El 3 de octubre, Pakistán anunció que las personas afganas no registradas serían deportadas a Afganistán el 1 de noviembre de 2023. Desde entonces, y según los informes, han sido devueltas más de 300.000 personas afganas como mínimo

El 3 de octubre de 2023, el gobierno paquistaní anunció su decisión de deportar a las personas refugiadas afganas no registradas y devolverlas a una situación de peligro en Afganistán, incumpliendo flagrantemente sus obligaciones internacionales, y fijó como fecha el 1 de noviembre. Desde entonces, las autoridades han deportado a personas afganas e incrementado la represión sobre las personas refugiadas afganas no registradas, lo cual ha dado lugar a arrestos arbitrarios, detenciones ilegítimas de personas refugiadas y separación de familias, incluidos menores de edad, mujeres y personas de edad avanzada. Las autoridades no han permitido el acceso a los centros de detención establecidos recientemente con fines de deportación. Asimismo, se han demolido viviendas de personas refugiadas afganas y se han confiscado sus bienes. Es imprescindible exigir que el gobierno de Pakistán ponga fin de inmediato a las incesantes detenciones y deportaciones y al hostigamiento generalizado de personas refugiadas afganas.

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO

H.E. Anwaar-ul-Haq Kakar

Primer Ministro Interino/ Caretaker Prime Minister

Islamic Republic of Pakistan

Constitution Avenue G-5/2, Islamabad, Pakistán

Sr. H.E. Anwaar-ul-Haq Kakar:

Le escribo para expresarle mi honda preocupación por la decisión tomada por el gobierno paquistaní el 3 de octubre de 2023 de deportar de Pakistán a más de 1,4 millones de personas refugiadas afganas no registradas. Es una decisión tomada en medio de la grave crisis humanitaria y de derechos humanos a la que se enfrenta la población afgana.

Durante décadas, decenas de miles de personas refugiadas afganas han hecho de Pakistán su hogar. Sin embargo, esta reciente decisión las obligará a regresar al peligro en Afganistán. Principalmente, la deportación supone una importante amenaza para los derechos humanos de las mujeres y las niñas afganas, incluido su derecho a la educación, al trabajo y a la libertad de circulación. Para la mayoría de las mujeres y las niñas afganas, la única oportunidad de conseguir una educación formal es permanecer en Pakistán. Además, un número importante de personas refugiadas, entre las que hay periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, mujeres activistas y artistas, así como autoridades del gobierno anterior, también corren peligro inminente de persecución y represión a manos de los talibanes si se las obliga a regresar a Afganistán.

La decisión pone también a las personas afganas de todo Pakistán en peligro inminente de quedarse sin hogar, perder sus medios de vida, no poder acceder a servicios esenciales y ser víctimas de separación familiar, en un momento en el que se aproxima el crudo invierno.

Desde el 1 de noviembre de 2023, la represión sobre las personas refugiadas afganas no registradas ha dado lugar a arrestos arbitrarios y separación de familias, incluidos menores de edad, mujeres y personas de edad avanzada. Se han creado centros de detención con fines de deportación. Medios de comunicación, abogados, miembros de la sociedad civil, incluso familiares de las personas detenidas no pueden acceder a ellos. Se han demolido viviendas de personas refugiadas afganas y se han confiscado sus bienes. Hay documentados varios casos de personas refugiadas afganas con documentación en regla que han sido deportadas por las autoridades. El gobierno ha anunciado también que expulsará a las personas refugiadas documentadas en una “próxima fase” de deportaciones.

Las deportaciones forzosas, junto con la represión de las personas refugiadas afganas, violan las obligaciones jurídicas internacionales del gobierno paquistaní, en particular el principio de no devolución.

Por consiguiente, le pido que:

Ponga fin a las medidas contra las personas refugiadas afganas, detenga de inmediato las devoluciones forzosas de personas afganas y anule su decisión.

Deje en libertad de inmediato a las personas refugiadas recluidas arbitrariamente en centros de detención, y se abstenga de detener a personas refugiadas afganas. 

