“Independientemente de que los condenados a muerte están en el ejército nacional o en la policía, en grupos armados o implicados en violencia de bandas, todo el mundo tiene derecho a la vida y a gozar de protección"

En respuesta a la noticia de que, después de una pausa de dos decenios, el gobierno de República Democrática del Congo quiere reanudar las ejecuciones en un intento por combatir a los grupos armados y la violencia de las bandas, Tigere Chagutah, director regional de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral, ha declarado:

“La decisión del gobierno de reinstaurar las ejecuciones constituye una flagrante injusticia para las personas condenadas a muerte en República Democrática del Congo, y muestra un cruel desprecio por el derecho a la vida. Se trata de un enorme retroceso para el país y de una señal más de que el gobierno de Tshisekedi se está echando atrás en su compromiso de respetar los derechos humanos”.

“Independientemente de que los condenados a muerte están en el ejército nacional o en la policía, en grupos armados o implicados en violencia de bandas, todo el mundo tiene derecho a la vida y a gozar de protección. Esta desalmada decisión pondrá en peligro la vida de cientos de personas que han sido condenadas a muerte, incluidas las que lo fueron tras juicios injustos y por cargos de motivación política.”

“Con un sistema de justicia ineficiente e ineficaz, que el propio presidente Tshisekedi ha descrito como ‘enfermo’, esta deplorable decisión del gobierno significa que muchas personas inocentes corren ahora peligro de ser ejecutadas. Esto resulta aún más alarmante teniendo en cuenta la represión que se está ejerciendo contra opositores políticos, activistas de derechos humanos y periodistas.”

“La pena de muerte es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante. El gobierno de República Democrática del Congo debe detener de inmediato cualquier plan para reanudar las ejecuciones, y dictar una moratoria oficial de las ejecuciones con vistas a la abolición de la pena capital.”

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, independientemente de quién sea la persona acusada, de la naturaleza o las circunstancias del delito, de la culpabilidad o la inocencia y del método de ejecución.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

• Las últimas ejecuciones de las que se tuvo noticia en República Democrática del Congo se llevaron a cabo en 2003.
• El 13 de marzo de 2024, la ministra de Justicia congoleña notificó formalmente a las autoridades judiciales la decisión del gobierno de reanudar las ejecuciones para una serie de delitos. El gobierno justificó su decisión con la necesidad de combatir la “traición” en el seno del ejército en un momento en el que el país se enfrenta a una escalada de los conflictos armados, especialmente con el resurgimiento del grupo armado Movimiento 23 de Marzo (M23) apoyado por Ruanda, y la necesidad de poner fin a la mortal violencia de las bandas en varias ciudades, incluida la capital, Kinshasa.
• El sistema de justicia congoleño está asolado por numerosos problemas, y los juicios rara vez cumplen las normas sobre juicios justos documentadas por Amnistía Internacional y otras organizaciones.
• El propio presidente Tshisekedi se ha quejado públicamente en varias ocasiones del mal funcionamiento de la justicia en el país, y este mismo año describió el sistema judicial como “enfermo”.