Las autoridades iraníes han intensificado la aplicación de la pena de muerte como herramienta de represión tras la sublevación “Mujer Vida Libertad” para reprimir la disidencia y aterrorizar a la población.Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción. La pena de muerte es una violación del derecho a la vida y el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante

Las ejecuciones de dos hombres por parte de las autoridades iraníes tras juicios manifiestamente injustos marcan un trágico descenso a nuevas dimensiones de crueldad, ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

La madrugada del 23 de enero de 2024, las autoridades iraníes ejecutaron arbitrariamente a Mohammad Ghobadlou, manifestante de 23 años con una discapacidad intelectual, tras un proceso y una sentencia marcados por el secretismo. Ese mismo día también ejecutaron arbitrariamente a Farhad Salimi, miembro de la minoría kurda suní de Irán, del que se ignoraron las peticiones que venía haciendo desde hacía un decenio para que lo sometieran a un nuevo juicio con garantías y sin “confesiones” obtenidas mediante tortura.

“La ejecución arbitraria de Farhad Salimi deja al descubierto una angustiosa constante en la aplicación desproporcionada de la pena de muerte por parte de las autoridades iraníes contra las minorías étnicas oprimidas de Irán. La ejecución arbitraria de Mohammad Ghobadlou ha dejado estupefactos a sus seres queridos y a su abogado, quienes esperaban que se celebrase un nuevo juicio, sin saber que las autoridades judiciales al más alto nivel habían eludido en secreto los procesos legales y conculcado flagrantemente los principios básicos de humanidad y el estado de derecho”, declaró Diana Eltahawy, directora regional adjunta para Oriente Medio y el Norte de África.

El abogado de Mohammad Ghobadlou recibió con menos de 12 horas de antelación la noticia de que se había previsto la ejecución de su defendido de manera inesperada e ilegal. Todo ello a pesar de que, en julio de 2023, la sección 1 del Tribunal Supremo había anulado la condena a muerte de Mohammad Ghobadlou y ordenado un nuevo juicio, que nunca llegó a celebrarse tras la intervención del presidente de la magistratura, Gholamhossein Mohseni Eje’i.

Farhad Salimi es el cuarto hombre ejecutado arbitrariamente desde noviembre de 2023 de un grupo de siete hombres kurdos suníes sentenciados a muerte hace más de un decenio en un juicio injusto que tan solo duró unos minutos y se basó en “confesiones” obtenidas mediante tortura. Crecen los temores de que las autoridades iraníes pretendan llevar a cabo de forma inminente las ejecuciones de los tres hombres restantes del grupo: Anwar Khezri, Kamran Sheikheh y Khosrow Basharat.

“La implacable oleada de muertes perpetradas por las autoridades iraníes tras la sublevación ‘Mujer Vida Libertad’ —que el año pasado supuso la ejecución arbitraria de cientos de personas tras juicios manifiestamente injustos— subraya la necesidad de que en el próximo período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por un lado, se renueve el mandato del relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Irán y, por otro, se amplíe la Misión de Investigación de la ONU. También es hora de que los Estados inicien investigaciones penales, en virtud del principio de jurisdicción universal, contra todas aquellas personas sospechosas de responsabilidad penal por crímenes recogidos en el derecho internacional, incluidos altos cargos iraníes”, afirmó Diana Eltahawy.

Sobrecogedora ejecución de un joven con discapacidad y torturado en cumplimiento de orden secreta

Mohammad Ghobadlou fue detenido en septiembre de 2022, en plena sublevación “Mujer Vida Libertad”, en relación con la muerte de un agente que, según las autoridades, se produjo porque el joven lo habría atropellado con un automóvil durante una protesta que tuvo lugar en Teherán el 22 de septiembre de 2022. Tras un proceso injusto, el 24 de diciembre de 2022 el Tribunal Penal núm. 1 de la provincia de Teherán lo condenó a muerte por “asesinato” y la Sección 39 del Tribunal Supremo confirmó la sentencia el 12 de marzo de 2023.

El 25 de julio de 2023, la Sección 1 del Tribunal Supremo anuló esta sentencia condenatoria y la pena de muerte, y ordenó un nuevo juicio que, según se indicó, debía incluir una evaluación adecuada de su salud mental para determinar si la discapacidad de Mohammad Ghobadlou había influido en su culpabilidad.

