Aunque muchos de los responsables han sido juzgados ante tribunales nacionales y comunitarios de Ruanda, así como ante el Tribunal Penal Internacional para Ruanda y ante tribunales de Europa y Norteamérica en aplicación del principio de jurisdicción universal, recientemente ha habido acontecimientos que subrayan la importancia de buscar justicia urgentemente

Este domingo, 7 de abril, dan comienzo los actos de conmemoración del 30 aniversario del genocidio de 1994 contra la población tutsi de Ruanda, en el que se calcula que murieron 800.000 personas, entre ellas hutus y otras personas que se oponían al genocidio y al gobierno extremista que lo orquestó. Con este motivo, Amnistía Internacional pide a la comunidad internacional que renueve urgentemente su compromiso de garantizar justicia y rendición de cuentas para víctimas y sobrevivientes.

Aunque muchos de los responsables han sido juzgados ante tribunales nacionales y comunitarios de Ruanda, así como ante el Tribunal Penal Internacional para Ruanda y ante tribunales de Europa y Norteamérica en aplicación del principio de jurisdicción universal, recientemente ha habido acontecimientos que subrayan la importancia de buscar justicia urgentemente.

“La justicia aplazada es justicia denegada. La muerte confirmada, antes de que pudieran enfrentarse a la justicia, de varios de los sospechosos de genocidio más buscados, y la suspensión indefinida del juicio de otro acusado debido a una enfermedad relacionada con la edad, muestran la importancia de mantener el impulso para hacer llegar la justicia a sobrevivientes y familiares de víctimas en Ruanda”, ha manifestado Tigere Chagutah, director regional de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral.

La muerte confirmada, antes de que pudieran enfrentarse a la justicia, de varios de los sospechosos de genocidio más buscados, y la suspensión indefinida del juicio de otro acusado debido a una enfermedad relacionada con la edad, muestran la importancia de mantener el impulso para hacer llegar la justicia a sobrevivientes y familiares de víctimas en Ruanda.

Tigere Chagutah, director regional de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral

Entre mayo de 2020 y noviembre de 2023, el equipo de localización de fugitivos del Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales confirmó la muerte de cuatro de los fugitivos más buscados acusados por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda.

Los restos de Augustin Bizimana, ministro de Defensa durante el genocidio, fueron identificados en la República del Congo en 2020. El Mecanismo Residual también confirmó que Protais Mpiranya, oficial al mando de la Guardia Presidencial, había muerto en Zimbabue en 2006. Había sido acusado de responsabilidad por los asesinatos de altos cargos moderados, como la primera ministra Agathe Uwilingiyimana, el presidente del Tribunal Constitucional, el ministro de Agricultura y el ministro de Información, así como de diez integrantes belgas de las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. También se confirmó que Phénéas Munyarugarama, comandante del campamento militar de Gako y oficial de más alto rango de la región de Bugesera durante el genocidio, había muerto en la República Democrática del Congo en 2002, y que Aloys Ndimbati, alcalde de Gisovu, había muerto en Ruanda en 1997.

Para honrar la memoria de las víctimas del genocidio y hacer llegar la justicia a sobrevivientes y familiares de víctimas, instamos a los Estados a renovar su compromiso con la búsqueda incansable y oportuna de la justicia, por medios que incluyan el procesamiento de presuntos responsables a través de la jurisdicción universal, cuando proceda.

Tigere Chagutah

En mayo de 2023, otro sospechoso de genocidio y acusado por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, Fulgence Kayishema, que llevaba décadas oculto, fue finalmente detenido en Sudáfrica. Se esperaba que fuera entregado al Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales en Tanzania o directamente a Ruanda para ser juzgado, pero hasta el momento permanece detenido en Sudáfrica por cargos relacionados con la inmigración.

En agosto de 2023, el juicio del presunto financiador principal del genocidio, Félicien Kabuga, de 90 años de edad y atrapado tras 26 años a la fuga, fue suspendido indefinidamente por una enfermedad relacionada con su edad. La decisión la tomaron los jueces de apelación del Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales tras una resolución dictada en junio de 2023 según la cual Kabuga no era apto para ser juzgado porque sufría demencia severa. Kabuga había sido acusado de financiar y proporcionar otro apoyo logístico a las milicias interahamwe, así como de promover la retransmisión de discurso de odio genocida por la Radio Television Libre des Milles Collines (RTLM). Las personas sobrevivientes expresaron su rabia y su decepción tras la decisión del tribunal.

“Para honrar la memoria de las víctimas del genocidio y hacer llegar la justicia a sobrevivientes y familiares de víctimas, instamos a los Estados a renovar su compromiso con la búsqueda incansable y oportuna de la justicia, por medios que incluyan el procesamiento de presuntos responsables a través de la jurisdicción universal, cuando proceda”, ha manifestado Tigere Chagutah.