Claudia González Orellana, de 55 años, es exfuncionaria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), perteneciente a la ONU y que funcionó en el país hasta 2019. En ese año, el gobierno se negó a renovar el mandato de esta institución, y desde entonces sus exfuncionarios y exfuncionarias —incluidos los que trabajan para la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), que colaboraron estrechamente con la CICIG— se han enfrentado a una grave persecución y criminalización como represalia por su trabajo

El 28 de agosto de 2023, la abogada y defensora de los derechos humanos guatemalteca Claudia González Orellana fue arrestada en su domicilio después de que un juez dictara una cuestionable orden de captura contra ella. Claudia es exfuncionaria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), mecanismo de la ONU contra la corrupción que funcionó en Guatemala hasta 2019 y cuyos exfuncionarios/as se han enfrentado a una persecución generalizada. Claudia es también representante legal de fiscales que luchan contra la corrupción y que han sufrido criminalización. Esta causa penal infundada contra Claudia constituye un claro intento de silenciarla, a ella y a todas las personas que luchan por la justicia y los derechos humanos en Guatemala. Amnistía Internacional pide al Ministerio Público guatemalteco que retire todos los cargos contra Claudia González y tome medidas para garantizar la liberación inmediata de esta abogada.

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO

Judith Esperanza Villagrán Muñoz

Fiscalía de Asuntos Internos

Ministerio Público de Guatemala

15 avenida 15-16 zona 1, Barrio Gerona

Ciudad de Guatemala

Guatemala

01001

Correo-e: jevillagran@mp.gob.gt

Sra. Judith Esperanza Villagrán Muñoz:

Me dirijo a usted en relación con el procesamiento penal de la abogada y defensora de los derechos humanos Claudia González. La Sra. González es exfuncionaria de la CICIG y abogada de varias personas de Guatemala que se enfrentan a procesos penales a consecuencia de su trabajo contra la corrupción.

Amnistía Internacional ha examinado los cargos contra la Sra. González y ha concluido que adolecen de graves deficiencias.

Se han presentado cargos contra la Sra. González exclusivamente por el hecho de que, en calidad de funcionaria de la CICIG, pidió que se levantara la inmunidad procesal de una magistrada. Además, se la acusa de presunto “abuso de autoridad” a pesar de que nunca ha ocupado un cargo en el gobierno guatemalteco. Por último, suscita honda preocupación el hecho de que la causa contra la Sra. González se esté llevando a cabo en condiciones de secreto, lo que socava profundamente el derecho de la acusada a un juicio justo.

Teniendo esto en cuenta, le pido que retire de inmediato los cargos contra la Sra. Claudia González y tome medidas para garantizar su liberación inmediata. La detención de la Sra. González constituye un claro intento de silenciarla por su trabajo de lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala.

Atentamente,

[NOMBRE]

Información complementaria

Claudia González Orellana, de 55 años, es exfuncionaria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), perteneciente a la ONU y que funcionó en el país hasta 2019. En ese año, el gobierno se negó a renovar el mandato de esta institución, y desde entonces sus exfuncionarios y exfuncionarias —incluidos los que trabajan para la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), que colaboraron estrechamente con la CICIG— se han enfrentado a una grave persecución y criminalización como represalia por su trabajo. Mientras la CICIG estuvo en funcionamiento, se sacaron a la luz numerosos escándalos de corrupción y se enjuiciaron destacados casos de violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional.

Además de ser exfuncionaria de la CICIG, Claudia también es representante legal de varios exfuncionarios y exfuncionarias de la CICIG y la FECI que se enfrentan a cargos penales injustos como represalia por su trabajo. Entre otras personas, representa a la exfuncionaria de la FECI Virginia Laparra, que actualmente cumple prisión por presentar una denuncia contra un juez en el ejercicio de sus funciones como fiscal, y a Juan Francisco Sandoval, exdirector de la FECI, actualmente exiliado de Guatemala. En mayo de 2023, Claudia recibió el Premio Abogados para Abogados (Lawyers for Lawyers Award), que reconoce a los y las profesionales del derecho que corren graves riesgos a consecuencia de su trabajo.