Cree vías para obtener oportunamente la documentación y renovar todos los visados que hayan vencido, especialmente para los grupos de población en situación de riesgo, como mujeres y niñas, defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y minorías religiosas y de género.

Atentamente,

Información complementaria

El 3 de octubre, Pakistán anunció que las personas afganas no registradas serían deportadas a Afganistán el 1 de noviembre de 2023. Desde entonces, y según los informes, han sido devueltas más de 300.000 personas afganas como mínimo. 

Durante 40 años, Pakistán ha sido país de acogida de la mayor población de personas refugiadas afganas del mundo. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), actualmente viven en Pakistán más de 3,7 millones de personas afganas. Entre ellas están las 600.000 que huyeron de Afganistán temiendo las represalias de los talibanes tras la caída del gobierno afgano en agosto de 2021. Entre ellas hay cientos de defensores y defensoras afganos de los derechos humanos, mujeres activistas y manifestantes, periodistas y otras personas disidentes que esperaban ser reubicadas en un tercer país y ahora sufren diversos tipos de hostigamiento en Pakistán. 

Bajo el régimen talibán, Amnistía Internacional ha documentado ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas de disidentes, periodistas, activistas y personal del anterior gobierno, entre otras. Los talibanes han violado los derechos de las mujeres y las niñas en el país, incluido el acceso al trabajo y a la educación más allá de la enseñanza primaria. Las violaciones de los derechos de mujeres y niñas son de tal magnitud y gravedad que constituyen un sistema de represión que las discrimina en casi todos los aspectos de sus vidas.

El gobierno paquistaní está llevando a cabo expulsiones en masa justo antes del invierno y en un momento en que Afganistán ya se enfrena a una crisis humanitaria. Las personas que se ven obligadas a regresar se arriesgan al sinhogarismo, la pérdida de sus medios de vida y la falta de acceso a servicios esenciales. En Afganistán, más del 97% de la población vive en la pobreza, y se calcula que 29 millones —casi las tres cuartas partes de sus aproximadamente 40 millones de habitantes— necesitan ayuda urgente para la supervivencia cotidiana. Además, el plan de respuesta humanitaria de la ONU para Afganistán sigue sin tener apenas financiación. Los derechos humanos y la crisis humanitaria se han agravado debido a desastres naturales como la sequía que ya dura años, los efectos del cambio climático y los terremotos. En octubre de 2023, miles de personas sufrieron los efectos de los terremotos que se registraron en la provincia de Herat y que causaron más de 2.000 muertes y la destrucción de numerosas viviendas.  

Richard Bennett, relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán, Felipe González Morales, relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes, y Reem Alsalem, relatora especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, se han unido para pedir al gobierno de Pakistán que abandone su plan de deportar de Pakistán a las personas refugiadas afganas indocumentadas. Estos expertos han expresado su preocupación por la posible devolución de personas afganas a su país, algo que podría poner a muchas —incluidas numerosas familias, mujeres, niños y niñas—, en peligro de sufrir un daño irreparable. También han subrayado que estas personas podrían sufrir graves violaciones y abusos de derechos humanos al regresar a su país de origen. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) también pidió a las autoridades paquistaníes que suspendieran las devoluciones de ciudadanos y ciudadanas de Afganistán para evitar una catástrofe de derechos humanos.

Aunque Pakistán no es Parte en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 ni en su Protocolo de 1967, está obligado a respetar el principio de no devolución. La prohibición de la devolución es una obligación incluida en la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en la que Pakistán es Estado Parte, y prohíbe la devolución de ninguna persona a un país donde correría riesgo de tortura u otro trato o pena cruel, inhumano o degradante y otras violaciones graves de derechos humanos. 

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: Inglés, urdu (idioma de preferencia), sindi, baluchi, penyabí, dari/farsi/pastún.

También pueden escribir en su propio idioma.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 10 de mayo 2024 (proponemos mantener la fecha límite de la AU hasta esta fecha, jornada electoral en Pakistán).

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Más de 1,4 millones de personas refugiadas afganas sin registrar

Fotografía: Pixabay