Domingo, 31 de marzo, 2024
El hecho de que la empresa química Dow, con sede en Estados Unidos, no haya proporcionado reparación a las víctimas de un mortal escape de gas en una fábrica de pesticidas en India que causó la muerte de más de 22.000 personas ha creado una “zona de sacrificio” en la que otras 500.000 personas siguen sufriendo. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy, en el periodo previo al 40 aniversario de uno de los peores desastres industriales del mundo.
Publicado antes de la junta general de accionistas de Dow que tendrá lugar el 11 de abril, Bhopal: 40 years of Injustice (Bhopal: 40 años de injusticia) muestra que los argumentos de derechos humanos en favor de la justicia y la reparación a quienes sobrevivieron al desastre son más fuertes que nunca. Amnistía Internacional pide a las empresas y los Estados que consideren dejar de hacer negocios con Dow a menos que ésta reconozca sus responsabilidades en materia de derechos humanos y emprenda acciones significativas y rápidas para reparar estos daños.
“El informe de Amnistía Internacional, publicado casi 40 años después del devastador escape de gas de Bhopal, muestra cómo Dow, junto con las acciones de las autoridades estadounidenses e indias, ha creado una zona de sacrificio en la que sufre más de medio millón de personas de múltiples generaciones. Esta catástrofe sigue siendo inmediata y urgente para las personas cuya salud se ha visto arruinada, o cuyos hijos e hijas nacieron con discapacidades o que están siendo envenenadas por la contaminación del suelo y el agua”, ha manifestado Mark Dummett, director de Empresas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional pide a las empresas y los Estados que consideren dejar de hacer negocios con Dow a menos que ésta reconozca sus responsabilidades en materia de derechos humanos y emprenda acciones significativas y rápidas para reparar estos daños.
Mark Dummett, director de Empresas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional
“La resiliencia y la determinación de quienes sobrevivieron al desastre de Bhopal y de quienes llevan décadas luchando por la justicia son realmente notables e inspiradoras, pero hoy día los derechos humanos siguen negándose o siendo objeto de abusos. Entre quienes murieron inicialmente había muchos niños y niñas, pero algunos de los que sobrevivieron tuvieron que abandonar la escuela y ponerse a trabajar para ayudar a cuidar de sus progenitores envenenados por el gas, lo que ha dejado un legado de pobreza y miseria.”
“El racismo ambiental permitió esta catástrofe, y permitió también la respuesta despreciativa y cínica de quienes han tratado de retrasar la justicia a sus víctimas y, de forma vergonzosa, siguen eludiendo sus claras responsabilidades en materia de derechos humanos.”
El racismo ambiental permitió esta catástrofe, y permitió también la respuesta despreciativa y cínica de quienes han tratado de retrasar la justicia a sus víctimas y, de forma vergonzosa, siguen eludiendo sus claras responsabilidades en materia de derechos humanos.
Mark Dummett
En el momento del desastre, la fábrica era propiedad final de Union Carbide Corporation (UCC), empresa con sede en Estados Unidos. UCC fue adquirida posteriormente por Dow, que también está domiciliada en Estados Unidos, y que niega toda responsabilidad. Las respuestas de las empresas pueden consultarse en el anexo del informe.
Una zona de sacrificio, con daños y racismo ambiental
El informe concluye que la zona que rodea la fábrica está tan contaminada, y las consecuencias para la salud del agua envenenada y el suelo tóxico son tan graves, que se ha convertido en una zona de sacrificio, caracterizada habitualmente por daños catastróficos y duraderos a la salud de comunidades marginadas causados por la contaminación de las empresas.
El informe añade que el racismo ambiental, que puede ser resultado de la discriminación por motivos de raza, casta y/o religión, ya sea intencionada o no, sustenta el desastre y sus consecuencias. Esto incluye tener en marcha una fábrica de pesticidas que almacenaba y procesaba productos químicos sumamente venenosos —y que se mantenía y supervisaba con normas inferiores a las empresas de UCC equivalentes en Estados Unidos— junto a zonas densamente pobladas por comunidades predominantemente musulmanas y de casta baja que vivían mayoritariamente en la pobreza y en viviendas informales.
Cuando un tanque de almacenamiento se rompió cerca de la medianoche del 2 de diciembre de 1984, enviando toneladas de mortífero gas de isocianato de metilo (MIC) a las comunidades cercanas, unas 10.000 personas murieron rápidamente. Muchas de las personas que sobrevivieron inicialmente sufrieron terribles problemas de salud, que hasta la fecha han causado la muerte prematura de unas 22.000 personas y han causado daños permanente a una cifra muchas veces superior a esa.
Un porcentaje desproporcionado de los niños y niñas cuyos progenitores estuvieron expuestos al gas han nacido con discapacidades o sufren trastorno congénitos, y la incidencia de abortos espontáneos y bebés nacidos muertos en las comunidades afectadas sigue siendo mucho más alta de lo normal.
En 1994, UCC abandonó las instalaciones sin llevar a cabo una limpieza ni encargarse del gran número de sustancias químicas almacenadas, lo que provocó una grave contaminación de las fuentes de agua locales y del suelo. Esto ha causado un daño devastador y duradero a la salud de la población local, y se ha vinculado a anormalidades cromosómicas similares a las diagnosticadas a las personas que estuvieron expuestas al escape inicial de gas.
Amnistía Internacional ha mostrado anteriormente lo absolutamente injusto, inadecuado y deficientemente administrado que fue el acuerdo alcanzado entre UCC y el gobierno indio en 1989, que suponía una media de unos 500 dólares estadounidenses por víctima. El informe señala que, cuando le pidieron que comentara este acuerdo tras su compra de UCC en 2001, un portavoz de Dow dijo: “500 dólares es bastante dinero para un indio”.
