El 27 de noviembre de 2023, los relatores especiales de la ONU sobre reunión pacífica y asociación y sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias pidieron públicamente a las autoridades chilenas que avancen “con el enjuiciamiento y la sanción de los agentes del Estado responsables de los delitos cometidos durante las protestas de 2019-2020”. En una contundente declaración, expresaron su alarma por la falta de procesamiento penal de ningún alto mando policial y reiteraron que "es responsabilidad del Estado asegurar la rendición de cuentas de mando". Instamos a la Fiscalía de la Región Metropolitana Centro-Norte a que, de existir pruebas suficientes, impute formalmente a los mandos de Carabineros que podrían ser responsables de estas violaciones.

 

 

 

Estimado señor Xavier Armendáriz,

 

Le escribo, más de cuatro años después del llamado 'estallido social', con preocupación por la impunidad predominante que rodea las violaciones generalizadas de derechos humanos cometidas por la policía chilena durante la represión de protestas masivas, especialmente con respecto a la alto mando de Carabineros de Chile.

 

Desde 2020, Amnistía Internacional ha llamado una y otra vez a la Fiscalía de Chile, de la que usted forma parte, a determinar la responsabilidad de los mandos operativos y estratégicos por los crímenes y violaciones cometidos por la policía. También hemos llamado a las autoridades judiciales chilenas a “procesar a todas las personas que pudieran ser responsables y en su caso juzgarlas con el fin de garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias.” Estos mandos podrían incluir al General Director y al Director de Orden y Seguridad (DIOSCAR) en funciones al momento de los hechos.

 

El 27 de noviembre de 2023, los expertos de la ONU sobre reunión pacífica y ejecuciones extrajudiciales sumaron sus voces a la exigencia de que haya rendición de cuentas de los mandos de Carabineros. Afirmaron claramente que “la magnitud de las violaciones y la gravedad del daño infligido a los manifestantes, así como la repetición de estas violaciones, sugieren que no se trata de incidentes aislados y apuntan a la responsabilidad de mando”. También destacaron “la importancia de asegurar la rendición de cuentas de mando de las fuerzas de seguridad” y que “es fundamental avanzar con el enjuiciamiento y la sanción de los agentes del Estado responsables”.

 

Existe un creciente clamor global contra la impunidad en Chile. Le instamos a formalización e iniciar un proceso penal contra los mandos de Carabineros, si existen pruebas admisibles suficientes para ello, en el marco de un juicio justo y con todas las garantías del debido proceso.

 

Atentamente,

 

 

 

El 18 de octubre de 2019 iniciaron protestas masivas en todo Chile tras el anuncio de un aumento en el precio del transporte público en Santiago, la capital. Muchas y muchos chilenos vieron esto como la gota que colmó el vaso después de décadas de deterioro del acceso a los derechos económicos, sociales y culturales.

Las protestas, en su mayoría pacíficas, fueron duramente reprimidas. La respuesta gubernamental, nunca vista desde el gobierno de Pinochet, no puso freno a las protestas. Carabineros, la fuerza policial de Chile, hizo un uso constante e inadecuado de armas menos letales, disparando en varias ocasiones municiones potencialmente letales de manera injustificada, generalizada e indiscriminada y en muchos casos apuntando a la cabeza de las personas. En múltiples eventos, Carabineros utilizó de manera excesiva e innecesaria gases lacrimógenos, lanzando este químico contra hospitales, universidades, domicilios e incluso escuelas, afectando gravemente a niñas y niños y personas con discapacidad. Miles de personas resultaron heridas, entre ellas cientos de personas con graves lesiones oculares causadas por balines de goma y metal y gases lacrimógenos utilizados de forma indiscriminada e inapropiada. Otras violaciones de derechos humanos incluyeron decenas de casos de tortura, incluida tortura sexual. La mayoría de las violaciones de derechos humanos documentadas ocurrieron a manos de Carabineros.

Los mandos de Carabineros, cuya responsabilidad es ejercer control sobre sus unidades y garantizar que la fuerza se utilice de conformidad con el derecho y las normas nacionales e internacionales, no impidieron que se produjeran estas violaciones de derechos humanos. Un caso emblemático de tal responsabilidad es el de Gustavo Gatica.

Aunque la policía chilena abrió una investigación interna sobre los hechos, concluyó que nadie en la institución podía ser considerado responsable por el ataque. En junio de 2020, Amnistía expuso lo que podría haber sido un intento de Carabineros de encubrir la participación de uno de sus funcionarios, identificado como “G-3”. Al 29 de septiembre de 2023, este oficial está bajo investigación penal por su papel en el asesinato de Gustavo. El fiscal ha presentado cargos contra él, aunque el juicio aún está pendiente y la responsabilidad de la cadena de mando aún no ha sido objeto de su propio juicio.

En octubre de 2020, Amnistía Internacional lanzó el conocido informe Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social, concluyendo la posible responsabilidad penal de al menos tres mandos de Carabineros por sus órdenes tácitas u omisiones deliberadas en la violación generalizada del derecho a la integridad física de personas manifestantes, y lanzó una campaña global exigiendo a la Fiscalía Nacional de Chile que investigue a los mandos de Carabineros. Amnistía Internacional también recomendó en su informe una reforma estructural de Carabineros, debido a las limitaciones derivadas de su carácter militar y estructura orgánica, y la necesidad de un mayor control de la policía por parte de las autoridades civiles, así como de cambios urgentes para garantizar apego estricto al derecho internacional de los derechos humanos.

A septiembre de 2023, la impunidad por estos hechos ha sido la norma. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), al cierre de 2022, la Fiscalía Nacional ha presentado cargos en solo 127 de las 10.568 denuncias de violaciones de los derechos humanos durante el período de conflictividad social, lo que resultó en apenas 27 condenas y ocho absoluciones. Hasta la fecha no se han presentado cargos contra ninguno de los mandos de Carabineros a cargo de la policía durante el estallido social.

En la actual investigación que se está llevando contra el alto mando de Carabineros, la Fiscalía ha citado seis veces a declarar al General Director de Carabineros, sin embargo, la máxima autoridad policial encargada de la seguridad del país no ha prestado declaración, provocando un obstáculo para la investigación.

 

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Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

 

NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Xavier Armendáriz (masculino)

 

ENLACE A LA AU ANTERIOR: https://www.amnesty.org/es/documents/amr22/7259/2023/es/