especial en materia de terrorismo— y eran acusadas de asociación para delinquir y otros cargos relacionados con el terrorismo, y posteriormente eran trasladadas a un centro militar o policial donde permanecían meses o incluso años en espera de juicio.

Muchas víctimas expresaban haber sufrido tortura y otros malos tratos, procedimiento que incumple las garantías procesales y vulnera otros derechos humanos. Durante el examen ante el Comité de Derechos Humanos, las autoridades venezolanas sostuvieron que el hecho de que una persona pasara horas o días detenida sin que su familia fuera informada de su paradero no constituía desaparición forzada. En el marco de ese examen, las autoridades reconocieron que, entre 2015 y 2022, solamente 10 de 455 presuntas desapariciones forzadas habían llegado a juicio, sin que se informara sobre el paradero de las víctimas ni se sancionara a nadie.

En julio, los activistas y líderes sindicales Alcides Bracho, Gabriel Blanco, Emilio Negrín, Alonso Meléndez, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortés fueron enjuiciados y condenados a 16 años de cárcel por un tribunal con competencia especial en materia de terrorismo; habían sido acusados de forma arbitraria de conspiración y asociación para delinquir por participar en manifestaciones pacíficas. Todos ellos quedaron en libertad en diciembre a raíz de unas negociaciones políticas. El 30 de agosto, el estudiante y activista John Álvarez fue detenido de forma arbitraria.

Su familia denunció que unos agentes de la Dirección General deContrainteligencia Militar lo habían torturadoy obligado a incriminar a un líder sindical y aun periodista. El joven fue también una delas personas excarceladas en diciembre. Enoctubre, el periodista y activista político Roland Carreño, detenido desde 2020, fuepuesto en libertad tras conversaciones entreel gobierno y la oposición. El sindicalista Guillermo Zárraga también quedó en libertaden diciembre. Al concluir el año, varias personasdetenidas de forma arbitraria por razonespolíticas —entre las que figuraban RobertFranco y Darío Estrada— seguían esperandoque se reanudaran sus juicios. En julio, esosprocesos se habían aplazado y lacompetencia especial sobre terrorismo sehabía trasladado de repente de un juzgado aotro, lo que implicaba que los juicios debíanempezar de nuevo.

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES

Aunque la OACNUDH había informado en2022 de que las autoridades habían disueltolas Fuerzas de Acciones Especiales (FAES)de la Policía Nacional Bolivariana, estecuerpo estuvo implicado en varioscentenares de presuntas ejecucionesextrajudiciales en 2023. La MIIV concluyóque las Fuerzas de Acciones Especialeshabían sido reemplazadas por la Direcciónde Acciones Estratégicas y Tácticas y quevarios de sus altos cargos seguían activos enla policía nacional.

DERECHO A VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN

En junio, un fiscal federal de Argentina abrió una investigación penal contra varios agentesde la Guardia Nacional Bolivariana por laejecución extrajudicial de dos personas en el contexto de la represión ejercida enVenezuela en 2014.

Las violaciones de derechos humanosquedaban impunes. La MIIV señaló el incumplimiento de las recomendaciones que La situación de los derechos humanos en el mundo había formulado en informes anteriores y el uso del sistema judicial para proteger a los organismos de seguridad implicados en violaciones graves de derechos humanos. En junio, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional autorizó al fiscal a reanudar la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Tras la apelación presentada por el país, la decisión de la Sala seguía pendiente al concluir el año.

A finales de 2023, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación anunció que realizaría una visita a Venezuela. Otras relatorías y órganos creados en virtud de tratados de la ONU seguían esperando que el gobierno cursara las invitaciones oficiales, tal como se había comprometido a hacer en 2019. Al concluir el año, la MIIV seguía sin haber obtenido permiso de entrada al país.

CONDICIONES DE RECLUSIÓN INHUMANAS

Las condiciones de las prisiones y los centros de detención siguieron empeorando, especialmente el hacinamiento y la provisión insuficiente de comida y agua. La población reclusa dependía de que sus familiares les proporcionaran los recursos básicos para sobrevivir. Continuó la detención prolongada en las comisarías de policía y otros centros de detención ilegal. Se señaló que la falta de servicios de salud y tratamientos médicos en los centros de detención ponía en peligro la vida de quienes se hallaban bajo custodia. Emirlendris Benítez, que seguía detenida de forma arbitraria por motivos políticos, sufrió problemas graves de salud sin que se le prestara atención médica.

Las mujeres privadas de libertad sufrían condiciones inhumanas, y faltaban centros diferenciados por género. Durante el examen ante el Comité de Derechos Humanos, el Estado reconoció que no tenía control alguno sobre seis prisiones que estaban gobernadas por personas presas. Tras una operación de seguridad que se llevó a cabo en septiembre, el gobierno empezó a recuperar el mando de los centrospenitenciarios de Tocorón, Tocuyito, PuenteAyala, Trujillo, La Pica, Vista Hermosa y SanFelipe.

