La Rada, que surgió en 2012 bajo el mando de Abdel Raouf Kara como una de las milicias más poderosas y temidas del oeste de Libia, ha sido integrada en las instituciones del Estado por sucesivos gobiernos sin que se haya llevado a cabo investigación alguna para apartar a quienes son razonablemente sospechosos de cometer crímenes de derecho internacional y otras violaciones de derechos humanos

Farouq Alsqidig Abdulsalam Ben Saeed, fiscal militar, se encuentra en situación de desaparición forzada desde que unos hombres armados que vestían ropas de civil lo secuestraron en una calle de Trípoli el 26 de junio. Su familia presentó denuncias ante la policía y la fiscalía, pero no recibió información sobre su suerte y paradero. Según informes fidedignos, está retenido por el Aparato de Disuasión para la Lucha contra el Terrorismo y la Delincuencia Organizada, milicia respaldada por el Estado y conocida por cometer graves violaciones de derechos humanos, como tortura y otros malos tratos, lo que hace temer por su seguridad y bienestar. Amnistía Internacional pide a las autoridades libias que revelen inmediatamente su suerte y paradero.

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO

Presidente del Consejo Presidencial de Libia/President of the Presidential Council of Libya

Mohamed Yunus Al-Menfi

Tripoli, Libia

Facebook: PCmedia.ly; Twitter: @LPCLYM

Correo-e [a través de Najwa Wheba, portavoz del Consejo Presidencial de Libia]: n.wheba@lpc.gov.ly

Señor Presidente:

Me preocupa la desaparición forzada de Farouq Alsqidig Abdulsalam Ben Saeed (en adelante, Farouq Ben Saeed), fiscal militar de 52 años, desde su secuestro el 26 de junio en Trípoli, la capital libia, según informes fidedignos de que está retenido por el Aparato de Disuasión para la Lucha contra el Terrorismo y la Delincuencia Organizada (conocido como Rada), una poderosa milicia que opera bajo la supervisión del Consejo Presidencial del Gobierno de Unidad Nacional.

Amnistía Internacional ha sabido que, a las 19.00 horas del 26 de junio, tres hombres armados vestidos con ropas de civil detuvieron a Farouq Ben Saeed y a sus dos hijos, de 13 y 9 años, en el barrio de Al Bivio, en Trípoli. Los hombres armados, que se negaron a mostrar una orden de detención y a explicar los motivos del arresto, obligaron a Farouq Ben Saeed y a sus hijos a subir a un vehículo (que la familia identificó como un Kia Sportage de 2012) y se marcharon. Dos horas después, los niños regresaron y comunicaron a la familia que los tres habían sido trasladados a la prisión de Mitiga, situada dentro del complejo del aeropuerto internacional de Mitiga y bajo control de la Rada. Teniendo en cuenta las constantes bien documentadas de que la milicia Rada comete crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de derechos humanos —como desapariciones forzadas, homicidios ilegítimos, tortura y otros malos tratos así como detenciones arbitrarias prolongadas con impunidad—, se teme seriamente por su seguridad y bienestar, en particular debido a su delicado estado de salud, ya que sufre complicaciones derivadas de una bronquitis crónica.

En los días siguientes a su secuestro, los familiares de Farouq Ben Saeed presentaron denuncias en la comisaría de policía del distrito de Souq Al Jumaa y en la oficina del fiscal general, Al Siddiq Al Sour, pero no han recibido información sobre su suerte o paradero. Según la información de que dispone Amnistía Internacional, el fiscal no ha pedido que Farouq Ben Saeed comparezca ante la fiscalía para ser interrogado. La familia dijo que el fiscal militar, Masoud Rahouma, les informó de que su oficina no puede intervenir hasta que la Rada le notifique oficialmente la detención. La familia no tiene información sobre los cargos que se le imputan y temen que esté en el punto de mira por motivos políticos, como negarse a cooperar con la milicia Rada o a seguir sus instrucciones.

Le pido que garantice que se comunique inmediatamente la suerte y el paradero de Farouq Ben Saeed, que se le proteja de la tortura y otros malos tratos y que se le ponga de inmediato en libertad. Si está acusado de un delito internacionalmente reconocible, debe ser llevado sin demora ante las autoridades judiciales competentes y juzgado en un procedimiento conforme a las normas internacionales sobre juicios justos. Hasta que quede en libertad debe tener acceso inmediato a su familia, a asistencia letrada y a asistencia médica adecuada.

