• 10.000 familias afectadas, según informes
• Entrevistas realizadas a más de 100 personas indican que las autoridades camboyanas amenazan a la gente para que se marche de sus tierras
• Las autoridades trasladaron a personas a un lugar de reubicación desierto y sin servicios esenciales
• La UNESCO debería condenar públicamente los desalojos forzosos realizados en su nombre

Los desalojos masivos que afectan a miles de familias en Angkor, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, violan el derecho internacional de los derechos humanos; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional con motivo de la publicación de su nueva investigación, que pone al descubierto cómo las autoridades camboyanas están obligando a personas a reasentarse en nombre de la conservación del patrimonio.

En la segunda mitad de 2022, las autoridades camboyanas pusieron en marcha el desalojo de 10.000 familias del inmenso parque arqueológico situado en la localidad de Siem Reap, alegando la necesidad de proteger un yacimiento que ronda el milenio de daños que harían peligrar su calificación de Patrimonio de la Humanidad.

Según la investigación de Amnistía Internacional, basada en entrevistas a más de un centenar de personas y en nueve visitas presenciales al conjunto arqueológico de Angkor y a los dos lugares de reubicación, las autoridades camboyanas no han informado ni han consultado debidamente a la gente antes de los desalojos. Además, han intimidado y amenazado a muchas personas para que no cuestionen los desalojos y se reubiquen en lugares sin alojamiento, suministro adecuado de agua, instalaciones higiénicas ni acceso a medios de vida.

“Las autoridades camboyanas han desarraigado cruelmente a familias que llevaban viviendo allí varias generaciones, y las han obligado a vivir con lo justo reubicadas en lugares infradotados. Deben suspender inmediatamente los desalojos forzosos y dejar de violar el derecho internacional de los derechos humanos”, ha manifestado Montse Ferrer, directora regional adjunta de Investigación de Amnistía Internacional.

“Dado que la UNESCO tiene el compromiso de situar los derechos humanos en el centro de todas sus acciones, debería condenar de manera inequívoca los desalojos forzosos como instrumento de gestión de un lugar declarado patrimonio de la Humanidad, utilizar su influencia para reclamar que el gobierno camboyano suspenda estos desalojos y presionar en favor de una investigación pública e independiente”, ha afirmado Montse Ferrer.

Las autoridades camboyanas han desarraigado cruelmente a familias que llevaban viviendo allí varias generaciones, y las han obligado a vivir con lo justo reubicadas en lugares infradotados.

Montse Ferrer, directora regional adjunta de Investigación de Amnistía Internacional

El año pasado, el entonces primer ministro Hun Sen expuso el programa de reubicación en varios discursos. Advirtió que quienes no se marcharan cuando se les dijera no recibirían indemnización. También dijo que el motivo era proteger la calificación de Angkor como Patrimonio de la Humanidad.

El violento historial de desalojos forzosos del gobierno camboyano es bien conocido por los habitantes del país, y muchos se tomaron las palabras de Hun Sen como una clara advertencia de que se marchen.

Amnistía Internacional documentó amenazas tanto directas como veladas a residentes para que se fueran o aceptaran el programa de reubicación. Las autoridades advirtieron que habría cortes de electricidad, inundaciones e incluso arrestos.

“Nos dijeron que a un lado se pusieran quienes aceptaban [renunciar a sus campos de arroz] y al otro lado quienes no aceptaban, y después dijeron que quien proteste irá directamente a la cárcel”, contó el agricultor Yey* a Amnistía Internacional.

La mayoría de las personas entrevistadas niegan que los desalojos puedan calificarse de “voluntarios” en la práctica. En respuesta a la pregunta de Amnistía Internacional de si la reubicación fue voluntaria, una mujer que llevaba más de 70 años viviendo en Angkor dijo: “nadie quiere dejar su hogar”.

Según las conclusiones de Amnistía Internacional, jefes comunitarios, autoridades locales y representantes del órgano gubernamental camboyano encargado de la conservación del patrimonio —conocido por la sigla APSARA tanto en jemer como en inglés— hostigaron e intimidaron a decenas de familias visitando repetidamente sus casas para pedirles que se fueran.

“Decían que no es obligatorio, pero que si no lo hacías perderías tus tierras […] por eso lo hicimos voluntariamente”, dijo una persona.

Nos dijeron que a un lado se pusieran quienes aceptaban [renunciar a sus campos de arroz] y al otro lado quienes no aceptaban, y después dijeron que quien proteste irá directamente a la cárcel.

Yey*, agricultor

Quienes se iban “voluntariamente” eran reubicados en parcelas desiertas de 20 x 30 metros y recibían 30 planchas de chapa ondulada, una lona, una mosquitera, una cantidad fija de varios cientos de dólares y una tarjeta de servicios sociales una vez que habían aceptado irse. Se esperaba que con eso construyeran su nueva casa después de haber perdido la que tenían.

Amnistía Internacional ha presenciado cómo la gente desmontaba su casa, viajaba al lugar de reasentamiento y construía una nueva. Había otros casos de familias que llevaban muchos meses viviendo debajo de lonas sin más remedio.

Muchas se quejaban también de haber perdido su trabajo y de la falta de oportunidades de empleo en la nueva ubicación, que está a 45 minutos en coche desde Siem Reap, localidad donde se sitúan los templos de Angkor, declarados Patrimonio de la Humanidad.

