Los fallos históricos de Grecia en las investigaciones sobre naufragios que afectan a personas en movimiento, y la impunidad generalizada de las violaciones de los derechos humanos sistémicas que se cometen en sus fronteras plantea dudas sobre la solidez de las investigaciones judiciales que se están llevando a cabo sobre la tragedia de Pylos, señalan Human Rights Watch y Amnistía Internacional

Las autoridades deben aprender la lección para evitar futuras muertes en el mar

• Ha habido pocos avances sustanciales en la investigación oficial sobre las acusaciones verosímiles de que la actuación y las omisiones de la guardia costera griega contribuyeron al naufragio y las muertes que tuvieron lugar hace seis meses ante las costas de Pylos (Grecia).
• La versión completa de lo sucedido es fundamental para garantizar la verdad y la justicia a las personas supervivientes y las familias de las víctimas, y para contribuir a evitar muertes en el futuro.
• Las autoridades deben garantizar que se investigan a fondo las acusaciones contra los agentes de la guardia costera y otros funcionarios griegos y procesar a aquéllos contra los que haya suficientes pruebas de actuación indebida.
• Informe

Ha habido pocos avances sustanciales en la investigación oficial sobre las acusaciones verosímiles de que la actuación y las omisiones de la guardia costera griega contribuyeron al catastrófico naufragio y las muertes que tuvieron lugar hace seis meses ante las costas de Pylos (Grecia).

El Adriana, un pesquero de arrastre, volcó a primera hora de la mañana del 14 de junio de 2023. Murieron más de 600 personas. La embarcación había zarpado de Libia cinco días antes con unos 750 migrantes y solicitantes de asilo a bordo —entre los que había niños y niñas—, procedentes en su mayoría de Siria, Pakistán y Egipto. Sólo sobrevivieron 104 personas. Se recuperaron 82 cadáveres.

“El naufragio de Pylos parece otro trágico ejemplo de la dejación por parte de las autoridades griegas de su responsabilidad de salvar vidas en el mar”, ha afirmado Judith Sunderland, directora asociada de Human Rights Watch para Europa y Asia central. “La versión completa de lo sucedido es fundamental para garantizar la verdad y la justicia a las personas supervivientes y las familias de las víctimas, y para contribuir a evitar muertes en el futuro.”

Amnistía Internacional y Human Rights Watch entrevistaron a 21 sobrevivientes del naufragio, a 5 familiares de personas aún desaparecidas y a representantes de organizaciones no gubernamentales, de la ONU, y de agencias y organizaciones internacionales, así como de la guardia costera y la policía griegas.

Descubrieron que, en las 15 horas transcurridas desde que recibieron la primera alerta de que el Adriana estaba en su zona de búsqueda y salvamento hasta que la embarcación volcó, las autoridades griegas no movilizaron los recursos adecuados para el salvamento. Las autoridades eran plenamente conscientes de los indicadores de peligro, como el hacinamiento y la falta de comida y agua a bordo del Adriana y, según las personas sobrevivientes, sabían que había cadáveres a bordo y que se había pedido el salvamento. Además, en sus testimonios, las personas que sobrevivieron también ponen en duda la afirmación de las autoridades de que quienes iban a bordo del Adriana no querían ser rescatados, algo que, de todas formas, no habría eximido a la guardia costera griega de su obligación de tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad en el mar. Las personas supervivientes coincidieron en afirmar que habían suplicado reiteradamente ser rescatadas, incluso a la propia guardia costera.

Dijeron también que un barco patrulla de la guardia costera había atado un cabo al Adriana y, al remolcarlo, lo había hecho volcar. Además, afirmaron que, tras el naufragio, la patrullera inició las operaciones de salvamento con lentitud, no consiguió incrementar al máximo el número de personas rescatadas y realizó maniobras peligrosas.

Investigaciones no relacionadas entre sí, llevadas a cabo por el grupo independiente Solomon, la plataforma de investigación interdisciplinar Forensis, Lighthouse Reports y los periódicos The New York Times, Der Spiegel, El País, y The Washington Post figuran entre las que documentaron acusaciones similares.

