“La comunidad internacional debe permanecer vigilante y utilizar todos los recursos y mecanismos a su disposición para detener y revertir los abusos y la violencia estatal que ponen en riesgo la situación de derechos humanos de El Salvador. Nos preocupa profundamente el deterioro en el respeto y la protección de los derechos humanos bajo el gobierno de Nayib Bukele y la probabilidad de que esta tendencia se consolide durante su segundo mandato"

Ante la autoproclamada reelección del presidente Nayib Bukele, en ausencia aún de datos oficiales en firme —en unos comicios electorales marcados por un extenso despliegue militar, veintidós meses consecutivos de suspensión de varios derechos civiles en El Salvador, y serios señalamientos de diversos sectores de la sociedad sobre la independencia y el cumplimiento del mandato del Tribunal Supremo Electoral—, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo:

“La comunidad internacional debe permanecer vigilante y utilizar todos los recursos y mecanismos a su disposición para detener y revertir los abusos y la violencia estatal que ponen en riesgo la situación de derechos humanos de El Salvador.”

“Nos preocupa profundamente el deterioro en el respeto y la protección de los derechos humanos bajo el gobierno de Nayib Bukele y la probabilidad de que esta tendencia se consolide durante su segundo mandato. En los últimos cinco años hemos observado la grave crisis provocada por un modelo de gobierno que promovió violaciones masivas de derechos humanos y la evasión de mecanismos de rendición de cuentas, tanto a nivel nacional como internacional”.

La comunidad internacional debe permanecer vigilante y utilizar todos los recursos y mecanismos a su disposición para detener y revertir los abusos y la violencia estatal que ponen en riesgo la situación de derechos humanos de El Salvador.

Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional

“Su gestión gubernamental también se ha caracterizado por el ocultamiento y manipulación de información pública, la promoción de acciones destinadas a socavar el espacio cívico, la militarización de la seguridad pública y las detenciones arbitrarias y el encarcelamiento masivo como únicas estrategias para combatir la violencia en el país, afectando desproporcionadamente a las personas en situación de pobreza”.

“Es imperativo que la instrumentalización del proceso penal y la instauración de facto de una política de tortura en el sistema penitenciario no se perpetúen, provocando un aumento en las ya alarmantes cifras de violaciones al debido proceso, muertes bajo custodia del Estado y la precarización de la situación de las personas privadas de libertad. Si no se corrige el rumbo, estaremos a las puertas del surgimiento de una nueva generación de víctimas a manos del Estado”.

“Ya hemos visto en la región las graves consecuencias de la falta de acción coordinada, oportuna y contundente de la comunidad internacional frente a estos modelos represivos, no solo en El Salvador, sino en toda la región. Por ello, se vuelve fundamental una reacción internacional robusta, a la altura de la crisis de derechos humanos que se desarrolla y profundiza”.