• Fragmentos de bombas de munición de ataque directo conjunto (JDAM, por sus siglas en inglés) de fabricación estadounidense encontrados en restos de viviendas destruidas por bombardeos aéreos israelíes
• Los ataques deben ser investigados como crímenes de guerra
• “Armas fabricadas en Estados Unidos facilitaron el homicidio masivo de familias extensas” – Agnès Callamard

El ejército israelí usó municiones de ataque directo conjunto (JDAM, por sus siglas en inglés) fabricadas en Estados Unidos en dos mortíferos bombardeos aéreos ilegítimos de viviendas llenas de civiles en la Franja de Gaza ocupada, ha concluido Amnistía Internacional basándose en una nueva investigación sobre estos bombardeos. La organización halló que estos bombardeos aéreos fueron ataques directos contra la población civil o bienes de carácter civil, o ataques indiscriminados y pide que sean investigados como crímenes de guerra.

La organización encontró fragmentos característicos de la munición en los restos de las viviendas destruidas en el centro de Gaza después de dos bombardeos que causaron la muerte de un total de 43 civiles: 19 niños y niñas, 14 mujeres y 10 hombres. En los dos casos, las personas sobrevivientes dijeron a Amnistía Internacional que no había habido ningún aviso de un bombardeo inminente.

El 10 de octubre, el bombardeo aéreo de la vivienda de la familia Al Najjar en Deir al Balah mató a 24 personas. El 22 de octubre, el bombardeo aéreo de la vivienda de la familia Abu Mueileq en la misma ciudad mató a 19 personas. Ambas viviendas estaban al sur de Wadi Gaza, dentro de la zona a la que, el 13 de octubre, el ejército israelí había ordenado trasladarse a la población que vivía en el norte de Gaza.

“El hecho de que el ejército israelí esté usando munición fabricada en Estados Unidos en ataques ilegítimos con consecuencias mortales para la población civil debería ser una llamada de atención urgente para la administración Biden. Las armas fabricadas en Estados Unidos facilitaron el homicidio masivo de familias extensas”, dijo Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“Estos bombardeos han diezmado a dos familias, lo que demuestra, una vez más, que el ejército israelí es responsable de matar y herir ilegítimamente a civiles en su bombardeo de Gaza.”

“Ante el número sin precedentes de víctimas mortales civiles y la magnitud de la destrucción en Gaza, Estados Unidos y otros gobiernos deben dejar inmediatamente de transferir armas a Israel que, con toda probabilidad, se usarán para cometer violaciones del derecho internacional o aumentar el riesgo de que se cometan. Prestar asistencia a sabiendas para cometer estas violaciones es contrario a la obligación de garantizar que se respeta el derecho internacional humanitario. Un Estado que sigue proporcionando armas que se están usando para cometer violaciones de derechos podría compartir la responsabilidad de estas violaciones.”

“Estos bombardeos han diezmado a dos familias, lo que demuestra, una vez más, que el ejército israelí es responsable de matar y herir ilegítimamente a civiles en su bombardeo de Gaza.”

Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional

Ante las pruebas de crímenes de guerra y otras violaciones de derechos, Estados Unidos debe seguir sus propias leyes y políticas sobre la transferencia y venta de armas, como su Política de Transferencia de Armas Convencionales y la Guía de Respuesta a Incidentes de Daños a Civiles, que en conjunto tienen como objetivo prevenir las transferencias de armas que puedan facilitar o contribuir a causar daños a civiles y a la comisión de violaciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario.

Amnistía Internacional no encontró ningún indicio de que hubiera objetivos militares en los lugares donde se produjeron los dos bombardeos ni de que las personas que estaban en los edificios fueran objetivos militares legítimos, lo que hace temer que estos bombardeos fueran ataques directos contra civiles. Además, aun en el caso de que los bombardeos —sobre los que Israel aún no ha facilitado información— estaban destinados a atacar objetivos militares, el uso de armas explosivas con efecto en amplias superficies en zonas densamente pobladas de este tipo podría hacer que fueran ataques indiscriminados. Como tales, estos ataques deben ser investigados como crímenes de guerra.

Especialistas en armas y analistas de teledetección de Amnistía Internacional examinaron las imágenes satelitales, así como fotografías tomadas por personas que trabajan en el terreno para la organización, de la destrucción de los lugares bombardeados y de fragmentos de munición recuperados de los escombros. Basándose en los daños significativos del blanco y de los edificios de alrededor, la bomba que alcanzó la vivienda de la familia Al Najjar pesaba probablemente 2.000 libras (algo más de 900 kilos). La bomba que alcanzó a la familia Abu Mueileq destruyó su casa y probablemente pesaba al menos 1.000 libras (alrededor de 450 kilos).