A pesar de esta sentencia, las autoridades rechazaron organizar un nuevo juicio. Los documentos oficiales que su abogado compartió en X (antes Twitter) en la víspera de la ejecución de Mohammad Ghobadlou revelan que el presidente de la magistratura había bloqueado el nuevo juicio y había remitido el caso de manera ilegal a los dos mismos jueces que presidían la Sección 39 del Tribunal Supremo y que habían confirmado su sentencia condenatoria.

Las autoridades mantuvieron en secreto el desarrollo posterior del caso, incluida la naturaleza del proceso y la entidad que ordenó la ejecución. Transcurridas algunas horas de la ejecución de Mohammad Ghobadlou, y como respuesta a la creciente indignación de la opinión pública, la agencia de noticias Mizan —el órgano de prensa del poder judicial— dio a conocer una resolución de la Sección 39 del Tribunal Supremo fechada el 4 de enero de 2024 y de la que no se había tenido noticia previa. La resolución, de un solo párrafo, anulaba la resolución judicial del 23 de julio de 2023 en la que se ordenaba un nuevo juicio alegando que contradecía la sharia (ley islámica), sin aportar otras razones. Esta resolución pone de manifiesto que el presidente de la Magistratura intervino respondiendo a la petición de Ali Alghasi, director del departamento de justicia (dadgostari) de la provincia de Teherán, lo que demuestra que altos cargos judiciales se confabularon en secreto para denegar un nuevo juicio a Mohammad Ghobadlou.

Ejecutado hombre kurdo suní que fue torturado

Farhad Salimi fue detenido en diciembre de 2009 en la provincia de Azerbaiyán Occidental junto con otros seis hombres kurdos suníes y acusado de pertenecer a “grupos salafistas”.

En las cartas abiertas escritas desde la prisión, los hombres afirmaban haber sido sometidos a tortura y otros malos tratos para forzar sus “confesiones”. Farhad Salimi dijo que se le presionó constantemente para que hiciera declaraciones declarándose culpable y para que destituyera al abogado elegido de manera independiente.

Los hombres fueron sentenciados a muerte en torno a junio de 2018 por la sección 26 del Tribunal Revolucionario que los declaró culpables de “corrupción en la tierra” (efsad-e fel-arz). El Tribunal Supremo revocó este fallo alegando falta de pruebas y, para que se celebrara un nuevo juicio, devolvió el caso a la Sección 15 del Tribunal Revolucionario que, de nuevo, los volvió a sentenciar a muerte.

Ambos juicios fueron manifiestamente injustos: en la fase de investigación las autoridades negaron a los hombres el acceso a sus abogados, el juez no permitió que estos hablaran durante el juicio y se utilizaron como pruebas las “confesiones” forzadas, de las que ellos siempre afirmaron que fueron obtenidas mediante tortura.

El 21 de enero de 2024, se transfirió a Farhad Salimi en régimen de aislamiento a la prisión Ghezal Hesar en Karaj, en la provincia de Alborz. Allí, junto con los otros tres sentenciados, comenzó una huelga de hambre el 3 de enero de 2024 en protesta por la ejecución del hombre kurdo Davoud Abdollahi el 2 de enero de 2024, sentenciado a muerte por el mismo caso, y ante la amenaza de sus propias ejecuciones inminentes. Anvar Khezri, Farhad Salimi, Kamran Sheikheh y Khosrow Basharat continúan en huelga de hambre. En noviembre de 2023, dos hombres más —Ghasem Abesteh y Ayoub Karimi— juzgados en el mismo caso también fueron ejecutados arbitrariamente.

Información complementaria

Las autoridades iraníes han intensificado la aplicación de la pena de muerte como herramienta de represión tras la sublevación “Mujer Vida Libertad” para reprimir la disidencia y aterrorizar a la población.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción. La pena de muerte es una violación del derecho a la vida y el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante. Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente a todos los Estados que mantienen la pena de muerte, incluido Irán, que declaren una suspensión oficial de las ejecuciones con miras a su abolición total.