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

La minería ilegal practicada en la zona del Arco Minero del Orinoco seguía teniendo consecuencias graves para los derechos humanos en el estado Bolívar, en el sur deVenezuela, y afectaba de formadesproporcionada al derecho de los pueblosindígenas a la libre determinación, al consentimiento libre, previo e informado, y aun medioambiente saludable. Persistía la impunidad por el asesinato elaño anterior de Virgilio Trujillo Arana, defensor indígena de los derechos humanosy de la tierra.

Sus familiares denunciaronhaber recibido amenazas de personas noidentificadas. En septiembre, varias entidades de defensade los derechos humanos señalaron que lasfuerzas armadas habían tomado el controldel parque natural Yapacana, en el sur delpaís, y expulsado —al parecer haciendo usoexcesivo de la fuerza— a quienes ejercían laminería ilegal y a la población campesina.

ElMinisterio de Defensa reconoció que 2 personas habían muerto, 3 habían resultadoheridas y unas 12.000 —muchas de lascuales eran indígenas— habían sidodesalojadas de la zona. Las organizacionesde la sociedad civil denunciaron que al menos 10 personas habían muerto durantela operación.

DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS

El defensor de los derechos humanos y presode conciencia Javier Tarazona, director de laONG FUNDAREDES, seguía detenido deforma arbitraria tras haber sido arrestado en2021 por cargos relacionados con el terrorismo. El Centro para los Defensores y la Justiciaregistró entre enero y noviembre amenazas contra personas defensoras de losderechos humanos, incluidas campañas de . La situación de los derechos humanos en el mundodesprestigio y estigmatización llevadas a cabo por los medios de comunicación afines al gobierno y en las redes sociales.

DERECHOS DE LAS PERSONAS REFUGIADAS Y MIGRANTES

Al concluir el año, más de 7,72 millones de personas venezolanas se habían marchado del país. En octubre se reanudaron los vuelos de deportación de Estados Unidos a Venezuela, y hasta finales de diciembre se llevaron a cabo 928 expulsiones. En noviembre, al menos 155 personas fueron expulsadas de Islandia, al parecer después de que se hubieran denegado sus solicitudes de asilo; según los informes, fueron detenidas al llegar a Venezuela. En noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó a los países de la región que ofrecieran protección y otorgaran la condición de refugiado a quienes huían de Venezuela.

DERECHOS DE LAS MUJERES Y DE LAS NIÑAS

Las mujeres y las niñas de Venezuela seguían teniendo problemas para acceder a alimentación, agua y saneamiento adecuados. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) declaró que la compleja situación humanitaria que se prolongaba desde 2015 había afectado de forma diferenciada a las mujeres —que se habían visto abocadas a la dependencia económica en relaciones de malos tratos y a un mayor riesgo de sufrir violencia de género— y a las niñas.

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

El CEDAW señaló con preocupación la penalización del aborto, las denuncias de esterilización forzada, el acceso limitado a anticonceptivos modernos y a los servicios de salud sexual y reproductiva, y los índices altos de mortalidad materna debido a esas limitaciones. Las repercusiones de la prolongada emergencia humanitaria sobre los servicios de salud sexual y reproductiva seguían obstaculizando el acceso de las mujeres y las niñas a esos derechos.

VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y NIÑAS

El CEDAW expresó preocupación por la altaincidencia de la violencia de género contralas mujeres y las niñas, especialmente lapersistencia de femicidios, las desaparicionesforzadas y la violencia sexual y psicológicaque sufrían. Además, hizo hincapié en lafalta de un protocolo con perspectiva degénero para la investigación de losfemicidios, el hecho de que hubierasolamente cinco centros de acogida paravíctimas de violencia de género y la falta dedatos estadísticos sobre los casos deviolencia de género contra mujeres y niñas.

En octubre, durante el examen ante el Comité de Derechos Humanos, el representante de Venezuela señaló que el95% de las investigaciones sobre casos defemicidio habían dado lugar a unadeclaración de culpabilidad y que entre 2016y 2023 se habían procesado casi 1.700acusaciones de femicidio. La organización de la sociedad civil localCentro de Justicia y Paz registró 201presuntos femicidios entre enero yseptiembre.

DERECHOS DE LESBIANAS, GAYS,BISEXUALES, TRANSGÉNERO EINTERSEXUALES (LGBTI)

Las personas LGBTI continuaban sufriendodiscriminación. En julio, la policía detuvo arbitrariamente a 33 hombres por su orientación sexual y cometió abusos contra sus derechos humanos. Los medios de comunicación publicaron los nombres de las víctimas. Treinta de los hombres quedaron enlibertad 3 días más tarde; los demás pasaron10 días detenidos, tras los cuales quedaron en libertad bajo supervisión judicial, acusados de “ultraje al pudor” y“contaminación sónica”.

DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SALUDABLE

Al concluir el año, Venezuela no había firmado ni ratificado el Acuerdo de Escazú, y la pretensión del gobierno de aumentar la producción de petróleo contradecía sus compromisos internacionales de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.