En diciembre de 2022, menos de un año después de ocupar su cargo como primera mujer presidenta de Honduras, Castro declaró un estado de excepción que abarcaba las partes del país con tasas de delincuencia más elevadas. Según afirmó, se requerían medidas extraordinarias para luchar contra la inseguridad, especialmente las extorsiones

Por Adeline Neau, investigadora de Amnistía Internacional para Centroamérica

Cuando la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, fue elegida el 28 de noviembre de 2021 basándose en una plataforma contra la corrupción que prometía abordar el desastroso historial de derechos humanos del país y los astronómicos índices de homicidios y extorsión, había muchas esperanzas depositadas en ella. Se comprometió a trabajar con las comunidades afectadas, escuchar sus necesidades y emprender acciones. Pero el optimismo no duró.

En diciembre de 2022, menos de un año después de ocupar su cargo como primera mujer presidenta de Honduras, Castro declaró un estado de excepción que abarcaba las partes del país con tasas de delincuencia más elevadas. Según afirmó, se requerían medidas extraordinarias para luchar contra la inseguridad, especialmente las extorsiones.

En virtud del estado de excepción, las autoridades suspendieron derechos constitucionales tales como la libertad de circulación y de reunión. Se permitió a la policía militar practicar detenciones (lo cual no debe formar parte de sus funciones) y registrar domicilios sin orden judicial. En un país en el que las fuerzas de seguridad tienen un pésimo historial, este nivel de poderes extraordinarios es sencillamente una mala noticia.

Se suponía que las medidas extraordinarias iban a ser temporales, pero no lo fueron. El estado de excepción cumplió en diciembre su primer aniversario: 12 meses en los que la población de Honduras ha estado expuesta a abusos tolerados por la ley.

La presidenta Castro está siguiendo la misma estrategia impuesta hace casi dos años por Nayib Bukele en El Salvador, también con consecuencias terribles.

No cabe duda de que Honduras ha soportado un problema auténtico y extremadamente grave de seguridad, en una situación en la que las bandas aterrorizan a la población, limitando, entre otras cosas, su capacidad de trasladarse de una zona a otra. Sin embargo, la militarización de la seguridad está poniendo a todo el mundo en peligro.

Las organizaciones de derechos humanos han documentado un aumento de las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas en todo el país desde que se declaró el estado de excepción. Según nos han contado activistas, la policía nacional, trabajando junto con la policía militar, está haciendo blanco especial de ataques a jóvenes de zonas marginadas, a los que acusa de ser miembros de bandas criminales, sin importar si tienen pruebas suficientes, o si tienen alguna prueba en absoluto.

Únicamente entre diciembre de 2022 y septiembre de 2023, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras recibió casi 300 denuncias de violaciones de derechos humanos.

Varios mecanismos expertos de las Naciones Unidas que han visitado de forma independiente Honduras durante el año han descrito la situación como alarmante.

Morris Tidball-Binz, relator especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, declaró que este tipo de ejecuciones siguen siendo un “fenómeno generalizado” en el país y que, a pesar de los numerosos compromisos de las autoridades, la justicia es casi inexistente a causa de la “limitada capacidad de investigación y una cultura de impunidad[, dos factores que] son fundamentales para romper el ciclo de violencia”.

La situación es tan mala que muchas personas van trasladándose de un lado a otro del país, en un intento de escapar tanto de las bandas criminales como de la policía militar.

La presidenta Castro está siguiendo la misma estrategia impuesta hace casi dos años por Nayib Bukele en El Salvador, también con consecuencias terribles.

Rihanna Ferrera, activista y miembro del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura (órgano compuesto por autoridades oficiales y organizaciones independientes), nos contó que han estado documentando un creciente número de casos de jóvenes de zonas marginadas que son detenidos sin que existan pruebas firmes en su contra. Según afirmaba, las autoridades están criminalizando la pobreza. Rihanna Ferrera ha documentado casos de jóvenes que son detenidos y luego llevados de un lado a otro para someterlos a palizas y abusos antes siquiera de que se registre su detención en la comisaría de policía. Según asegura, se trata de una manera de fomentar las confesiones forzadas, con el fin de demostrar que las autoridades están actuando para abordar la delincuencia.

La situación en las prisiones también se ha deteriorado: en junio, el ejército tomó el mando después de que 46 mujeres murieran entre rejas en una prisión de Támara, cerca de Tegucigalpa, a consecuencia de un violento enfrentamiento entre dos bandas.

Sin embargo, según nos han asegurado activistas, en lugar de trabajar para convertir las prisiones en entornos seguros, las autoridades están castigando a quienes están entre rejas retirándoles la comida y prohibiendo las visitas familiares que, para muchas de las personas encarceladas, son la única manera de acceder a productos básicos. A los y las activistas de derechos humanos también les están impidiendo la entrada en las prisiones, lo que abre la puerta a que se cometan abusos sin que nadie lo vea.

Quienes han tratado de denunciar violaciones de derechos humanos han sufrido, en el mejor de los casos, acoso y campañas de difamación, y, en el peor, han sido víctimas de abusos. No es de extrañar que muchas de estas personas tengan miedo de hablar siquiera. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó 944 ataques contra periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos entre enero de 2021 y septiembre de 2023, entre ellos el homicidio de 36 personas defensoras de los derechos humanos y 4 periodistas.

Incluso quienes consiguen denunciar estos delitos tienen pocas probabilidades de obtener justicia, pues la mayoría de las denuncias no se investigan. A pesar de las numerosas promesas, en Honduras la impunidad es la norma, y el resultado de una falta combinada de recursos suficientes y voluntad política.

Los problemas de seguridad de Honduras son reales y sumamente complejos, y requerirán estrategias multidimensionales para abordarlos. Sin embargo, la cancelación de derechos humanos fundamentales para tratar de resolver una crisis sólo sirve para crear una nueva crisis aún mayor. Un país que retira derechos fundamentales como el de no ser detenido sin un motivo fundado lo único que está haciendo es poner a todo el mundo en peligro. Además, fortalece a las organizaciones criminales a las que dice combatir, pues crea un espacio en el que imperan el caos y la impunidad.

En lugar de seguir promocionando un enfoque corto de miras respecto a la seguridad, las autoridades deben invertir tiempo y recursos en desarrollar una estrategia de seguridad a largo plazo que sitúe en su núcleo el respeto por los derechos humanos. Como primer paso para lograrlo, Honduras debe mejorar su capacidad judicial, con recursos y personal que garanticen que la delincuencia compleja se investiga de forma adecuada y efectiva y que los responsables de violaciones de derechos humanos comparecen ante la justicia. También deben tomarse medidas para abordar la pobreza y la desigualdad, algunas de las causas subyacentes de la delincuencia.

Algunas de estas medidas requerirán cambios internos. La mayoría requerirán recursos adicionales, incluido un potencial apoyo global, pero un primer paso esencial sería mostrar la voluntad política no sólo de comprometerse a formular cambios sustanciales, sino también de implementarlos realmente.