Badr Mohamed fue detenido por las fuerzas de seguridad el 16 de agosto de 2013 —cuando tenía 17 años— en relación con las protestas de la plaza Ramsés. Amnistía Internacional documentó el empleo de fuerza excesiva contra manifestantes y transeúntes por la fuerzas de seguridad durante estas protestas, a consecuencia de lo cual murieron 97 manifestantes

Badr Mohamed está cumpliendo una injusta condena de cinco años de prisión tras haber sido declarado culpable el pasado mes de enero en relación con las protestas de la plaza Ramsés, que tuvieron lugar el 16 de agosto de 2013, cuando él tenía 17 años. Su juicio ante una sala de terrorismo del Tribunal Penal de El Cairo careció de las debidas garantías. Se encuentra recluido en el complejo penitenciario de Badr, en condiciones que violan la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos y, además, le niegan acceso a atención médica, pese a sufrir dolores de muelas, deterioro de la visión, insomnio y problemas de salud mental.

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO

Fiscal General de Egipto / Public Prosecutor Hamada al Sawi

Office of the Public Prosecutor

Madinat al-Rehab

 Cairo, República Árabe de Egipto

Fax: +202 2577 4716

Twitter: @EgyptianPPO

Señor Fiscal General:

Le escribo para expresar mi profunda preocupación por el encarcelamiento injusto del joven Badr Mohamed, de 27 años, que fue condenado el pasado mes de enero en relación con unos actos de protesta y condenado a cinco años de prisión en un juicio manifiestamente injusto. Los cargos en su contra hacen referencia a una protesta que las fuerzas de seguridad disolvieron con violencia el 16 de agosto de 2013, cuando Badr Mohamed contaba 17 años. Badr Mohamed, que fue inicialmente declarado culpable in absentia, fue nuevamente juzgado ante una sala de terrorismo del Tribunal Penal de El Cairo, tras su detención, el 11 de mayo de 2020. En el proceso, se violaron sus derechos a un juicio justo, incluidos sus derechos a una defensa adecuada, a la igualdad procesal, a ser juzgado ante un tribunal competente, independiente e imparcial, a interrogar a los testigos de cargo y a llamar a testigos de descargo. Durante las vistas judiciales, que comenzaron en junio de 2020, Badr Mohamed permaneció dentro de una vitrina de cristal, desde la cual no podía observar, oír ni hablar bien. También le prohibieron comunicarse con su representante legal antes del juicio y durante su transcurso. Su recurso de apelación está pendiente de resolución ante el Tribunal de Casación.

Badr Mohamed se encuentra recluido en la prisión Badr 1, tristemente célebre por sus inhumanas condiciones de reclusión. Sólo le permiten recibir breves visitas familiares una vez al mes, lo que le impide pasar suficiente tiempo con su hija, que nació una vez que él estaba recluido. La madre afirma que la ausencia del padre, por encontrarse injustamente recluido, ha repercutido en la salud mental de la niña. Con frecuencia, los guardias penitenciarios le niegan o retienen la correspondencia que intercambia con sus seres queridos y le prohíben hacer llamadas telefónicas. Se encuentra en una pequeña celda mal ventilada y sin luz natural, junto con otros 20 reclusos. Los presos soportan de manera ininterrumpida cámaras de vigilancia y luces fluorescentes, lo que les provoca dolores y sufrimientos intensos, y viola la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos. Además, Badr Mohamed se ha quejado de que las autoridades penitenciarias no les proporcionan ni a él ni a otros presos alimentación nutritiva ni agua potable en cantidad suficiente. Asimismo, las autoridades penitenciarias prohíben disponer de libros, papel, bolígrafos y ropa de abrigo adecuada. Estas condiciones penitenciarias perjudican la salud tanto física como mental de Badr Mohamed , y su familia ha comunicado que, durante su reclusión, ha adelgazado considerablemente. Badr Mohamed ha afirmado también sufrir deterioro de la visión, dolor de muelas e insomnio. Pese a ello, no ha tenido en ningún momento acceso a atención médica.

En vista de lo expuesto, lo insto a anular su sentencia condenatoria y su pena, ambas injustas, y a dejarlo en libertad, dado el carácter arbitrario de su reclusión. Hasta su puesta en libertad, se le deberá conceder acceso inmediato a su familia, a sus representantes legales y a la atención médica que pueda necesitar, y deberá ser recluido en condiciones acordes a las normas internacionales sobre el tratamiento de los reclusos.