En los dos ataques, las bombas usaron kits de JDAM fabricados en Estados Unidos. Las fotos de los fragmentos metálicos de las armas muestran con claridad remaches y el sistema de arneses característicos que indican que eran parte del armazón que rodea el cuerpo de la bomba de un JDAM. Además, los códigos grabados en la chapa de ambos conjuntos de restos recuperados, 70P862352, están asociados a municiones JDAM y a Boeing, el fabricante. Los códigos adicionales grabados en la chapa indican que la JDAM que mató a los miembros de la familia Al Najjar fue fabricada en 2017, mientras que la JDAM que mató a los miembros de la familia Abu Mueileq fue fabricada en 2018.

Amnistía Internacional entrevistó a seis sobrevivientes y familiares de las víctimas de los ataques, y también analizó imágenes satelitales que mostraban destrucción en los lugares correspondientes durante un periodo de tiempo compatible con los relatos de los testigos. La organización envió preguntas sobre los dos ataques a la unidad de portavoces del ejército israelí el 21 de noviembre; en el momento de la publicación no había recibido respuesta.

Amnistía Internacional lleva tiempo pidiendo al Consejo de Seguridad de la ONU que imponga un embargo integral de armas a todas las partes en el conflicto de Gaza e Israel. Amnistía Internacional también ha pedido a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que acelere la investigación abierta en 2021 sobre crímenes de guerra y otros crímenes de derecho internacional cometidos por todas las partes.

Bombardeo de la vivienda de la familia Al Najjar: “Han destruido a nuestra familia”

El 10 de octubre, hacia las 20:30, un bombardeo aéreo israelí mató a 21 miembros de la familia Al Najjar cuando fue bombardeada la vivienda de la familia en Deir al Balah. Además, mató a tres vecinos.

Suleiman Salman al Najjar (48 años), propietario de un taller de reparación y venta de coches, dijo a Amnistía Internacional que murieron su esposa Susanne Subhi Asalam Najjar (40 años) junto con 4 de sus hijos e hijas: la bebé Safa (17 meses) y la joven Farah (23 años), y los varones Yazan (14 años) y Nadim (20 años).

Dijo: “No me sentía bien y fui al hospital Mártires de Al Aqsa, que está a unos dos kilómetros. Tengo problemas de riñón y, como el dolor empeoraba, decidí ir al hospital para que me pusieran una inyección antes de que fuera demasiado tarde […]”

“Me pusieron la inyección en el hospital y luego, al salir y regresar a casa en el coche, vi a un amigo y detuve el coche para saludarlo. Cuando estábamos hablando, oímos una gran explosión. No sabía dónde fue ese bombardeo y no pensé que fuera mi casa […] Mientras seguía charlando con mi amigo, alguien me dijo que era mi casa la que acababan de bombardear […]”

Nuestras vidas han quedado destrozadas en un instante. Han destruido a nuestra familia. Algo que era inconcebible es ahora nuestra realidad.”

Suleiman Salman al-Najjar, cuya esposa y cuatro hijos murieron

“Me quedé en shock. Corrí a casa y vi una escena de pura destrucción. No podía creer lo que veía. Todo el mundo estaba bajo los escombros. La casa había quedado totalmente pulverizada. Los cuerpos estaban reducidos a jirones.”

“Sólo se recuperó entero el cuerpo de mi hijo Nadim. De mi bebé, Safa, sólo encontramos una mano […] Ahora, yo y mis dos hijos sobrevivientes vivimos en una tienda junto a las ruinas de nuestra casa. Nuestras vidas han quedado destrozadas en un instante. Han destruido a nuestra familia. Algo que era inconcebible es ahora nuestra realidad.”

El bombardeo causó también la muerte de un vecino y dos vecinas de la familia Al Najjar: Yousef Baker Abu Traya (29 años) y Layla Said Ahmad al Aawar (42 años) y la hija de 7 años de ésta, Jana Hani al Aawar.

El análisis de las imágenes satelitales del lugar confirma la destrucción entre la mañana del 10 y la mañana del 13 de octubre de 2023.

Bombardeo de la vivienda de la familia Abu Mueileq: “¿Por qué tanta injusticia?”

