Martes, 19 de septiembre, 2023
“Autoridades de todo el mundo recurren cada vez más al uso ilegítimo de la fuerza y a la legislación represiva para aplastar las protestas”, ha declarado hoy Amnistía Internacional en la presentación de un mapa digital interactivo que expone el impresionante aumento de la represión de quienes protestan a manos de Estados de todo el planeta.
El mapa global, que forma parte de la campaña global emblemática de Amnistía Internacional Protejamos la Protesta, cartografía las numerosas violaciones de derechos humanos que se perpetran en todo el mundo contra las personas que protestan.Muestra que los gobiernos tratan las protestas como una amenaza en lugar de como un derecho, y que los agentes encargados de hacer cumplir la ley creen que su papel es reprimir y someter a quienes protestan en lugar de facilitar que ejerzan sus derechos. Como consecuencia, miles de personas son dispersadas ilegítimamente, arrestadas, golpeadas e incluso asesinadas durante manifestaciones. También afrontan consecuencias devastadoras después, sólo por participar en protestas
Un derecho, no un privilegio
“La protesta pacífica es un derecho, no un privilegio, y un derecho que los Estados tienen el deber de respetar, proteger y facilitar. Sin embargo, el derecho a la protesta está cada vez más amenazado, pues las autoridades usan fuerza ilegítima contra las personas en más de 85 países. Desde el uso abusivo de la fuerza, la detención y la reclusión ilegítimas, hasta la tortura y otros malos tratos, pasando por la desaparición forzada y los homicidios sancionados por el Estado, este mapa arroja luz sobre la enorme represión que sufren quienes protestan en todo el mundo; es aterrador”, afirmó Patrick Wilcken, investigador de Amnistía Internacional sobre Asuntos Militares, de Seguridad y Policiales.
“Hace demasiado que autoridades de todo el mundo han lanzado un feroz ataque contra quienes ejercen pacíficamente su derecho a la protesta y han destruido vidas en el proceso. En Irán, las autoridades han dado muerte ilegítimamente a cientos de personas y detenido de forma arbitraria a decenas de miles, menores de edad entre ellas, para aplastar sucesivas oleadas de protestas en todo el país.”
“Innumerables personas que protestaban han sido asimismo sometidas a tortura y otros malos tratos, entre ellos violencia sexual, bajo custodia, incluso las que fueron condenadas a muerte tras juicios farsa manifiestamente injustos y ejecutadas arbitrariamente después. En China, es imposible protestar pacíficamente sin sufrir hostigamiento y procesos judiciales, y un enorme número de activistas están en prisión por expresar su opinión. La lista de activistas —y de países— bajo amenaza sigue aumentando. Esta represión debe acabar ya.”
Una herramienta innovadora
El mapa digital interactivo, el primero de este tipo, revela el número de países que hacen un uso indebido de armas menos letales como gas lacrimógeno, balas de goma, aerosoles de pimienta y porras para hostigar, intimidar, castigar o dispersar a manifestantes, reprimiendo su derecho de reunión pacífica.
“A pesar del uso generalizado e indebido de armas menos letales, no hay un control global de la producción, comercio y uso de estas armas. Es terrible”, prosiguió Patrick Wilcken. “Este mapa pone de relieve la necesidad de un tratado internacional para regular el comercio de material de control policial con el fin de garantizar que las armas menos letales no terminan en manos de fuerzas policiales abusivas.”
Además de indicar los países donde las personas que protestan sufren abusos y el tipo de amenazas que afrontan, el mapa detalla la legislación vigente sobre protestas, publicaciones de la ONU pertinentes y sentencias de tribunales internacionales, y explica cómo puede emprender la acción la ciudadanía. Actualizado en tiempo real, ofrece un panorama escalofriante de la realidad cotidiana de quienes protestan en todo el mundo.
Está ampliamente reconocido que el derecho a la protesta fue restringido de forma significativa durante la pandemia de COVID-19, dado que, en la mayoría de los países, se prohibieron en general las reuniones por motivos de salud pública. Algunos Estados, sin embargo, usaron la pandemia como pretexto para limitar aún más las reuniones o introducir restricciones desproporcionadas.