Atentamente,

Información complementaria

La Rada, que surgió en 2012 bajo el mando de Abdel Raouf Kara como una de las milicias más poderosas y temidas del oeste de Libia, ha sido integrada en las instituciones del Estado por sucesivos gobiernos sin que se haya llevado a cabo investigación alguna para apartar a quienes son razonablemente sospechosos de cometer crímenes de derecho internacional y otras violaciones de derechos humanos. En 2018, el Gobierno de Acuerdo Nacional, por entonces el gobierno de Libia reconocido internacionalmente, aprobó el decreto n.º 555/2018 por el que integraba a la milicia Rada en una fuerza de seguridad de nueva creación bajo el nombre de Aparato de Disuasión para Combatir el Terrorismo y el Crimen Organizado (DACTO por sus siglas en inglés). El Decreto n.º 578/2020 del Consejo Presidencial del Gobierno de Unidad Nacional otorgó al DACTO más poderes para aplicar la política de seguridad del Estado, luchar contra la delincuencia organizada y el terrorismo y detener a personas sospechosas. Las autoridades asignaron 140 millones de LBD (29,5 millones de USD) a la Rada en el presupuesto de 2022, lo que afianzó aún más su poder y los alentó a seguir cometiendo graves violaciones de derechos humanos con impunidad. La milicia Rada controla el único aeropuerto internacional operativo de Trípoli y su mayor prisión, ambos dentro de la base de Mitiga. Según el Ministerio de Justicia libio, que oficialmente supervisa la prisión de Mitiga, el 26 de diciembre de 2022 había 2.315 personas recluidas en ella. Sin embargo, según estimaciones independientes, incluidas las de grupos de derechos humanos, hay más de 4.000 personas retenidas por la Rada, muchas de las cuales nunca fueron acusadas ni juzgadas formalmente y están recluidas en secciones de la prisión bajo el control de la milicia Rada, en concreto en la tristemente célebre sección de Al Naqliya. Amnistía Internacional, otras organizaciones de derechos humanos y organismos de la ONU han documentado e informado sistemáticamente sobre crímenes de derecho internacional y otras violaciones de derechos humanos cometidas por la Rada. En su informe final, publicado en marzo de 2023, la Misión Independiente de Investigación sobre Libia constató que seguía sin remitir una constante de graves violaciones del derecho internacional de derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas por la Rada. Además, la Misión Independiente de Investigación sobre Libia documentó “la prevalencia de los actos subyacentes de crímenes de lesa humanidad en el complejo de detención de Mitiga, en Trípoli, controlado por Radaa”. Según la misión, [h]ay motivos razonables para creer que se malversaron fondos públicos gubernamentales en los centros de detención del complejo aeroportuario de Mitiga y que los beneficios económicos ilícitos incentivaron la detención arbitraria como herramienta de opresión y represión”.

Amnistía Internacional ha obtenido copia de un documento oficial filtrado que indica que, el 23 de diciembre de 2022, el comandante de la Rada, Abdel Raouf Kara, dirigió una carta a la fiscalía militar en la que acusaba a 17 miembros de esa fiscalía, entre ellos el fiscal Farouq Ben Saeed, de “manipular” casos relacionados con la seguridad. Algunas acusaciones se refieren a la supuesta negativa de los fiscales a cooperar con la Rada. En la carta también se criticaba a algunos fiscales por oponerse al uso de la tortura y otros malos tratos que practica la Rada para obtener “confesiones” forzadas. El documento hace constar lo siguiente en relación con una persona detenida y recluida en la prisión de Mitiga: “El fiscal militar se hizo pasar por médico al afirmar en sus informes que había examinado visualmente a la persona acusada y confirmaba que había sido golpeada y torturada; se confió en su examen visual e ignoró el informe del médico forense especializado”. Abdel Raouf Kara terminaba su carta pidiendo al fiscal militar que “[tomara] medidas urgentes y rápidas, ya que [la manipulación de casos relacionados con la seguridad] es una clara violación de la ley, y no hay un seguimiento de los procedimientos de enjuiciamiento por parte del tribunal militar, con el fin de obtener un castigo justo para los acusados”. A Amnistía Internacional le preocupa la cooperación entre la fiscalía militar y el DACTO en las investigaciones sobre presuntos delitos, incluidos los homicidios ilegítimos perpetrados por el grupo armado Al Kaniat en Tarhouna hasta su derrota y retirada de la ciudad en junio de 2020. En virtud del derecho y las normas internacionales, el poder judicial militar no debe tener jurisdicción sobre los delitos de derecho internacional y las violaciones de derechos humanos cometidos por personal militar o funcionarios de seguridad. El uso de tribunales militares debe restringirse a juzgar a personal militar por infracciones de la disciplina militar y nunca deben utilizarse para juzgar a la población civil. Además, Amnistía Internacional ha recibido información fidedigna sobre personas bajo sospecha que han sido sometidas a tortura y otros malos tratos por milicianos de la Rada en presencia de fiscales militares.

En un clima de profundo estancamiento y polarización política en Libia, sin que se hayan fijado nuevas fechas para las elecciones parlamentarias y presidenciales previstas inicialmente para diciembre de 2021, milicias y grupos armados de todo el país ejercen un control de facto sobre amplias zonas del territorio libio, instituciones e infraestructuras vitales, y detienen arbitrariamente a miles de personas por ejercer sus derechos humanos, sin base legal o tras procedimientos manifiestamente injustos, incluso ante tribunales militares. Amnistía Internacional lleva mucho tiempo documentando agresiones contra profesionales de la abogacía y la judicatura en Libia, que repercuten negativamente en el Estado de derecho y en el derecho de las familias de las víctimas y los supervivientes de violaciones de derechos humanos a pedir justicia y reparación en Libia.

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: árabe e inglés

También pueden escribir en su propio idioma.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 18 de septiembre de 2023

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional en su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Farouq Alsqidig Abdulsalam Ben Saeed (masculino)

Fotografía: Pixabay