Viernes, 06 de octubre, 2023
El 26 de septiembre, el destacado opositor Jaouhar Ben Mbarek anunció una huelga de hambre para protestar por su injusta detención en un caso de conspiración basado en cargos falsos. El 2 de octubre, otros cinco detenidos en el mismo caso anunciaron también una huelga de hambre. Se trata de Khayyam Turki, Issam Chebbi, Ghazi Chaouachi, Ridha Belhaj y Abdelhamid Jelassi. A pesar de haber conseguido la libertad en julio de 2023, a la activista y el activista políticos Chaima Issa y Lazhar Akremi —quienes pasaron casi cinco meses en detención arbitraria en el mismo caso— les han prohibido arbitrariamente viajar y “aparecer en espacios públicos”. El tribunal antiterrorista de Túnez está investigando a estas ocho personas por intentar “cambiar la naturaleza del Estado”, en virtud del artículo 72 del Código Penal, que dispone la pena de muerte. Pedimos a las autoridades tunecinas que pongan de inmediato en libertad a los detenidos y retiren los cargos contra ellos, y que levanten las restricciones arbitrarias contra Chaima Issa y Lazhar Akremi.
ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO
Presidente de la República
President of the Republic, Kais Saied
Route de la Goulette,
Site archéologique de Carthage, Túnez
Correo-e: contact@carthage.tn
Twitter: @TnPresidency
Señor Presidente:
Me dirijo a usted para expresarle mi honda preocupación por la prolongada detención de las figuras de la oposición Jaouhar Ben Mbarek, Khayyam Turki, Issam Chebbi, Ghazi Chaouachi, Ridha Belhaj y Abdelhamid Jelassi. A pesar de haber conseguido su liberación en julio, Chaima Issa y Lazhar Akremi continúan bajo investigación y se enfrentan a restricciones injustas como castigo por su activismo político. La investigación en curso contra estas ocho personas es consecuencia del ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación, todos ellos protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos, que es vinculante para Túnez.
El 26 de septiembre, los abogados defensores de Jaouhar Ben Mbarek compartieron una declaración en las redes sociales para informar a la población de su huelga de hambre. Jaouhar Ben Mbarek inició una huelga de hambre ese mismo día para protestar por lo injusto de su detención y procesamiento. Además, anunció que no le pondrá fin a menos que él y los demás acusados en el caso sean puestos en libertad. El 2 de octubre, otros cinco acusados en el mismo caso —Khayyam Turki, Issam Chebbi, Ghazi Chaouachi, Ridha Belhaj y Abdelhamid Jelassi— se unieron a la huelga de hambre por el mismo motivo.
El 13 de julio, las figuras políticas Chaima Issa y Lazhar Akremi, que también están siendo investigadas en el mismo caso, fueron liberadas provisionalmente tras casi cinco meses de detención arbitraria. El 14 de julio, a los dos les prohibieron viajar al extranjero y “aparecer en espacios públicos”. El 14 de noviembre, Chaima Issa comparecerá ante un tribunal militar, ya que también está siendo procesada en virtud del artículo 24 del draconiano Decreto-Ley 2022-54 sobre ciberdelincuencia por los comentarios que hizo durante una entrevista radiofónica el 22 de diciembre de 2022 en la que criticó a las autoridades. En caso de ser juzgada y declarada culpable, podría ser condenada a una pena de hasta 10 años de prisión en virtud del decreto ley.
Le pido que ponga en libertad de inmediato a Jaouhar Ben Mbarek, Khayyam Turki, Issam Chebbi, Ghazi Chaouachi, Ridha Belhaj y Abdelhamid Jelassiy, que levante las restricciones contra Chaima Issa y Lazhar Akremi y que retire todos los cargos que se han presentado en su contra, ya que se derivan únicamente del ejercicio de sus derechos humanos o de su disidencia pacífica. En espera de que se libere a los detenidos, le insto a garantizar que éstos tienen acceso a servicios de atención de la salud adecuados, conformes con la ética médica, incluidos los principios de confidencialidad, autonomía y consentimiento informado. Además, le pido que ponga fin a la detención selectiva de personas que critican a las autoridades y que son detenidas exclusivamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y de asociación.
Atentamente,
[NOMBRE]
Información complementaria
Desde febrero de 2023, las autoridades tunecinas han abierto investigaciones penales contra al menos 40 personas por acusaciones infundadas de conspiración. Amnistía Internacional ha documentado los casos de ocho que están actualmente detenidas en relación con esta investigación, entre ellas el político Khayam Turki, detenido el 11 de febrero de 2023; el disidente y político Abdelhamid Jelassi, detenido el 12 de febrero de 2023; la activista de la oposición Chaima Issa, detenida el 22 de febrero de 2023; el activista de la oposición Jaouhar Ben Mbarek, detenido el 24 de febrero de 2023; y, por último, los abogados Ghazi Chaouachi y Ridha Belhaj, detenidos el 25 de febrero de 2023. La destacada figura de la oposición Chaima Issa, detenida el 22 de febrero de 2023, y el disidente Lazhar Akremi, detenido el 13 de febrero de 2023, fueron puestos en libertad provisional el 13 de julio de 2023 tras casi cinco meses de detención arbitraria.