Según la Iniciativa de Medición de los Derechos Humanos, muchos países tuvieron dificultades para recuperarse, algo que es también visible en su registro anual de derechos. Por ejemplo, Angola obtiene una puntuación de 3,4 sobre 10 en relación con el derecho de reunión y asociación en el Rights Tracker de 2023.
Elizabeth Campos, activista del Movimiento por las Mujeres en Política, de Angola, revela la realidad de la protesta en su país.
“Cuando asistimos a protestas, la experiencia es siempre una experiencia cercana a la muerte. Salimos de casa, pero no estamos seguras de si regresaremos junto a nuestra familia. Es un país donde la democracia sólo existe sobre el papel. Las protestas pueden tornarse muy violentas, así que, cada vez que vuelvo junto a mis hijas y nietos, lo celebro. En mi país sufrimos constantemente violencia institucional.”
Las protestas pueden tornarse muy violentas, así que, cada vez que vuelvo junto a mis hijas y nietos, lo celebro.
Elizabeth Campos, activista del Movimiento por las Mujeres en Política, de Angola.
Según el seguimiento realizado por Amnistía Internacional, en 2022 hubo denuncias creíbles de uso ilegítimo de la fuerza a manos de las fuerzas de seguridad estatales contra personas que se manifestaban pacíficamente en al menos 86 de los 156 países examinados en su Informe Anual. En 37 países, las fuerzas de seguridad usaron armas letales contra manifestantes a pesar de que las armas de fuego no son adecuadas para el control de multitudes y de que la policía no debería usarlas nunca para dispersar una reunión.
Pérdida de derechos
En India, por ejemplo, las autoridades han recurrido a armas de fuego, gas lacrimógeno, cargas con porras, cierres de Internet e incluso desalojos forzosos contra quienes protestan contra el gobierno. En China, quienes se atreven a protestar corren el riesgo de perder su derecho a la educación y a la vivienda. Recientemente, en Perú, el uso ilegítimo de fuerza letal por las fuerzas de seguridad causó 49 muertes durante las protestas. En todo el mundo, la investigación de Amnistía Internacional revela que las personas que protestan son detenidas arbitrariamente en más del 50% de los países cubiertos en su Informe Anual.
“Este mapa global representa claramente la escala generalizada de la represión y las restricciones que afrontan en todo el mundo quienes protestan. En todo el planeta, se perpetra toda una serie de violaciones de derechos humanos durante la actuación policial en las protestas, lo que es enormemente preocupante”, concluyó Patrick Wilcken.
“Señalar las violaciones de derechos humanos en un mapa nos permite visualizar y hacer un seguimiento de la escala global del problema. Además, expone a los gobiernos que no protegen el derecho a la protesta y ayuda a exigir cuentas a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley por los abusos alarmantes que cometen en sus esfuerzos por aplastar las manifestaciones. Amnistía Internacional pide a los gobiernos que hagan una revisión sustancial y urgente de su enfoque, detengan esta violencia aberrante y garanticen que protegen y facilitan las protestas pacíficas.”
Información complementaria
- Pueden consultar el mapa digital interactivo sobre la violencia contra quienes protestan aquí.
- La campaña global Protejamos la Protesta de Amnistía Internacional cuestiona los ataques contra la protesta pacífica, defiende a quienes los sufren y apoya las causas de los movimientos sociales que presionan en favor de un cambio en materia de derechos humanos. Actúa ya.
- La Iniciativa de Medición de los Derechos Humanos registra el progreso de los derechos humanos de los países, produce datos sólidos que cualquiera puede usar para presionar a favor de mejoras en el trato que los gobiernos dan a las personas. Es una organización independiente sin ánimo de lucro.
- En enero de 2023, más de 30 organizaciones de la sociedad civil aunaron sus fuerzas para pedir un tratado internacional destinado a controlar el comercio de los instrumentos de tortura que se usan en todo el mundo para reprimir protestas pacíficas y cometer abusos contra personas detenidas.