Entre septiembre y diciembre de 2022 tuvo lugar en todo Irán un levantamiento popular sin precedentes contra el sistema de la República Islámica a raíz de la muerte bajo custodia de Zhina/Mahsa Amini el 16 de septiembre de 2022, días después de su detención arbitraria por la “policía de la moral” iraní. Las autoridades dispararon de forma generalizada e ilegítima munición real, perdigones metálicos y gases lacrimógenos, y sometieron a palizas brutales a quienes protestaban

Reza (Gholamreza) Rasaei, kurdo iraní, se encuentra en peligro de ejecución en relación con las protestas acontecidas entre septiembre y diciembre de 2022 en todo Irán. El 7 de octubre de 2023, tras un juicio manifiestamente injusto en el que se admitieron como pruebas en su contra confesiones forzadas suyas, la Sección 2 del Tribunal Penal núm. 1 de la provincia de Kermanshah lo declaró culpable de asesinato y lo condenó a muerte.

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO

Presidente de la Magistratura / Head of the Judiciary, Gholamhossein Mohseni Ejei c/o Embassy of Iran to the European Union, Avenue Franklin Roosevelt No. 15, 1050 Bruxelles, Bélgica

Señor Gholamhossein Mohseni Ejei:

Reza (Gholamreza) Rasaei, de 34 años, perteneciente a las oprimidas minoría étnica kurda y minoría religiosa yaresana, se encuentra en peligro de ejecución en relación con las protestas “Mujer Vida Libertad” que tuvieron lugar en todo el país entre septiembre y diciembre de 2022. En una sentencia dictada el 7 de octubre de 2023, la Sección 2 del Tribunal Penal núm. 1 de la provincia de Kermanshah declaró a Reza Rasaei culpable de asesinato y lo condenó a muerte. Según la sentencia, fue declarado culpable de implicación en el homicidio de un agente, identificado como miembro de la Guardia Revolucionaria Islámica por los medios de comunicación estatales iraníes, el 18 de noviembre de 2022 durante una protesta en Sahneh, en la provincia de Kermanshah. Reza Rasaei ha negado reiteradamente su implicación, incluso durante el juicio. El tribunal también lo declaró culpable de “alterar el orden público” y le impuso una pena de un año de prisión y 74 latigazos. En la sentencia, el tribunal desestimó sumariamente, sin llevar a cabo una investigación, la retractación de Reza Rasaei de su confesión forzada, de la que éste afirmó en el juicio que había sido obtenida bajo tortura y otros malos tratos durante los interrogatorios.

Reza Rasaei fue arrestado el 24 de noviembre de 2022 en Shahriar, en la provincia de Teherán, por la Unidad de Investigación de la Policía de Irán (Agahi) y posteriormente trasladado a un centro de detención controlado por ésta en Sahneh. Según fuentes bien informadas, durante su interrogatorio allí, los agentes infligieron a Reza Rasaei tortura y otros malos tratos, tales como descargas eléctricas, asfixia colocándole una bolsa de plástico en la cabeza y palizas brutales, para obligarlo a “confesar”. Posteriormente, Reza Rasaei fue trasladado a la prisión de Dizel Abad, en la provincia de Kermanshah, donde permanece recluido en la actualidad. El primer encuentro de Reza Rasaei con su abogado fue durante el juicio, que se celebró en tres sesiones y cuya vista final tuvo lugar el 21 de setiembre de 2023. Amnistía Internacional no tiene información sobre si la sentencia se ha recurrido. Se violó de manera flagrante su derecho a un juicio con las debidas garantías, incluido el acceso a un abogado de su elección desde el momento en que fue arrestado, a impugnar de forma significativa la legalidad de su detención, y a ser juzgado por un tribunal independiente, competente e imparcial. Amnistía Internacional también ha documentado en repetidas ocasiones la constante de las autoridades iraníes de arrancar confesiones forzadas mediante tortura y otros malos tratos, infligidos, entre otros organismos, por la Unidad de Investigación de la Policía de Irán, así como la confianza que depositan los tribunales en dichas “confesiones” para dictar sentencias condenatorias y condenas a muerte, inclusive en relación con las personas condenadas a la pena capital por su vinculación con las protestas de 2022 en todo el país.

Lo insto a que anule de inmediato la sentencia y la condena a muerte impuestas a Reza (Gholamreza) Rasaei. Si es acusado de delitos comunes reconocibles, el juicio debe cumplir las normas internacionales de justicia procesal, y deberán quedar excluidas la posibilidad de recurrir a la pena de muerte y las confesiones obtenidas mediante tortura. Lo insto a que conceda inmediatamente a Reza Rasaei acceso a su familia, a un abogado elegido de forma independiente y a atención médica adecuada. Lo insto a protegerlo de nuevos actos de tortura y otros malos tratos, a investigar sus denuncias de tortura y a hacer comparecer a los responsables ante la justicia para que sean juzgados con las debidas garantías. Por último, lo exhorto a conceder acceso a observadores independientes a los juicios de casos de pena capital relacionados con las protestas y a dictar de inmediato una moratoria de las ejecuciones con vistas a la abolición de la pena de muerte.