En contravención de las normas internacionales de derechos humanos, las autoridades camboyanas no tomaron medidas para garantizar que el principal lugar de reasentamiento —Run Ta Ek— estaba suficientemente dotado de servicios e instalaciones esenciales cuando la gente empezó a trasladarse allí. Amnistía Internacional también observó que el lugar se inundaba con facilidad cuando llovía.

Al no proporcionar alojamiento, las autoridades camboyanas obligaron a miles de familias a arriesgar la salud viviendo bajo lonas o expuestas a la intemperie y sin saneamiento, incluidas unas instalaciones higiénicas adecuadas. Para hacer frente a sus gastos de construcción y manutención, algunas familias tenían que endeudarse y empeñar artículos recibidos como parte del programa de reubicación.

Para los agricultores era especialmente duro ya que su nuevo hogar estaba muy lejos de sus campos de arroz. Muchas familias dijeron que les faltaba comida porque ya no tenían acceso a su fuente única o principal de ingresos en Angkor, destino turístico internacional de primer orden visitado por millones de personas en temporada alta.

Una familia que estaba viviendo bajo lonas mientras construían a mano su nueva casa en Run Ta Ek contó a Amnistía Internacional que su bebé no podía dormir debido al calor.

“Tenemos que remojar a nuestra bebé cada pocas horas para que no se acalore demasiado. Cuando no estamos trabajando en las obras de la casa, nos protegemos del sol en la sombra de otra casa.”

Representantes del gobierno camboyano han rechazado la investigación de Amnistía Internacional y han acusado en falso a la organización de sacar conclusiones estando “a miles de kilómetros de la situación real”.

Tenemos que remojar a nuestra bebé cada pocas horas para que no se acalore demasiado.   Cuando no estamos trabajando en las obras de la casa, nos protegemos del sol en la sombra de otra casa.

Entrevista con una familia que se trasladó hace poco al lugar de reasentamiento de Run Ta Ek

A pesar de ser bien consciente de los desalojos y las condiciones del lugar de reasentamiento, la UNESCO no ha condenado públicamente lo que está pasando en Angkor. Y no parece que haya abierto ninguna investigación pública sobre las conclusiones de Amnistía Internacional.

El Estado camboyano se ha referido reiteradamente a la UNESCO como justificación de su programa de “reubicación”. En al menos 15 casos, las familias contaron a Amnistía Internacional que las autoridades manifestaban que el motivo de apremiarlas a marcharse de Angkor era la UNESCO.

Devi (pseudónimo) afirmó que representantes de APSARA y del Ministerio de Territorio, Infraestructura y Transporte le habían dicho: “La UNESCO quiere que os marchéis —tememos que la UNESCO retire la calificación del lugar como Patrimonio de la Humanidad—, así que os tenéis que ir.”

Devi, cuyo padre había muerto tras sufrir una caída mientras restauraba uno de los templos, contó su reacción de estupor e indignación cuando APSARA le dijo que “la UNESCO no [os] permitirá estar aquí”.

“Yo quiero preguntar a la UNESCO por qué nos desaloja”, dijo. “Nunca hemos causado daños a los templos. Cuando era niña jugábamos a escalar y limpiar el templo Angkor Wat.”

Jefes comunitarios intentaron hacer entrega de una petición en la sede de la UNESCO en Phnom Penh en la que exponían sus quejas sobre los desalojos, pero un guardia de seguridad les dijo que la UNESCO no trabaja en asuntos de territorio.

En respuesta a las conclusiones del informe de Amnistía Internacional, la UNESCO dijo a la organización que nunca había pedido que hubiera “desplazamientos de población”. Ante la afirmación de Amnistía Internacional de que los desalojos se hacían en su nombre, el Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO respondió que las acciones de un Estado Parte no eran responsabilidad de la UNESCO, “ni siquiera cuando un Estado miembro invoca la Organización para justificar sus actos”.

Pero el hecho de que los desalojos forzosos se estén llevando a cabo por el bien de la conservación de un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO requiere una respuesta más clara y contundente.

“A menos que haya un serio rechazo por parte de la UNESCO, probablemente los Estados utilizarán cada vez más las iniciativas de conservación de patrimonio para favorecer sus propios fines, en perjuicio de los derechos humanos”, ha dicho Montse Ferrer.

Yo quiero preguntar a la UNESCO por qué nos desaloja; nunca hemos causado daños a los templos. Cuando era niña jugábamos a escalar y limpiar el templo Angkor Wat.

Devi, exresidente del parque Angkor que tuvo que trasladarse a Run Ta Ek.

Información complementaria

De marzo a julio de 2023, Amnistía Internacional visitó el conjunto declarado Patrimonio de la Humanidad de Angkor, el lugar principal de los desalojos y los dos lugares de reasentamiento designados por el gobierno: Run Ta Ek y Peak Sneng.

El equipo investigador entrevistó a más de 100 personas, entre ellas vendedores, dueños de restaurantes, agricultores, fabricantes de instrumentos tradicionales, funcionarios públicos, peluqueros, peones, personal hotelero, conductores de tuk-tuk, guías turísticos y canteros encargados de reparar los templos ancestrales de Angkor.

*Los nombres que aparecen en este comunicado de prensa son ficticios para proteger a las personas entrevistadas de posibles represalias de las autoridades.