Atentamente,

Información complementaria

Badr Mohamed fue detenido por las fuerzas de seguridad el 16 de agosto de 2013 —cuando tenía 17 años— en relación con las protestas de la plaza Ramsés. Amnistía Internacional documentó el empleo de fuerza excesiva contra manifestantes y transeúntes por la fuerzas de seguridad durante estas protestas, a consecuencia de lo cual murieron 97 manifestantes. Según la información recopilada por Amnistía Internacional, cuando estalló la violencia Badr Mohamed se encontraba en las proximidades de la plaza Ramsés y corrió a la cercana mezquita de Al Fath para ponerse a salvo. Las fuerzas de seguridad irrumpieron en la mezquita, donde decenas de manifestantes y transeúntes —muchos de ellos, heridos— quedaron atrapados, y detuvieron a Badr Mohamed junto a otras muchas personas. Según su expediente, al que ha tenido acceso Amnistía Internacional, Badr Mohamed fue identificado como sospechoso en la causa judicial 8615/2013 e interrogado por la fiscalía de Al Azbakeya el 19 de agosto de 2013, sin que estuviera presente ningún abogado o abogada. Badr Mohamed fue arbitrariamente recluido junto con personas adultas en la prisión de Wadi al Natron desde donde, tres meses más tarde, fue trasladado a un centro de detención para menores, hasta que quedó en libertad bajo fianza en noviembre de 2013. De conformidad con el derecho y las normas internacionales, la detención, la reclusión o el encarcelamiento de menores debe ser sólo una medida de último recurso, periódicamente revisada y aplicada durante el periodo más breve que proceda; y siempre que sea posible se deben buscar alternativas a la reclusión. Según sus familiares, tras haber quedado en libertad, Badr Mohamed ha sufrido trastorno de estrés post-traumático y ha vivido ocultándose por temor a ser de nuevo detenido. El 18 de agosto de 2017, Badr Mohamed fue condenado in absentia a cinco años de prisión por asesinatos de agentes de policía, intento de asesinato, “destrucción de bienes públicos”, “celebración de actos de protesta sin autorización”, “ataques a las fuerzas de seguridad” y “entorpecimiento de la labor de las instituciones nacionales”, entre otros cargos. Fue juzgado en un juicio colectivo manifiestamente injusto contra 494 personas acusadas, 43 de las cuales fueron condenadas a cadena perpetua, mientras que otras 399 —8 de ellas, menores de edad— fueron condenadas a penas de entre 5 y 15 años de cárcel. La sentencia, examinada por Amnistía Internacional, se basaba en gran medida en investigaciones y relatos de agentes de las fuerzas de seguridad y otros funcionarios del gobierno que actuaron en calidad de testigos oculares.

El 11 de mayo de 2020, durante el iftar (comida con la que se rompe el ayuno diario durante el Ramadán) las fuerzas de seguridad detuvieron a Badr Mohammed en presencia de su esposa, de nacionalidad austriaca. En julio de ese mismo año, fue remitido a una sala de terrorismo del Tribunal Penal de El Cairo para que fuera juzgado nuevamente. Según profesionales del derecho, todos los meses se detenía o se añadía a la causa judicial a nuevas personas acusadas, lo que retrasaba de manera considerable las actuaciones judiciales. A mediados de 2022, el presidente del tribunal desestimó las solicitudes de los abogados de llamar a testigos o volver a examinar pruebas. El nuevo juicio comenzó inicialmente en una sala judicial del complejo penitenciario de Tora y, más tarde, fue trasladado a otra sala judicial, en el interior del complejo penitenciario de Badr. El pasado 12 de enero, Badr Mohamed fue declarado culpable, entre otros cargos, de “participación en una concentración ilegal”, "demostración de fuerza en relación con el delito de asesinato premeditado”, “intento de asesinato”, “destrucción de bienes públicos”, “tentativa de empleo de explosivos y posesión de armas de fuego y cuchillos”, y condenado a cinco años de prisión. De manera similar a lo ocurrido cuando se dictó la sentencia inicial, en agosto de 2017, el presidente del tribunal se basó en informes secretos facilitados por las fuerzas de seguridad, a los que no tuvieron acceso ni las personas acusadas ni sus representantes legales, y en los testimonios que ofrecieron agentes de policía y otros agentes de seguridad o funcionarios gubernamentales en calidad de testigos. Los representantes legales de Badr Mohamed objetaron que no se había presentado ninguna prueba material en relación con la presunta participación de su cliente en protestas ni en actos violentos. Asimismo, comunicaron a Amnistía Internacional que el tribunal había desestimado las declaraciones de testigos de la defensa, que negaban la participación de Badr Mohamed en las protestas. Ambos juicios contra Badr Mohamed se celebraron ante unas salas judiciales especiales, conocidas como salas de terrorismo, que se crearon en 2014 para juzgar a personas implicadas en actos de protesta contra el gobierno. Estas salas han condenado a centenares de personas a muerte, a cadena perpetua o a prolongadas penas de prisión tras juicios colectivos manifiestamente injustos. La creación de estas salas es una de las medidas que las autoridades egipcias han tomado desde 2013 para socavar la independencia del poder judicial y que, en términos prácticos, han convertido los tribunales en instrumentos de represión contra adversarios reales o supuestos del gobierno. Pese a la reactivación del Comité de Indultos Presidenciales, en abril de 2022, y la apertura de un Diálogo Nacional, el pasado mes de mayo, las autoridades egipcias siguen deteniendo a adversarios reales o supuestos, mientras que otros miles de personas son recluidas de manera arbitraria por el simple ejercicio de derechos humanos tras juicios manifiestamente injustos o sin fundamento jurídico.

Desde febrero de 2023 han aumentado los motivos de preocupación relativos a las inhumanas condiciones de reclusión del complejo penitenciario de Badr, dada la aparición de cartas de personas presas que apuntan a la práctica descontrolada de la tortura y de otros malos tratos, tales como la negación deliberada de atención médica, la exposición a frío extremo, la videovigilancia permanente y la exposición a luces brillantes las 24 horas. Dichas cartas de personas presas describen un panorama aterrador de gente hambrienta recluida en régimen de aislamiento, cuya desesperación ante las injusticias sufridas durante años ha dado lugar a intentos de suicidio y huelgas de hambre. Durante una vista judicial para la renovación de su detención, celebrada el pasado 13 de marzo, los presos denunciaron haber sido desnudados por completo y golpeados.

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: Árabe

También pueden escribir en su propio idioma.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 16 de septiembre de 2023

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional en su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Badr Mohamed (masculino)

Fotografía: Pixabay