Según las directrices publicadas por la FIFA, todos los países que se postulen para albergar las Copas Mundiales 2030 o 2034 deben comprometerse a “[respetar] los derechos humanos reconocidos en el ámbito internacional”, y la FIFA “exige la implantación de unas normas en materia de derechos humanos y laborales por parte de las federaciones miembro candidatas, los gobiernos y otras entidades implicadas en la organización de las competiciones”

La FIFA debe insistir en que se formulen compromisos claros y vinculantes de mejorar los derechos humanos en los países que podrían albergar los torneos de la Copa Mundial de fútbol masculino de 2030 y 2034, con el fin de evitar posibles abusos graves relacionados con su principal evento. Así lo ha manifestado la Sport & Rights Alliance hoy.

Esta advertencia se produce porque, poco antes de que venza el plazo de presentación de candidaturas la medianoche de hoy, Arabia Saudí es el único país que se ha postulado para albergar el torneo de 2034, y para 2030 sólo se considera una presentación conjunta de Marruecos, Portugal y España. La coalición de organizaciones de derechos humanos y lucha contra la corrupción, sindicatos, representantes de la afición, grupos de atletas supervivientes y sindicatos de jugadores cree que la falta de competencia para albergar los torneos generada por el proceso de presentación de candidaturas de la FIFA significa que es aún más crucial que el órgano rector mundial del fútbol asuma el mando e insista en que los postulantes ofrezcan garantías de derechos humanos.

“Al quedarse con sólo una candidatura para cada torneo, la FIFA puede haber marcado un gol en propia puerta. Ahora la FIFA debe dejar claro cómo espera que los países anfitriones cumplan sus políticas de derechos humanos. Además, debe prepararse para detener el proceso de asignación de candidaturas si los riesgos graves para los derechos humanos no se abordan de manera creíble”, ha manifestado Steve Cockburn, director de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional.

Ahora la FIFA debe dejar claro cómo espera que los países anfitriones cumplan sus políticas de derechos humanos. Además, debe prepararse para detener el proceso de asignación de candidaturas si los riesgos graves para los derechos humanos no se abordan de manera creíble.

Steve Cockburn, director de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional  

“La mejor oportunidad de la FIFA de obtener garantías vinculantes para proteger los derechos laborales, garantizar la libertad de expresión y evitar la discriminación en relación con la Copa Mundial se presenta durante el proceso de selección del país anfitrión, no después de que las asignaciones se hayan confirmado y la preparación del torneo haya comenzado. Deben acordarse compromisos de derechos humanos con los posibles anfitriones antes de que se tome la decisión final sobre la celebración de los torneos.”

Se esperaba que el proceso de presentación de candidaturas para la Copa Mundial 2030 se lanzara oficialmente en una reunión del Consejo de la FIFA en junio, pero se aplazó con “el objetivo de ampliar las consultas con los principales grupos de interés”.

En una sorpresiva decisión el 4 de octubre, el Consejo de la FIFA anunció que la única candidatura que se consideraría para la Copa Mundial 2030 sería la de Marruecos, Portugal y España, y que un reducido número de partidos se jugarían en Argentina, Paraguay y Uruguay, países que anteriormente habían anunciado su intención de presentar su candidatura para albergar el torneo completo.

En la misma reunión de octubre, la FIFA anunció también inesperadamente que el proceso de presentación de candidaturas para la Copa Mundial 2034 comenzaría de inmediato, y que sólo se considerarían las candidaturas de Asia y Oceanía. Se dio a los posibles candidatos un plazo de tan sólo 27 días para manifestar su intención, y únicamente Arabia Saudí lo hizo.

“Habida cuenta de la enorme magnitud de la Copa Mundial, existen grandes riesgos en materia de derechos humanos que hay que tener en cuenta en todas las candidaturas para albergar este torneo, y también se brindan oportunidades de cambio que no se deben dejar pasar”, ha manifestado Minky Worden, directora de Iniciativas Globales de Human Rights Watch. “La política de derechos humanos de la FIFA no debe reducirse a un texto en papel cuando se refiere a elegir el país anfitrión del evento deportivo con más espectadores del mundo.”