El 22 de octubre, hacia las 12 del mediodía, un bombardeo aéreo israelí alcanzó tres casas pertenecientes a sendos hermanos Abu Mueileq y sus familias, en el norte de Deir al Balah. En total, el ataque causó la muerte de 18 miembros de la familia Mueileq —12 menores y 6 mujeres—, así como la de su vecino Rajab Ghazi Mezyed.

Samaher Abu Mueileq, que sobrevivió al ataque, dijo a Amnistía Internacional: “Acababa de salir de la casa donde estaban mis cuñadas y mis sobrinos y sobrinas, un minuto antes de que la bombardearan.”

“Bajé las escaleras y justo cuando abría la puerta de mi casa, bombardearon la casa de al lado, de mi hermano. La fuerza de la explosión me arrojó contra la puerta y me hice daño en la cara y el cuello. No entiendo por qué bombardearon la casa. Mataron a mis cuñadas y a sus hijos e hijas, y a mi madrastra; todos eran mujeres y niños y niñas… Otras personas resultaron heridas. ¿Cuál es la razón de este crimen contra civiles?”

¿Cuál es la razón de este crimen contra civiles?”

Samaher Abu Mueileq, sobreviviente al ataque

Bakir Abu Mueileq, hermano de Samaher, médico otorrinolaringólogo, perdió en el bombardeo a su esposa Islam Majid Abu Mueileq (34 años) y a cuatro de sus hijos e hijas: las niñas Doa (16 años) y Lama (11 años) y los niños Ghanem (14 años) y Mohamed (12 años).

Bakir Abu Mueileq trabajaba en el hospital que está cerca de la casa de la familia cuando se produjo el bombardeo. Explicó a Amnistía Internacional: “Somos tres hermanos casados con tres hermanas, vivimos juntos, dedicados a nuestras familias y al trabajo, y lejos de la política. Somos médicos y científicos, y nuestro objetivo es vivir bien y construir un buen futuro para nuestros hijos e hijas.”

“No podemos entender por qué bombardearon nuestras casas. Nunca habíamos tenido ningún problema. Lo mismo con nuestros vecinos. No hay nadie armado ni político aquí. Nuestra vida, nuestras familias, fueron destruidas por completo, aniquiladas. ¿Por qué?”

“Los cuerpos estaban reducidos a jirones. Sólo pudimos encontrar trozos […] Sólo se recuperaron más o menos enteros cinco de los cuerpos porque fueron arrojados más lejos [del lugar de la explosión]. Estamos en shock. ¿Qué futuro hay ahora para mis hijas sobrevivientes? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué?”

El análisis de las imágenes satelitales del 22 de octubre de 2023 muestra daños producidos en estructuras ese día en ese lugar.

El derecho internacional humanitario y la obligación de no contribuir a las violaciones de derechos

Las partes en un conflicto deben distinguir en todo momento entre personas civiles y bienes de carácter civil, por una parte, y combatientes y objetivos militares, por otra. Los ataques directos contra la población civil y contra bienes de carácter civil están prohibidos, así como los ataques indiscriminados.

Cuando ataque un objetivo militar, el ejército israelí tiene la obligación de tomar todas las precauciones factibles para evitar y, en cualquier caso, minimizar las muertes y heridas a civiles, y los daños a bienes de carácter civil. Estas precauciones incluyen hacer todo lo posible para verificar que un blanco es un objetivo militar, escoger medios y métodos de ataque que reduzcan al mínimo los daños a la población civil, evaluar si un ataque sería desproporcionado, dar aviso con antelación y por medios eficaces a la población civil cuando sea factible, y anular un ataque si queda de manifiesto que sería ilegítimo.

Amnistía Internacional no encontró ningún indicio de que hubiera objetivos militares en los lugares donde se produjeron los dos bombardeos ni de que las personas que estaban en los edificios fueran objetivos militares legítimos, y no recibió datos en sentido contrario de Israel, lo que hace temer que estos bombardeos fueran ataques directos contra civiles o contra bienes de carácter civil. Amnistía Internacional examinó artículos de prensa en busca de información sobre estos ataques y no encontró ninguna declaración pertinente de las autoridades israelíes ni ninguna otra afirmación de que hubiera objetivos militares presentes. Incluso si hubiera habido un objetivo militar legítimo en las proximidades de alguno de los edificios alcanzados, estos ataques no distinguieron entre objetivos militares y bienes de carácter civil.

