El 18 de septiembre, las Fuerzas Armadas Árabes Libias aumentaron las restricciones impuestas a periodistas después de que residentes y personal de salvamento voluntario se manifestaran en la plaza de Sahaba para reclamar rendición de cuentas por las devastadoras pérdidas de vidas causadas por las catastróficas inundaciones tras la rotura de dos presas en la ciudad el 11 de septiembre

Las Fuerzas Armadas Árabes Libias, grupo armado que controla de facto el este de Libia, incluida la ciudad de Derna, devastada por las inundaciones, deben levantar de inmediato todas las restricciones indebidas impuestas a los medios de comunicación y facilitar la distribución de ayuda humanitaria a todas las comunidades afectadas, ha afirmado Amnistía Internacional.

El 18 de septiembre, las Fuerzas Armadas Árabes Libias aumentaron las restricciones impuestas a periodistas después de que residentes y personal de salvamento voluntario se manifestaran en la plaza de Sahaba para reclamar rendición de cuentas por las devastadoras pérdidas de vidas causadas por las catastróficas inundaciones tras la rotura de dos presas en la ciudad el 11 de septiembre. Las personas que se manifestaron también pedían apoyo para las actividades de reconstrucción y rehabilitación y la renuncia de políticos locales y nacionales. Testigos presenciales también informaron a Amnistía Internacional de detenciones de personas críticas y manifestantes, en el marco de los intentos de las Fuerzas Armadas Árabes Libias de orquestar y controlar el acceso de los medios de comunicación.

“La pérdida de vidas y la devastación en Derna y Libia es una tragedia inimaginable, con miles de personas aún desaparecidas y decenas de miles desplazadas. Barrios y familias enteros han sido arrastrados al mar. Sin embargo, en lugar de centrarse en facilitar el acceso humanitario a todas las comunidades afectadas, las Fuerzas Armadas Árabes Libias recurren una vez más a su consolidada maquinaria de represión para silenciar las críticas, amordazar a la sociedad civil y eludir responsabilidades”, ha declarado Diana Eltahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“Las autoridades libias y quienes controlan de facto las zonas afectadas deben garantizar que los derechos humanos ocupan un lugar central en la respuesta a la crisis y que se abstienen de represalias contra las personas críticas. En tiempos de crisis, una sociedad civil dinámica y unos medios de comunicación independientes son fundamentales para asegurar el derecho a la vida, a una vivienda segura, a la alimentación, a la salud y el acceso a la información de las personas sobrevivientes.”

Amnistía Internacional habló con residentes de Derna, periodistas, personal de ayuda humanitaria, actores de la sociedad civil y profesionales médicos que participaban en la respuesta a la crisis. Se obtuvo información adicional de un funcionario de las Fuerzas Armadas Árabes Libias. La obtención de información sobre la situación en Derna se ha visto obstaculizada por las interrupciones de la conexión a Internet y de las redes de telecomunicaciones.

El temor de que las Fuerzas Armadas Árabes Libias estuvieran respondiendo a la crisis con su táctica habitual de reprimir las voces críticas comenzó a aumentar tras la detención de un creador de contenidos, Jamal El Gomati, que informaba en directo desde Derna horas después de las inundaciones y que acusó públicamente a funcionarios de corrupción y responsabilidad en el desastre. Activistas de derechos humanos dijeron a Amnistía Internacional que hombres armados vestidos de civil, al parecer pertenecientes al grupo armado Agencia de Seguridad Interna, afiliado a las Fuerzas Armadas Árabes Libias, lo capturaron en su ciudad, Shahhat, en el distrito de Jabal al Akhdar, nordeste de Libia, el 17 de septiembre. Estuvo en situación de desaparición forzosa durante tres días antes de ser puesto en libertad el 19 de septiembre tras la intervención de un destacado jefe de las Fuerzas Armadas Árabes Libias.

Desde el comienzo de la crisis, periodistas han denunciado la necesidad de obtener acreditaciones de seguridad y otras restricciones e injerencias en su trabajo por parte de afiliados de las Fuerzas Armadas Árabes Libias. Dos periodistas libios dijeron a Amnistía Internacional que autoridades locales los interceptaron e interrogaron el 14 de septiembre, y después les ordenaron que abandonaran la ciudad. El 16 de septiembre, un activista de Derna fue detenido tras haber concedido una entrevista sobre la situación en la ciudad a un medio considerado contrario a las Fuerzas Armadas Árabes Libias, según familiares suyos. Tras las protestas en Derna el 18 de septiembre, las Fuerzas Armadas Árabes Libias ordenaron a los periodistas que abandonaran la ciudad; al día siguiente revocaron su decisión pero ordenaron a los profesionales que quedaban que no contactaran con los equipos de salvamento. Los periodistas denunciaron sistemáticamente que agentes de medios de comunicación militares de las Fuerzas Armadas Árabes Libias los seguían y fueron testigos de cómo las autoridades ordenaban a los intérpretes que no tradujeran contenidos críticos con las autoridades.