Para que se desestimara la demanda interpuesta contra la empresa en la jurisdicción estadounidense, UCC alegó que a los tribunales y jueces de Estados Unidos, embebidos de los valores culturales y expectativas estadounidenses, les resultaba imposible comprender el nivel de vida de las personas que habitaban en las viviendas informales en torno a la fábrica.
El informe destaca cómo el gobierno estadounidense, mediante una captación de apoyos en ocasiones encubierta, presionó al gobierno indio para que permitiera a las personas con ciudadanía estadounidense escapar de la justicia penal, y ayudó en los esfuerzos por frustrar y demorar las peticiones de extradición y las comparecencias de Dow ante los tribunales. El gobierno ayudó a proteger a las empresas de los intentos de hacerlas rendir cuentas y reforzó la desigual dinámica de poder.
El informe sugiere que es inconcebible que una empresa india que actuara en territorio estadounidense pudiera matar a 22.000 estadounidenses y luego escapar de la justicia de Estados Unidos con la ayuda del gobierno indio.
Recomendaciones y reparación
Entre sus recomendaciones, el informe insta a Dow a responder de sus responsabilidades sobre Bhopal basándose en los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos, que Dow afirma públicamente cumplir, y a revelar sin demora y de forma pública sus conclusiones. También insta al grupo y al gobierno estadounidense a ayudar con todos los procedimientos judiciales, incluido el litigio penal en curso en India.
Amnistía Internacional pide a Dow y UCC que indemnicen adecuadamente a todas las personas que sobrevivieron y remedien los daños multigeneracionales. Asimismo, pide a las empresas que contribuyan con una cantidad adecuada a una evaluación de la contaminación y a labores de limpieza, así como a la provisión de atención médica gratuita de alta calidad a quienes sufren daños, y a una supervisión futura de la salud y el medioambiente.
El informe dice que las autoridades tanto estatales como locales indias deben garantizar el suministro fiable de agua no contaminada a las comunidades afectadas, facilitar la distribución justa, inmediata y transparente de todas las indemnizaciones pendientes que aún están en manos del gobierno, y compensar cualquier carencia de quienes siguen sufriendo o de quienes han visto denegada injustamente la reparación. Amnistía Internacional pide al gobierno indio que siga pidiendo reparación legal de Dow en nombre de las víctimas, y que los programas de los partidos políticos que se presentarán a elecciones en India en los próximos dos meses incluyan el compromiso de indemnización.
Basándose en los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos que Dow afirma acatar, la empresa debería cumplir con sus responsabilidades y ayudar rápidamente a abordar los abusos que tanto sufrimiento siguen causando.
Mark Dummett
Mark Dummett ha afirmado: “El 40 aniversario de este desastre evitable se aproxima y, pese a las garantías públicas de su compromiso y su cumplimiento de las normas internacionales empresariales y de derechos humanos, Dow sigue mostrando un cruel desprecio hacia las víctimas. Basándose en los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos que Dow afirma acatar, la empresa debería cumplir con sus responsabilidades y ayudar rápidamente a abordar los abusos que tanto sufrimiento siguen causando”.
¿Qué es una zona de sacrificio?
Una zona de sacrificio es un área contaminada a tal extremo que tiene efectos palpables y devastadores para la salud de la población local. Las zonas de sacrificio suelen afectar a comunidades que viven en zonas aledañas a instalaciones de industrias pesadas, fábricas de productos químicos o lugares de extracción o procesamiento de combustibles fósiles, y que están expuestas regularmente a contaminantes tóxicos. Las zonas de sacrificio se caracterizan a menudo por el bajo valor de la propiedad y la desinversión, y suelen ser el hogar de grupos de bajos ingresos, marginados y muchas veces racializados. En 2022, el relator especial de la ONU afirmó que por lo general las personas que viven en zonas de sacrificio son “explotadas, traumatizadas y estigmatizadas” y se las trata “como si fueran desechables, se ignora su voz, se excluye su presencia de los procesos de toma de decisiones y se pisotean su dignidad y sus derechos humanos”.
¿Qué es el racismo ambiental?
Amnistía Internacional define el racismo ambiental como toda política, práctica, ley o normativa ambiental que afecte de forma discriminatoria o desfavorezca (intencionadamente o no) a personas, grupos o comunidades por motivos de raza, color, ascendencia, origen nacional y étnico, y minorías. El racismo ambiental se traduce a menudo en que los grupos racializados se ven desproporcionadamente afectados por la contaminación, la degradación del medioambiente y el cambio climático. A escala mundial, el antiguo relator especial de la ONU sobre el racismo señala que: “la discriminación por motivos de raza, color, ascendencia y origen nacional y étnico sigue siendo un factor determinante de los daños climáticos y ambientales que sufren las personas y las comunidades”. El informe sobre la catástrofe de Bhopal afirma que el racismo ambiental describe numerosas violaciones interconectadas de los derechos humanos, como son los efectos adversos de la degradación ambiental sobre los derechos a la vida, la salud, un nivel de vida adecuado, la educación y otros derechos sustanciales, la usurpación del derecho a un medioambiente limpio, sano y sostenible, y la violación del derecho a no sufrir discriminación. La indiferencia y el desprecio con que se ha tratado a las personas supervivientes y a sus descendientes desde el escape de gas, la falta de una rendición de cuentas adecuada y efectiva tanto por parte del Estado como de las empresas por el escape de gas y por la contaminación que aún persiste, así como el fracaso a la hora de garantizar un programa de reparaciones que aborde adecuadamente todos los daños pasados y presentes son consecuencia del arraigado racismo ambiental.