La política de derechos humanos de la FIFA no debe reducirse a un texto en papel cuando se refiere a elegir el país anfitrión del evento deportivo con más espectadores del mundo.

Minky Worden, director de iniciativas globales de Human Rights Watch

Una encuesta de opinión realizada entre más de 17.000 personas adultas en 15 países y publicada por Amnistía Internacional en junio mostró que la mayoría de la afición quería que las normas de derechos humanos fueran una consideración clave a la hora de seleccionar el país anfitrión de un gran evento deportivo como la Copa Mundial.

“El hecho de que, en 2010, la FIFA no insistiera en las salvaguardias de derechos humanos al conceder a Qatar la celebración de la Copa Mundial 2022 es un motivo fundamental de por qué las reformas serias se retrasaron tanto, y se implementaron y cumplieron de manera generalmente tan débil”, ha manifestado Ronan Evain, director ejecutivo de Football Supporters Europe. “En virtud de sus propias normas de derechos humanos, la FIFA debe tomarse en serio estas lecciones y actuar con firmeza. Ese sería un primer paso para salvar ante la afición la reputación, ya empañada, de las Copas Mundiales 2030 y 2034.”

En virtud de sus propias normas de derechos humanos, la FIFA debe tomarse en serio estas lecciones y actuar con firmeza. Ese sería un primer paso para salvar ante la afición la reputación, ya empañada, de las Copas Mundiales 2030 y 2034.

Ronan Evain, director ejecutivo de Football Supporters Europe

Según las directrices publicadas por la FIFA, todos los países que se postulen para albergar las Copas Mundiales 2030 o 2034 deben comprometerse a “[respetar] los derechos humanos reconocidos en el ámbito internacional”, y la FIFA “exige la implantación de unas normas en materia de derechos humanos y laborales por parte de las federaciones miembro candidatas, los gobiernos y otras entidades implicadas en la organización de las competiciones”.

Como parte de su candidatura oficial, los países deben realizar y publicar evaluaciones independientes de riesgo en materia de derechos humanos y presentar un plan que exponga cómo se abordarán los riesgos identificados. Entre dichos riesgos pueden figurar, por ejemplo, abusos contra los derechos laborales, desalojos forzosos, discriminación, restricciones de la libertad de expresión o corrupción económica.

Es fundamental que la FIFA garantice que las evaluaciones de riesgos en materia de derechos humanos son realmente independientes. En los procesos llevados a cabo en el pasado, las asociaciones de fútbol candidatas han podido proponer quién lleva a cabo esas evaluaciones, con lo que la realización de esas evaluaciones queda expuesta a posibles sesgos o abusos. 

Si la FIFA implementara de forma completa sus propias políticas, las candidaturas evaluadas como de “alto riesgo” podrían teóricamente ser rechazadas, o podrían acordarse planes correctores. En cualquier caso, la FIFA debe garantizar un diálogo continuo con la Sport & Rights Alliance para identificar riesgos y formas de superarlos.

Entre los socios que componen la Sport & Rights Alliance se encuentran Amnistía Internacional, el Comité para la Protección de los Periodistas, Football Supporters Europe, Human Rights Watch, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA Mundo), la Confederación Sindical Internacional (CSI), The Army of Survivors y World Players Association, Uni Global Union. Como coalición mundial de destacadas ONG y uniones sindicales, la Sport & Rights Alliance trabaja de forma conjunta para garantizar que los organismos deportivos, los gobiernos y otras partes interesadas pertinentes dan lugar a un mundo del deporte que proteja, respete y haga realidad las normas internacionales de derechos humanos, los derechos laborales, el bienestar y la protección de la infancia, y la lucha contra la corrupción.