Un portavoz de la ONU dijo a los medios de comunicación el 19 de septiembre que un equipo de la ONU “no fue autorizado a dirigirse” a Derna, aunque confirmó que se permitió que el personal de salvamento y de ayuda humanitaria presente en Derna siguiera desarrollando sus actividades. Amnistía Internacional también recibió informes de demoras en la llegada de ayuda humanitaria a algunas zonas afectadas, en parte a causa de los innumerables puestos de control instalados por las Fuerzas Armadas Árabes Libias, y de que equipos médicos del oeste de Libia y al menos un equipo de salvamento internacional recibieron instrucciones de marcharse.

Peticiones de una investigación independiente

Las peticiones de rendición de cuentas aumentan entre las personas sobrevivientes y los defensores y defensoras de los derechos humanos tras las inundaciones, después de años de gobernanza deficiente y mala gestión por parte de gobiernos rivales y de que las milicias y los grupos armados tengan carta blanca para dar prioridad a sus intereses en detrimento de la vida y el bienestar de la población civil en Libia. Aunque el fiscal general radicadoa en Trípoli visitó Derna y anunció la apertura de investigaciones, el clima de impunidad imperante en Libia suscita graves preocupaciones en relación con la capacidad y la voluntad del sistema de justicia libio para lograr verdad y justicia.

“Llevamos tiempo pidiendo un mecanismo internacional de investigación independiente sobre la situación de los derechos humanos en Libia. En ausencia de toda perspectiva significativa de rendición de cuentas a nivel nacional, es necesario y urgente establecer los hechos y circunstancias que rodearon la aterradora pérdida de vidas y la destrucción como consecuencia de la tormenta Daniel. Esto incluye examinar si las autoridades libias y quienes controlan de facto las zonas afectadas no protegieron el derecho a la vida, a la salud y otros derechos humanos de la población”, ha afirmado Diana Eltahawy.

Es necesario y urgente establecer los hechos y circunstancias que rodearon la aterradora pérdida de vidas y la destrucción como consecuencia de la tormenta Daniel. Esto incluye examinar si las autoridades libias y quienes controlan de facto las zonas afectadas no protegieron los derechos de la población.

Diana Eltahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

Poderosos jefes militares y miembros de milicias y grupos armados razonablemente sospechosos de cometer crímenes de derecho internacional desde el conflicto armado de 2011 no sólo han disfrutado de impunidad total, sino que también han sido integrados en instituciones estatales y han recibido financiación del Estado. La dura respuesta de las Fuerzas Armadas Árabes Libias a las protestas y las críticas hace aún más evidente su falta de voluntad para lograr verdad, justicia y reparación para las víctimas.

Información complementaria

Libia está sumida en un conflicto armado e inmersa en divisiones políticas desde 2011. En el país coexisten gobiernos paralelos respaldados por milicias y grupos armados que no rinden cuentas, pero reclaman legitimidad. Las Fuerzas Armadas Árabes Libias controlan y llevan cabo funciones de gobierno en Bengasi, segunda ciudad de Libia en población, y grandes extensiones del este y el sur del país. El uso de tácticas brutales por las Fuerzas Armadas Árabes Libias para reprimir la disidencia, imponer restricciones a la sociedad civil independiente y mantener un férreo control del poder está bien documentado. El 11 de septiembre, el desastre golpeó Derna, Susa, Bayada y otras zonas de la Montaña Verde, tras provocar la tormenta Daniel (un ciclón tropical mediterráneo, también llamado como “medicán”) la rotura de dos presas en la ciudad de Derna cuyo mantenimiento no se atendía desde hace decenios. Amnistía Internacional ha pedido la movilización global sin demora para apoyar las actividades de salvamento y rehabilitación en todas las comunidades afectadas, sin discriminación, prestando especial atención a los grupos en situación de riesgo, como personas refugiadas, migrantes, personas desplazadas internamente y otras que sufren formas múltiples e interseccionales de discriminación.

Las Fuerzas Armadas Árabes Libias y sus grupos armados y fuerzas de seguridad afiliados han impedido el retorno de cientos de personas tawerghas a un campo para personas desplazadas en Bengasi, donde vivían desde hacía años y de donde fueron evacuadas el 10 de septiembre antes de la tormenta. Según testimonios de activistas, a otras personas residentes se les permitió regresar a sus lugares de origen en la misma zona.