Según afirman las organizaciones, el carácter de las investigaciones judiciales que se están llevando a cabo en Grecia plantea dudas sobre las perspectivas de que se rindan cuentas por el naufragio. Nueve supervivientes, actualmente detenidos, se enfrentan a graves cargos ante el tribunal de lo penal de Kalamata (Grecia), entre ellos el de causar el naufragio. Paralelamente, el Tribunal Naval abrió una investigación en junio sobre la posible responsabilidad de la guardia costera y, en septiembre, 40 supervivientes presentaron una denuncia ante este mismo tribunal alegando que las autoridades griegas eran las responsables del naufragio. No está claro cómo podría afectar a un tribunal la decisión del otro.

El testimonio de las personas supervivientes apunta a posibles deficiencias procedimentales graves que podrían afectar a ambas investigaciones, por ejemplo la confiscación de sus teléfonos móviles, algunos de los cuales podrían contener evidencias clave de los acontecimientos. El fiscal del Tribunal Naval no solicitó hasta finales de septiembre los teléfonos de los funcionarios de la guardia costera griega, que también podrían contener pruebas, y a principios de diciembre sólo 13 supervivientes habían sido citados para declarar.

En noviembre, el Defensor del Pueblo griego abrió una investigación sobre la actuación de la guardia costera, mencionando la negativa de ésta a llevar a cabo una investigación disciplinaria interna. La Defensora del Pueblo Europeo abrió una investigación sobre el papel de Frontex (la Agencia Europea de Fronteras), cuyo avión avistó inicialmente la embarcación, y el responsable de derechos fundamentales de la Agencia está realizando su propia investigación. En sus aportaciones a la investigación de la Defensora del Pueblo Europeo, Amnistía Internacional y Human Rights Watch sostienen que Frontex debería haber continuado el seguimiento del Adriana y lanzar una llamada de socorro. Frontex dijo a las organizaciones que la coordinación de las operaciones de búsqueda y salvamento es responsabilidad de las autoridades nacionales, y que no realizó llamada de socorro porque no consideró que hubiera un “peligro inminente para la vida humana”.

El Ministerio de Asuntos Marítimos y Política Insular de Grecia contestó a las cartas de las organizaciones afirmando que la protección de la vida humana en el mar constituye “su mayor obligación profesional y moral”, y que la guardia costera y el Centro de Coordinación de Salvamento Conjunto de El Pireo cumplen los marcos jurídico y operativo vigentes en las operaciones de búsqueda y salvamento. Sin embargo, alegando que había investigaciones judiciales y no judiciales en curso, la guardia costera declinó responder a las preguntas de las organizaciones y hacer comentarios sobre sus conclusiones.

Los fallos históricos de Grecia en las investigaciones sobre naufragios que afectan a personas en movimiento, y la impunidad generalizada de las violaciones de los derechos humanos sistémicas que se cometen en sus fronteras plantea dudas sobre la solidez de las investigaciones judiciales que se están llevando a cabo sobre la tragedia de Pylos, señalan Human Rights Watch y Amnistía Internacional. En 2022, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Grecia por las deficiencias en sus intentos de salvamento y posteriores investigaciones en el naufragio en las costas de la isla de Farmakonisi, en 2014, donde murieron 11 personas.

“Casi 10 años después del letal naufragio en las costas de Farmakonisi, las respuesta de las autoridades griegas a la tragedia de Pylos es una prueba crucial de su voluntad de investigar violaciones de los derechos humanos contra personas racializadas en movimiento en las fronteras del país”, ha declarado Adriana Tidona, investigadora sobre migración en Amnistía Internacional. “Grecia debe asegurarse de que las personas supervivientes y las familias de los centenares de víctimas mortales participan de manera segura, efectiva en los procedimientos hasta donde sea posible, así como garantizar que las investigaciones se llevan a cabo de manera oportuna, garantizando la exhaustividad e integridad de las pruebas admitidas.”