Atentamente, [NOMBRE]

Información complementaria

Entre septiembre y diciembre de 2022 tuvo lugar en todo Irán un levantamiento popular sin precedentes contra el sistema de la República Islámica a raíz de la muerte bajo custodia de Zhina/Mahsa Amini el 16 de septiembre de 2022, días después de su detención arbitraria por la “policía de la moral” iraní. Las autoridades dispararon de forma generalizada e ilegítima munición real, perdigones metálicos y gases lacrimógenos, y sometieron a palizas brutales a quienes protestaban. Cientos de manifestantes y transeúntes fueron víctimas de homicidio ilegítimo a manos de las fuerzas de seguridad, entre ellos decenas de niños y niñas, y miles de personas resultaron heridas pero no acudieron a recibir atención médica por temor a ser detenidas. Más de la mitad de las víctimas de homicidio pertenecían a las oprimidas minoría baluchi en la provincia de Sistán y Baluchistán y minoría kurda en las provincias de Kurdistán, Kermanshah y Azerbaiyán Occidental. Desde principios de noviembre de 2022, grupos kurdos de derechos humanos denunciaron un “clima de fuertes medidas de seguridad” en la provincia de Kermanshah marcado por el amplio despliegue de fuerzas de seguridad. Esta situación puso de relieve el aumento de la represión por parte de las autoridades en anticipación a las protestas de los días 15 a 19 de noviembre de 2022 para conmemorar los homicidios perpetrados durante las manifestaciones de noviembre de 2019.

Hasta la fecha, las autoridades han ejecutado arbitrariamente a siete hombres en relación con las protestas “Mujer Vida Libertad” tras juicios manifiestamente injustos empañados por acusaciones de tortura. El 19 de mayo de 2023, las autoridades iraníes ejecutaron a Majid Kazemi, Saleh Mirhashemi y Saeed Yaghoubi, a quienes habían juzgado en diciembre de 2022 y enero de 2023 y condenado a muerte por el cargo, formulado de un modo impreciso y excesivamente amplio, de “enemistad con Dios” (moharebeh). Este cargo se basaba en acusaciones infundadas —producto de confesiones realizadas bajo tortura— según las cuales los hombres habían utilizado armas de fuego en un incidente que había tenido lugar durante las protestas, en el cual murieron tres miembros de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, no los acusaron ni los declararon culpables de asesinato por esas muertes. El 10 de mayo de 2023, las autoridades anunciaron que el Tribunal Supremo había confirmado sus sentencias condenatorias y penas de muerte a pesar de la vulneración de su derecho al debido proceso, las importantes deficiencias procedimentales, la falta de pruebas y las denuncias de tortura que nunca se investigaron. Amnistía Internacional obtuvo información según la cual los tres fueron sometidos a tortura durante su desaparición forzada y obligados a hacer declaraciones incriminatorias.

La tortura constituye una violación del derecho internacional y su uso está prohibido en todas las circunstancias. Las declaraciones obtenidas por medio de tortura, malos tratos u otras formas de coacción no deben admitirse como prueba en los procedimientos penales, excepto cuando se presenten contra los presuntos autores de tales abusos. Dado el carácter irreversible de la pena de muerte, los procedimientos en los que pueda imponerse deben cumplir escrupulosamente todas las normas internacionales pertinentes que protegen el derecho a un juicio justo. Toda persona detenida por cargos penales debe ser tratada de manera que se cumplan plenamente las obligaciones contraídas por el Estado en materia de derechos humanos, incluido el derecho a un juicio justo. Este derecho incluye los derechos de la persona a elegir representación letrada, a recibir asistencia jurídica efectiva desde el momento de su detención, durante el juicio y en las actuaciones preliminares, a comparecer con prontitud ante un juez, a impugnar la legalidad de la detención ante un tribunal independiente e imparcial, a ser considerada inocente, a guardar silencio y no ser obligada a inculparse o declararse culpable, a tener acceso pleno a las pruebas pertinentes, a no permanecer detenida por cargos imprecisos, a interrogar y contrainterrogar a testigos, a ser sometida a una vista justa y pública ante un tribunal competente que sea independiente e imparcial y a recibir una sentencia pública y fundamentada. Amnistía Internacional ha documentado invariablemente una constante de violaciones sistemáticas del derecho a un juicio justo en Irán, que empieza en el momento de la detención y se prolonga durante la investigación, el juicio y el procedimiento de apelación. Los tribunales habitualmente hacen caso omiso de las denuncias de tortura y otros malos tratos, sin ordenar una investigación, y se basan en “confesiones” empañadas por tortura para dictar sentencias condenatorias e imponer condenas, incluso en causas punibles con la pena de muerte. Según el derecho internacional, la imposición de la pena de muerte tras un juicio sin garantías constituye una privación arbitraria de la vida.

En Irán, las minorías étnicas y religiosas sufren una arraigada discriminación en la legislación y en la práctica. Las autoridades iraníes limitan el acceso de las minorías étnicas a la educación, el empleo y a cargos políticos. En 2023, Amnistía Internacional también ha documentado cómo las autoridades iraníes han intensificado el uso de la pena de muerte como herramienta de represión política contra las minorías kurda y baluchi en el país. Las minorías religiosas —como la yaresana— sufren discriminación en la legislación y en la práctica, que afecta a su acceso a la educación, el empleo, la adopción infantil, los cargos públicos y los lugares de culto.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción. La pena de muerte es una violación del derecho a la vida y el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante. Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente a todos los Estados que mantienen la pena de muerte, incluido Irán, que declaren una suspensión oficial de las ejecuciones con miras a su abolición total.

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: persa o inglés.

También pueden escribir en su propio idioma.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 1 de enero de 2024

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Reza (Gholamreza) Rasaei (masculino)

Fotografía: Pixabay