Rocío San Miguel es una abogada, profesora y defensora de los derechos humanos de Venezuela reconocida a nivel nacional e internacional, y tiene doble nacionalidad española y venezolana. En la actualidad es presidenta de Control Ciudadano, una ONG reconocida por sus investigaciones y monitoreo de temas de derechos humanos vinculados a la seguridad pública y a la labor de las fuerzas armadas

Rocío San Miguel, conocida defensora de los derechos humanos, fue detenida arbitrariamente en Venezuela el 9 de febrero de 2024. Estuvo en paradero desconocido hasta el 15 de febrero, lo que constituye una breve desaparición forzada. Su hija y otros familiares también fueron detenidos arbitrariamente el 9 de febrero y puestos en libertad condicional el 15 de febrero. Rocío San Miguel y su expareja permanecen detenidos injustamente, acusados de varios presuntos delitos; a ambos se les ha negado el acceso a asistencia letrada de su confianza. Rocío está detenida por defender los derechos humanos en Venezuela, y Amnistía Internacional pide a Nicolás Maduro que la ponga en libertad de forma inmediata e incondicional y que garantice su seguridad.

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO

Presidente Nicolás Maduro

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela,

Edificio Palacio de Miraflores,

Avenida Urdaneta,

Caracas, Venezuela

Twitter: @NicolasMaduro

Presidente Nicolás Maduro:

Le escribo para expresar preocupación por la continuidad de la detención arbitraria de Rocío San Miguel. Esta mujer no sólo fue sometida a una breve desaparición forzada durante cinco días insoportables, sino que continúa recluida injustamente en “El Helicoide”, un centro de detención del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en Caracas, Venezuela. Desde su detención el 9 de febrero de 2024, a Rocío San Miguel le han negado reiteradamente el acceso a asistencia letrada de su confianza, y las autoridades impidieron las visitas de sus familiares hasta que, el 18 de febrero, se permitió a su hija hacerle la primera visita.

Aunque nos satisface la libertad condicional de su hija y otros familiares, estas personas no deberían haber sido detenidas, para empezar, por lo que los cargos contra ellas deben retirarse de inmediato. De igual modo, Rocío, su expareja y todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos, incluido el defensor de los derechos humanos y preso de conciencia Javier Tarazona, deben quedar en libertad sin condiciones ni demoras.

Pedimos la liberación inmediata e incondicional de Rocío San Miguel. Mientras Rocío permanezca detenida arbitrariamente, le pedimos que garantice su seguridad y su acceso inmediato a asistencia letrada de su elección, así como a visitas familiares sin restricciones indebidas.

Atentamente, [NOMBRE]

INFORMACIÓN ADICIONAL

Rocío San Miguel es una abogada, profesora y defensora de los derechos humanos de Venezuela reconocida a nivel nacional e internacional, y tiene doble nacionalidad española y venezolana. En la actualidad es presidenta de Control Ciudadano, una ONG reconocida por sus investigaciones y monitoreo de temas de derechos humanos vinculados a la seguridad pública y a la labor de las fuerzas armadas. En el contexto de la detención arbitraria y desaparición forzada de Rocío San Miguel, también fueron detenidas varias personas de su entorno familiar, incluidos su hija, Miranda Díaz San Miguel, dos hermanos, Miguel Ángel San Miguel Sosa y Alberto San Miguel Quigosos, el padre de Miranda, Víctor Díaz Paruta, y la expareja de Rocío, Alejandro González Canales. Todos ellos, salvo Rocío y Alejandro, fueron puestos en libertad condicional el 15 de febrero.

Después de cinco días de desaparición forzada, las autoridades desvelaron el paradero de Rocío, y confirmaron que estaba bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en el centro de detención “El Helicoide” en Caracas. La asistencia letrada de Rocío confirmó que a la hija de ésta, Miranda, le habían permitido visitar a su madre el 18 de febrero; Miranda transmitió las reiteradas alegaciones de inocencia de su madre respecto a los delitos de los que ha sido acusada. Según el fiscal general, Rocío compareció ante el Tribunal Especial Segundo, con competencias sobre terrorismo, y fue acusada de traición, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir, entre otros delitos.

El 15 de febrero, el gobierno venezolano anunció que suspendía las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Venezuela, lo que indica una preocupante escalada de los intentos del país por eludir el escrutinio y la rendición de cuentas internacionales. Esta decisión se produjo poco después de que la OACNUDH expresara su preocupación por la detención de Rocío San Miguel y señalara que “[s]u paradero sigue siendo desconocido, lo que podría calificar su detención de desaparición forzada”. La suspensión anunciada también tuvo lugar un día después de que el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación publicara su informe sobre su reciente visita a Venezuela.

Amnistía Internacional ha denunciado durante años el uso de detenciones arbitrarias por motivos políticos como parte de una política de represión implementada por el gobierno de Nicolás Maduro contra personas que puedan ser consideradas críticas con el gobierno. Estas detenciones arbitrarias forman parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población de Venezuela y podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Además de las detenciones arbitrarias por motivos políticos, las desapariciones forzadas de corta o larga duración también han sido parte de la política de represión del gobierno venezolano. Esta práctica ha sido documentada y denunciada por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, así como por la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, ambas de Naciones Unidas.

Las personas que defienden los derechos humanos corren un riesgo constante de hostigamiento, ataques y detención arbitraria. El defensor de los derechos humanos, preso de conciencia y director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, permanece detenido desde julio de 2021 y está sometido a un proceso penal injusto solamente por defender los derechos humanos en Venezuela. Pedimos su libertad inmediata e incondicional.

El gobierno de Nicolás Maduro ha acosado, procesado y censurado continuamente a activistas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para proteger los derechos de la población venezolana en medio de una compleja emergencia humanitaria y una profunda crisis de derechos humanos que está obligando a cantidades sin precedentes de personas a huir en busca de seguridad y protección. A noviembre de 2023, más de 7,72 millones de personas (lo que representa más del 25% de la población total del país) habían huido de las violaciones de derechos humanos cometidas de forma masiva en Venezuela.

Desde 2020, tres informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela han documentado exhaustivamente centenares de casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en el país desde 2014; además, han documentado la manera en que el sistema de justicia sirve como herramienta para la política de represión del gobierno, y han concluido que estas graves violaciones de derechos humanos pueden constituir crímenes de lesa humanidad.

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: español.

También pueden escribir en su propio idioma.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 15 de abril de 2024

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Rocío San Miguel (femenino)ENLACE A LA AU ANTERIOR: Venezuela: Detienen a defensora venezolana y su familia - Amnistía Internacional

Fotografía: Pixabay