Para las organizaciones es necesario resaltar y enfatizar que las conversaciones en Bogotá deben honrar las iniciativas de justicia y compromisos internacionales e incluso propiciar que las partes se comprometan a impulsar estos mecanismos para que las víctimas y la sociedad venezolana puedan acceder a verdad, justicia, reparación y se garantice la no repetición de estos hechos

Bogotá, 24 de abril de 2023

Estimado presidente de la República de Colombia Gustavo Petro

Ref.: Cumbre de Bogotá

Reciba un cordial saludo de las organizaciones de derechos humanos internacionales abajo firmantes, quienes han acompañado a la sociedad civil y a víctimas y sobrevivientes de violaciones de derechos humanos en Venezuela y abogado por el respeto y la protección de los derechos humanos en este país ante la crisis que atraviesa.

Nuestras organizaciones saludan su convocatoria a la llamada “Cumbre de Bogotá” esperando que sea un espacio fructífero para tratar temas que aquejan a la población en Venezuela. En ese sentido, consideramos que es imprescindible que en este espacio se tomen en consideración aspectos en torno a la garantía y protección de los derechos humanos y a la justicia por casos de violaciones de los derechos humanos que incluso se han catalogado como posibles crímenes de lesa humanidad.[1]

También saludamos los esfuerzos públicos de su gobierno, para que Venezuela retorne y regularice su situación frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos que necesariamente incluye el cumplimiento de buena fe de todas las obligaciones contraídas en virtud de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respecto de los informes de la Comisión y las sentencias de la Corte Interamericanas, algunas en incumplimiento desde 2004. Su excelencia, conoce de primera mano el impacto positivo que los sistemas internacionales de protección de derechos humanos han tenido en favor de víctimas en Colombia; y muy especialmente el efecto del Sistema Interamericano.

Frente a la realización de la Cumbre de Bogotá, las organizaciones firmantes nos permitimos hacer las siguientes consideraciones:

1. Es indispensable que las conversaciones que puedan suscitarse en Bogotá para buscar soluciones a las distintas crisis que se viven en Venezuela, tengan un enfoque en el cumplimiento de las múltiples recomendaciones emitidas por diversos organismos internacionales para mejorar la situación de garantía y protección de estos derechos. Estas recomendaciones[2] entre otros, deben ser un baremo primordial para medir las mejoras que las autoridades venezolanas puedan implementar en el futuro y cualquier conversación sobre gobernabilidad en Venezuela debe ir de la mano con estas recomendaciones.
2. Consideramos fundamental que las conversaciones de Bogotá procuren que Venezuela recorra el camino hacia el restablecimiento del Estado de Derecho como elemento esencial para superar la crisis de derechos humanos que atraviesa desde hace años. En este aspecto resulta de especial relevancia restaurar la independencia judicial formal y materialmente como ha indicado en numerosas sentencias la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
3. Una constante entre las recomendaciones emitidas por organismos internacionales de derechos humanos es el carácter fundamental e innegociable de la lucha contra la impunidad en Venezuela. La Misión Internacional e Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas ha profundizado sobre la responsabilidad de los órganos de justicia venezolanos en la comisión de posibles crímenes de lesa humanidad,[3] y en la ausencia de investigaciones independientes, imparciales y exhaustivas sobre violaciones de derechos humanos en este país.[4]  La impunidad existente en Venezuela ante estas atrocidades ha provocado una investigación por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional[5] con la cual los Estados están llamados a cooperar.

Para las organizaciones es necesario resaltar y enfatizar que las conversaciones en Bogotá deben honrar las iniciativas de justicia y compromisos internacionales e incluso propiciar que las partes se comprometan a impulsar estos mecanismos para que las víctimas y la sociedad venezolana puedan acceder a verdad, justicia, reparación y se garantice la no repetición de estos hechos.

4. Es fundamental que se concrete la liberación de las personas detenidas por motivos políticos en Venezuela. En la actualidad se estiman alrededor de 300 personas detenidas arbitrariamente y cuyos procesos penales tienen motivación política,[6] la liberación de estas personas conforme al derecho internacional, debe considerarse un acto de buena fe e indispensable en el planteamiento de cualquier discusión sobre el futuro de Venezuela y también debe plantearse como una medida urgente para desactivar los mecanismos de persecución que impiden un ejercicio cabal de los derechos de libertad de opinión, de expresión, de reunión y asamblea pacífica, entre otros derechos políticos imprescindibles para la democratización del contexto venezolano. 
5. Consideramos de vital importancia que se inicie el desmantelamiento de la represión y de mecanismos disuasorios o que obstaculicen el ejercicio de derechos humanos. En los últimos años en Venezuela no sólo las personas con diferencias de opinión a las autoridades, o que son percibidas como tal, han sido atacadas y criminalizadas por el gobierno. También quienes defienden derechos humanos o brindan asistencia humanitaria en medio de la emergencia humanitaria compleja, de la que miles de personas huyen diariamente saliendo del país son víctimas de persecución. Ejemplo de ello es la detención arbitraria desde el 2 de julio de 2021 de Javier Tarazona, defensor de derechos humanos, preso de conciencia y director de FUNDAREDES.[7]

Varias iniciativas legislativas para imponer nuevos controles en la actividades de la sociedad civil[8] han despertado alarmas en actores naciones e internacionales,[9] en virtud del alto riesgo y precariedad legal en la que quedarían las organizaciones de sociedad civil, que podrían ser fácilmente ilegalizadas y criminalizadas debido al amplio margen discrecional -en manos de una autoridad administrativa- y a los requisitos exorbitantes que se incluyen en los proyectos que actualmente reposan en la Asamblea Nacional.

Estas propuestas legislativas que limitan la defensa de derechos humanos deben ser desechadas en el marco de las conversaciones que su país está propiciando y como una garantía para el ejercicio de la libertad de asociación y de otros derechos humanos.

Si bien entendemos las complejidades de establecer una agenda política común en Venezuela, pedimos las recomendaciones de organismos internacionales en materia de derechos humanos sean necesariamente incorporadas a la discusión en Bogotá. En particular consideramos que el carácter innegociable de las iniciativas de justicia, verdad y reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos en el país; la liberación de las personas detenidas arbitrariamente y el fin de las amenazas al espacio cívico y la defensa de derechos humanos, deben ser elementos centrales, separados de cualquier idea de dilemas ideológicos,  y deben forjarse como columna vertebral de las conversaciones en cualquier otro espacio de diálogo para superar la crisis en Venezuela.

Quedamos a su atención de ser necesario profundizar en algún aspecto de esta comunicación en el correo: s.america2@amnesty.org

Saludos cordiales,

Amnistía Internacional

Comisión Internacional de Juristas

Global Centre for the Responsibility to Protect (GCR2P)

International Service for Human Rights (ISHR)

Washington Office on Latin America (WOLA)