Los ataques indiscriminados que causen la muerte o heridas a civiles constituyen crímenes de guerra. La larga constante de ataques temerarios contra objetivos civiles que Amnistía Internacional ha venido documentando a lo largo de los ataques en curso de Israel, así como durante los conflictos de 2008-09, 2014 y 2021, podría equivaler a dirigir ataques contra la población civil y contra bienes de carácter civil, que también son crímenes de guerra.

La densidad de población extremadamente alta en la asediada Franja de Gaza conlleva dificultades adicionales para todas las partes implicadas en el conflicto. El derecho internacional humanitario exige que Hamás y otros grupos armados adopten todas las precauciones posibles para proteger a la población civil que está bajo su control de los efectos de los ataques. Esto incluye, en la medida de lo posible, evitar situar objetivos militares dentro de zonas densamente pobladas o en sus proximidades. En los ataques que se investigan aquí, Amnistía Internacional no encontró ningún indicio de que Hamás usara escudos humanos, ni siquiera de la presencia de combatientes donde se produjeron los ataques.

Sin embargo, aun en el caso de que los grupos armados incumplan sus obligaciones, Israel sigue obligada por el derecho internacional humanitario, que incluye la prohibición de los ataques indiscriminados y desproporcionados.

Todos los Estados tienen la obligación de garantizar que se respetan las normas del derecho internacional humanitario, incluso por parte de otros Estados. El comentario del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) de 2020 sobre el artículo 1 común de los Convenios de Ginebra, explica: “El apoyo económico, material o de otra índole, a sabiendas de que dicho apoyo se utilizará para cometer violaciones del derecho humanitario, violaría, por tanto, el artículo 1 común.” Las transferencias de armas de Estados Unidos a Israel, en las circunstancias actuales, viola sus obligaciones contraídas en virtud de los Convenios de Ginebra.

Además, Estados Unidos podría compartir la responsabilidad de las violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas por Israel con armas suministradas por Estados Unidos, pues todos los Estados tienen el deber de no contribuir, a sabiendas, a hechos internacionalmente ilícitos de otros Estados. Las normas sobre responsabilidad de los Estados son normas del derecho internacional consuetudinario y están reflejadas en los Artículos sobre Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos (Artículos sobre Responsabilidad del Estado) de la Comisión de Derecho Internacional, cuyo artículo 16 establece que un Estado puede ser considerado responsable de prestar ayuda o asistencia a otro Estado en la comisión por este último de una violación del derecho internacional humanitario “si lo hace conociendo las circunstancias del hecho internacionalmente ilícito” y si el hecho sería internacionalmente ilícito si fuese cometido por el Estado que presta la ayuda o asistencia.

Información complementaria

El 7 de octubre de 2023, Hamás y otros grupos armados lanzaron cohetes indiscriminados y enviaron combatientes al sur de Israel y cometieron crímenes de guerra como homicidios masivos deliberados de civiles y la toma de rehenes. Según las autoridades israelíes, Hamás y otros grupos armados en Gaza tomaron como rehenes al menos a 239 personas, en su mayoría civiles, entre las que había 33 menores. A fecha 1 de diciembre, habían sido liberados 113 rehenes en poder de Hamás y otros grupos armados en Gaza y 240 personas palestinas detenidas y presas en cárceles de Israel como parte de un acuerdo durante una “pausa humanitaria” que comenzó el 24 de noviembre y finalizó el 1 de diciembre.

Amnistía Internacional ha documentado pruebas irrefutables de crímenes de guerra cometidos por fuerzas israelíes en su intenso bombardeo de Gaza que incluyen ataques directos o indiscriminados, así como otros ataques ilegítimos y el castigo colectivo de la población civil. Los ataques han matado a más de 15.000 personas, en su mayoría civiles —entre ellas más de 5.500 niños y niñas—, según el Ministerio de Salud palestino en Gaza.

Amnistía Internacional pide un alto el fuego sostenido inmediato, la liberación de todos los rehenes civiles restantes y que Israel ponga fin a su asedio ilegal e inhumano de Gaza. Amnistía Internacional pide asimismo un embargo de armas total del Consejo de Seguridad de la ONU a Israel, Hamás y otros grupos armados que abarque el suministro directo e indirecto, la venta y la transferencia de armas y material militar, incluidas tecnologías asociadas, piezas y componentes, asistencia técnica, formación y ayuda económica y de otro tipo.