El proceso penal contra Claudia constituye un claro intento de castigarla tanto por su trabajo en la CICIG como por su intento de buscar justicia para las personas de su profesión injustamente criminalizadas. Además, deja a las personas a las que representa, como Virginia Laparra y Juan Francisco Sandoval, desprotegidas en los procesos legales contra ellas, y transmite un intimidatorio mensaje a todas las personas que se pronuncian a favor de la justicia y de los derechos humanos en Guatemala.

Desde 2019 hasta el momento actual, más de 50 defensores y defensoras de los derechos humanos, ex trabajadores/as de la CICIG, jueces y periodistas se han visto obligados a huir de Guatemala a causa de los procedimientos penales infundados iniciados por el Ministerio Público guatemalteco contra ellos, y a causa de la absoluta falta de imparcialidad y garantías de sus derechos que existe en el país en estos momentos. La detención de Claudia ha tenido lugar en este contexto. Figuras internacionales expertas en derechos humanos han expresado reiteradamente su preocupación por la criminalización de quienes participan en la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala, incluido el caso de Claudia.

Antes de su arresto, Claudia acudió repetidamente al Ministerio Público para pedir información sobre posibles procedimientos contra ella, pero le negaron dicha información. El 28 de agosto de 2023, unos agentes del Ministerio Público ejecutaron varias órdenes de captura dictadas contra extrabajadores/as de la CICIG y la FECI, incluida la de Claudia. A Claudia a continuación la pusieron bajo custodia. Los cargos contra ella se refieren a la época en la que fue funcionaria de la CICIG, en la que solicitó que se levantara la inmunidad procesal de una magistrada en relación con denuncias de corrupción. La magistrada posteriormente presentó denuncias penales contra todas las personas que habían participado en la investigación contra ella. Todos los demás funcionarios y funcionarias implicados habían huido previamente del país, excepto Claudia.

Amnistía Internacional ha llevado a cabo un examen exhaustivo de los cargos formulados contra Claudia y ha determinado que adolecen de graves deficiencias. La función de Claudia en la CICIG incluía perseguir denuncias de corrupción y, por lo tanto, solicitar que se levantara la inmunidad procesal de una magistrada no puede considerarse un delito. También hay que señalar que se presentan contra Claudia cargos de presunto “abuso de autoridad” pese al hecho de que ella no ha desempeñado ningún cargo en el gobierno guatemalteco. La CICIG era una institución internacional no cubierta por esta legislación. Por consiguiente, los procedimientos contra Claudia carecen de fundamento, y constituyen una represalia por la lucha de esta abogada contra la corrupción y la impunidad en Guatemala. Su juicio se está celebrando en condiciones de secreto, lo que socava gravemente las garantías de debido proceso. Los abogados de Claudia han expresado preocupación por el derecho de su clienta a ser juzgada de manera imparcial e independiente, habida cuenta del riesgo de que la demandante —que es magistrada— pueda utilizar indebidamente su influencia.

Según la legislación guatemalteca, la primera audiencia después de que una persona sea detenida, en la que un juez determina si se acusa formalmente a una persona, debe tener lugar en un plazo de 24 horas. Sin embargo, en el caso de Claudia esta audiencia dio comienzo el 6 de septiembre —días después de que fuera detenida—, continuó el 13 de septiembre y está programada para continuar el 19 de septiembre. Mientras tanto, Claudia permanece recluida en prisión preventiva, según los informes en régimen de aislamiento. Algunos casos recientes documentados por Amnistía Internacional demuestran que las autoridades de Guatemala no garantizan el derecho a un juicio justo y otros derechos humanos de personas que se enfrentan a procedimientos penales infundados.

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: Español

También pueden escribir en su propio idioma.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 14 de noviembre de 2023

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Claudia González Orellana (femenino)

ENLACE A LA AU ANTERIOR: https://www.amnesty.org/es/documents/amr34/7151/2023/es/

Fotografía: Pixabay