A los ocho se los investiga en relación con cargos falsos de conspiración en virtud de 10 disposiciones del Código Penal tunecino, incluido el artículo 72, que dispone la pena de muerte por intentar “cambiar la naturaleza del Estado”. También se enfrentan a varios cargos en virtud de 17 artículos de la ley antiterrorista de 2015, entre ellos el 32, que dispone hasta 20 años de prisión por “formar una organización terrorista”. Amnistía Internacional considera que los cargos y la investigación relacionada con ellos son infundados. Los acusados fueron interrogados sobre la relación que mantenían entre ellos y con diplomáticos extranjeros, sobre reuniones en las que participaban juntos y sobre el contenido de objetos confiscados por agentes de policía durante sus detenciones, incluidas notas personales y mensajes de WhatsApp. No se les presentó ninguna prueba que demostrara que habían cometido ningún delito reconocible en virtud del derecho internacional.
El juez y el Tribunal de Apelación de Túnez inicialmente rechazaron las peticiones de los abogados de liberar de la detención preventiva a los ocho sospechosos. Sin embargo, en julio el tribunal puso en libertad a Chaima Issa y Lazhar Akremi y les prohibió viajar al extranjero y “aparecer en lugares públicos”. El tribunal prolongó la detención preventiva de los seis restantes, citando la necesidad de “garantizar el buen curso de la investigación”. El 21 de septiembre de 2023, el Tribunal de Apelación de Túnez rechazó la petición de poner en libertad a los seis acusados restantes del caso de conspiración: Jaouhar Ben Mbarek, Khayyam Turki, Issam Chebbi, Ghazi Chaouachi, Ridha Belhaj y Abdelhamid Jelassi.
En septiembre de 2023, las autoridades abrieron procedimientos judiciales aparte contra los abogados Dalila Msaddek Ben Mbarek e Islam Hamza, ambos miembros del comité de defensa, por comentarios públicos que habían hecho sobre el caso en programas de radio. Ambos están siendo investigados por “difundir noticias falsas” en virtud del represivo Decreto-Ley 54 contra la ciberdelincuencia.
El 14 de febrero de 2023, Volker Turk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó su preocupación por la entonces reciente oleada de detenciones de figuras de la sociedad civil y supuestos opositores, así como por los ataques constantes de las autoridades tunecinas al poder judicial. La portavocía del alto comisionado mencionó específicamente los procedimientos judiciales iniciados contra “supuestos opositores políticos” a quienes se había acusado de “conspiración contra la seguridad del Estado". El alto comisionado pidió a las autoridades tunecinas que “respeten las garantías procesales y las normas sobre juicios justos en todos los procedimientos judiciales y pongan de inmediato en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente, incluidas las detenidas en relación con el ejercicio de sus derechos a la libertad de opinión o de expresión”. El 22 de febrero de 2023, el presidente Saied declaró que cualquiera que “se atreviera a exonerar” lo que él describía como “redes criminales” era, en definitiva, “cómplice”. Esta declaración, unida a la destitución arbitraria de 57 jueces y juezas en 2022, ha contribuido a generar un clima cada vez más intimidatorio en el poder judicial.
El 25 de julio de 2021, el presidente Saied reclamó amplios poderes excepcionales que, según él, le otorgaba la Constitución de Túnez de 2014. Desde que se hizo con el poder, el presidente Saied ha disuelto el antiguo Parlamento de Túnez, ha emitido decretos-leyes que amenazan la libertad de expresión, ha supervisado la redacción de una nueva Constitución, y ha tratado de reforzar su influencia sobre el poder judicial. El 1 de junio de 2022, el presidente Saied destituyó arbitrariamente a 57 jueces a los que acusó de actos tales como no investigar casos relacionados con el terrorismo, cometer adulterio o celebrar fiestas en las que se consumía alcohol. El Ministerio de Justicia se ha negado a cumplir una resolución del Tribunal Administrativo de Túnez según la cual debía restituir en su cargo a 49 de ellos.
Desde el 25 de julio de 2021, las autoridades tunecinas han abierto investigaciones penales contra al menos 74 figuras de la oposición y otros supuestos enemigos del presidente, incluidas al menos 44 personas acusadas de delitos en relación con el ejercicio de sus derechos humanos.
PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: Árabe, francés o inglés
También pueden escribir en su propio idioma.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 30 de noviembre de 2023
Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.
NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Chaima Issa (femenino), Lazhar Akremi, Jaouhar Ben Mbarek, Khayyam Turki, Issam Chebbi, Ghazi Chaouachi, Ridha Belhaj y Abdelhamid Jelassi (todos masculino)
ENLACE A LA AU ANTERIOR: https://www.amnesty.org/es/documents/mde30/6815/2023/es/
Fotografía: Pixabay